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El proyecto incorporaría a Puerto Rico como territorio y crearía un Grupo de Trabajo que propondría al próximo Congreso los términos de la admisión de la isla como estado. (GFR Media)

Washington - La legislación proestadidad de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, fue presentada en la Cámara baja federal con el coauspicio de 37 legisladores.

El proyecto, que incorporaría a Puerto Rico como territorio y crearía un Grupo de Trabajo que propondría al próximo Congreso los términos de la admisión de la isla como estado, tiene el apoyo de 22 republicanos y 15 demócratas.

Entre los coautores están los boricuas Raúl Labrador, republicano por Idaho, Darren Soto, demócrata por Florida, y José Serrano, demócrata por Nueva York.

El presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), es el principal coauspiciador. Luego están el ex presidente de ese comité, Don Young (Alaska), y el presidente del Subcomité de Asuntos Insulares, Doug LaMalfa (California), también republicanos.

Los otros republicanos que apoyan la medida son Peter King (Nueva York), Don Bacon (Nebraska),  Sean Duffy (Wisconsin), Tom MacArthur (Nueva Jersey), Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Jeff Denham (California), Elise Stefanik (Nueva York), Jim Banks (Indiana), Ted Yoho (Florida), Ryan Costello (Pensilvania), Claudia Tenney (Nueva York), David Trott (Michigan), Scott Taylor (Virginia), Ron DeSantis (Florida) y  los cubanoamericanos de Florida Mario Díaz Balart, Carlos Curbelo y Ileana Ros Lehtinen, y la delegada de Samoa, Amata Coleman.

Los otros demócratas que son coautores del proyecto son Stephanie Murphy (Florida), Don Beyer (Virginia), Gene Green (Texas), Debbie Wasserman Schultz (Florida),  Juan Vargas (California), James McGovern (Massachusetts), Jamie Raskin (Maryland), Joyce Beatty (Ohio), Elizabeth Esty (Connecticut), Anthony Brown (Maryland), y los delegados de las Islas Marianas, Gregorio Kilili Camacho, de las Islas Vírgenes estadounidenses, Stacey Plaskett, y Guam, Madeleine Bordallo.

La legislación se enfrenta a las dudas que genera la baja participación del plebiscito de 2017, el corto período de sesiones que le queda al Congreso en 2018,  la exclusión del debate de status de la agenda del Senado, y  la reticencia que ha mostrado el presidente Donald Trump en torno a la propuesta de estadidad.

El proceso hacia la admisión de Puerto Rico como estado lo deja en manos de un Grupo de Trabajo de nueve miembros, ocho designados por el liderato legislativo (cuatro de la Cámara baja y cuatro del Senado), que deberá rendir en un plazo de 13 meses un informe al Congreso sobre cómo las leyes que no aplican al territorio de Puerto Rico o se hacen vigentes en la isla de forma diferente a los estados, deben ser “enmendadas o eliminadas” para permitir la transición hacia el trato igual de Puerto Rico, con los estados, efectivo el 1 de enero de 2021.

También deberá informar al Congreso sobre potenciales medidas económicas para asistir a Puerto Rico en la transición, ofrecer “flexibilidad en la entrada de los programas federales” y el desarrollo de la economía territorial por medio de “incentivos, arreglos contributivos y otras medidas”.

La legislación requiere, además, proponer reglas y fechas para elecciones a puestos federales en la isla, y estudiar el efecto de agregar quizá cinco congresistas a la Cámara baja federal. A menos que se aumente por ley de 435 a 440 el total de escaños en la Cámara baja, cinco estados pudieran perder representación con la admisión de Puerto Rico como estado.

Teniendo en cuenta que un Congreso no puede amarrar a otro, el proyecto de ley establece que la ratificación de la legislación supondría “la intención del Congreso de aprobar legislación a base del informe final del Grupo de Trabajo”.


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