El representante Víctor Torres González. (GFR Media) (semisquare-x3)
El representante Víctor Torres González. (GFR Media)

El representante penepé por el distrito 23, Víctor Torres González, enfrenta desde el 12 de abril una querella ética por mantener inalterado un contrato de asesoría con un abogado desaforado, Héctor Díaz Vanga.

Torres González representa en la Cámara de Representantes a Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce,

La querella fue presentada por José "Cheíto" Rivera Madera, quien pretende retar a Torres González en las elecciones del 2020. Torres González contrató a Díaz Vanga como asesor legislativo en julio del año pasado a razón de $21,000, pero ha sido enmendado en varias ocasiones hasta totalizar $47,999.70. Una de esas enmiendas ocurrió luego que Díaz Vanga fuera notificado por el Tribunal Supremo que había sido desaforado.

Entre las tareas de Díaz Vanga figuran realizar “análisis jurídico y jurisprudencial sobre legislación”, según se dispone en su contrato.

Se alega en la querella, en poder de El Nuevo Día y notarizada por el abogado Juan Pelegrín Rivera Román, que Torres González violó varios incisos del artículo 4 (Normas de Conducta) del Código de Ética de la Cámara al fallar en la correcta supervisión de un empleado o contratista, en este caso Díaz Vanga, quien está desaforado desde el 14 de diciembre e impedido de ofrecer la citada asesoría legal.

De hecho, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, enfrentó una situación similar con Díaz Vanga al también mantenerlo bajo contrato para realizar análisis jurídico y jurisprudencial, pero reza en la querella que dicho contrato con el presidente cameral sí fue enmendado -aunque manteniendo el mismo monto y tardíamente- para que solo realizara análisis dirigido a “redactar medidas y reglamentos”.

“Víctor Torres González tenía que haber advenido en conocimiento de la sentencia contra el Sr. Díaz Vanga entre el 14 de diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019 ya que la orden del tribunal expresamente dictaminaba que el Sr. Díaz Vanga tenía que informar a todos sus clientes en ese periodo de tiempo”, lee la querella ética.

Al día de hoy, Torres González no ha enmendado el contrato con Díaz Vanga, lo que supone, según el querellante, que no ha ejercido su cargo con “diligencia y eficiencia”, según lee el inciso B del artículo 4 del Código de Ética.

“La lentitud, inacción e ineptitud son contrarias a lo dispuesto en el referido código”, sostiene Rivera Madera en la querella.

Torres González ha dicho en una entrevista televisada ("Jay y sus Rayos X") que Díaz Vanga no le da asesoría legal, sino “asesoría legislativa”. Ha dicho que las querellas en contra de su contratista son un “asunto personal” y ha defendido la calidad de su trabajo.

Según el querellante, Torres González también viola el inciso C del artículo 4 del Código de Ética de la Cámara al fallar en mantener una conducta apropiada que “mantenga la imagen apropiada y el respeto público que merece la Asamblea Legislativa”. Según Rivera Madera, al Torres no atender el asunto con premura relacionado a su contratista, mancha el nombre de la Cámara baja.

Igualmente, según Rivera Madera, Torres viola el inciso F del artículo 4 del Código de Ética al no hacer valer una orden de un Tribunal de Justicia. El querellante se refiere a cómo Torres hizo caso omiso a la resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico desautorizando a Díaz Vanga de ofrecer asesoría legal al no enmendar el contrato que había suscrito con el abogado.  

“Han pasado 85 días desde el 14 de enero de 2019 sin que el Víctor Torres González haya hecho nada por corregir o enmendar lo dispuesto en el contrato”, sostiene Rivera Madera en la querella, “en atención a la sentencia del Tribunal Supremo, por lo que su conducta de lenidad raya en la temeridad hacia nuestro alto foro judicial”.

Finalmente, Rivera Madera le imputa a Torres González violar el inciso G del artículo 4 del Código de Ética en lo que concierne al buen uso de fondos públicos al permitir que Díaz Vanga continuara facturando a base de un contrato que le permite ofrecer servicios legales “que expresamente están prohibidos”.

Espero que la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes sea diligente en este asunto y aplique el debido proceso reglamentario al representante. Víctor Torres ha actuado de manera irresponsable y temeraria afectando la imagen de ese cuerpo legislativo. Los asuntos de sus contratistas no son personales, son administrativos y en este caso no se han protegido los mejores intereses de la Cámara, del presupuesto de la oficina que representa a nuestro Distrito y mucho menos el buen uso de fondos del pueblo de Puerto Rico. Espero se haga justicia”, dijo Rivera Madera.

¿Por qué fue suspendido?

Según la sentencia del Tribunal Supremo, Díaz Vanga fue suspendido de la práctica de la abogacía, “por ignorar las órdenes que le hemos dado con relación a los tres asuntos”.

Díaz Vanga, quien ha tenido contratos con el Municipio de Manatí, ya había sido amonestado por el alto foro en el 2011 por violar tres cánones del Código de Ética Profesional.

En una querella, se menciona como Díaz Vanga ignoró llamadas telefónicas de una cliente que representaba en un caso de herencia. Incluso, cerró su oficina y se negó a entregarle el expediente del caso.

Se revela en la sentencia, relacionada con la querella presentada en agosto de 2017 por Haydee Reyes Rivera, que Díaz Vanga también ignoró peticiones de información de la Oficina del Procurador General en torno al mismo tema y que eventualmente contestó, pero fuera de término. Luego del fallo de la Oficina del Procurador General, el querellado no entregó el expediente del caso a la mujer.

La segunda querella contra Díaz Vanga fue presentada, el 5 de marzo del año pasado, por Rafael Menéndez Maldonado, quien alegó que contrató al abogado para un caso de divorcio, pero nunca emplazó a la otra parte, no acudió a las vistas, no lo mantuvo informado sobre el avance del caso y tampoco le quiso entregar copia del expediente, violando una orden del Tribunal de Primera Instancia.

La tercera querella fue presentada el 10 de septiembre del año pasado por Alfonso Uri Ramos, quien sostiene que contrató a Díaz Vanga, en el 2013, para someter una querella ante la Comisión Apelativa del Servicio Público contra el Municipio de Guaynabo.

Pese a que Díaz Vanga le indicó a su cliente que los casos “tomaban tiempo”, el querellante recibió una notificación en febrero de 2018 que el caso sería archivado por “falta de trámite desde el 2014”.

Díaz Vanga no contestó peticiones de información de la subsecretaria del Tribunal Supremo.

El alto foro judicial concluyó que Díaz Vanga violó el canon 9, que rige la conducta de respeto a ser observada ante los tribunales.

“El patrón de incumplimiento con nuestras órdenes que el licenciado Díaz Vanga ha desplegado a lo largo de estos tres procesos en su contra es un grave desafío a la autoridad de este Tribunal y una clara violación del mandato del Canon 9”, reza la sentencia.


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