Luz A. Silva Torres es una química forense en el NCF. (Suministrada)

El Senado dio paso hoy al interinato de Luz A. Silva Torres como comisionada del Negociado de Ciencias Forenses (NCF).

Según se dispone en el Código Político, al ser un nombramiento realizado en plena sesión legislativa, Silva no hubiera podido ocupar el cargo hasta ser confirmada por el Senado. 

Silva Torres es una química forense en el NCF.

También se aprobó, por la vía del descargue, el Proyecto del Senado 1364 que establece como política pública la concesión de usufructos a favor de los municipios sobre propiedades del Estado en desuso. Dispone la medida que los ayuntamientos tendrán "prioridad" en obtener propiedades destinadas para el bien común. Se establece que las propiedades que no puedan ser transferidas libre de costo a los municipios serán cedidas en usufructo.

El usufructo es el derecho por el que una persona puede usar los bienes de otra y disfrutar de sus beneficios, con la obligación de conservarlos y cuidarlos como si fueran propios.

En la medida del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, también se dispone que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles, creado con la ley 26-2017, transferirá libre de costo o cederá en usufructo a los municipios las propiedades en desuso para las cuales no haya publicado un proceso u oferta de compraventa o arrendamiento. El usufructo tendría un término no menor de 20 años ni mayor de 50 años. 

El martes, el gobierno reconoció que no posee un inventario de las estructuras públicas que estaban en desuso previo al año 2017. Se informó que entre 2017 y 2018 se declararon 365 planteles en desuso, y 275 han sido reclamados por organizaciones sin fines de lucro o empresas privadas.

La medida de Rivera Schatz ordena al comité a publicar en la página de internet de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) las propiedades que están en desuso y disponibles para la venta o alquiler y las ofertas que se han recibido. 

De otra parte, se aprobó por descargue la Resolución Conjunta del Senado 410 quedecreta un estado de emergencia en el Cementerio Municipal de Lares, ordenando la exhumación expedita de cadáveres y la remoción de ataúdes expuestos como consecuencia de deslizamientos provocados por el huracán María.

Dispone la resolución que todas las agencias concernidas tienen 20 días para otorgar los permisos necesarios. La pieza legislativa pasa ahora a la Cámara de Representantes.

Según la Exposición de Motivos, decenas de restos de personas siguen expuestos.  Se establece que el ayuntamiento tendrá dos años para identificar cadáveres y osamentas y reubicar estos restos en un lugar permanente dentro de un plazo de no más de cinco años. Sin embargo, no se precisa dónde se guardarán estos restos tras ser exhumados.

En la sesión de hoy, jueves, también se aprobó el Proyecto del Senado 1363, que es una copia del Proyecto del Senado 713, del senador novoprogresista Henry Neumann. El P. de la S. 713, igualmente de Neumann, fue vetado por el pasado gobernador Ricardo Rosselló Nevares a días de abandonar La Fortaleza.

El P. de la S. 713, entre otras cosas, ordenaba a la Junta de Licenciamiento y Disciplina de Médicos a sancionar a cualquier galeno que falle en llenar lo que se conoce como el encasillado 25 del registro de defunción. En ese encasillado el doctor tiene la obligación de anotar cualquier circunstancia que haya provocado la muerte de una persona. 

Según Neumann, la obligatoriedad de que se llene ese encasillado daría paso a un proceso de conteo de muertes más afectivo durante una emergencia. Pero, como alternativa, ordenó la creación de un nuevo formulario particular para atender el conteo de muertes durante emergencias, además de que creó un protocolo nuevo que incluía enviar el sumario médico o expediente del paciente al Negociado de Ciencias Forenses para el análisis correspondiente del patólogo.

El proyecto disponía multas de $500 o $1,000 a médicos que no cumplieran con el protocolo.

Al fundamentar su veto, Rosselló Nevares indicó que el Certificado de Defunción es la fuente de información primaria para recopilar estadísticas de mortandad. 

"Esta medida propone, entre otras cosas, crear un formulario particular para recopilar la información relativa a las muertes relacionadas a desastres naturales o eventos catastróficas. Esta práctica, de emplearse, podría afectar la data que se recopila para fines estadísticos que requieren la ley y las agencias federales, pues tendríamos dos prácticas de manera simultánea, complicando el manejo de la data. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades ya cuenta con guías para levantar estas estadísticas y entendemos que Puerto Rico debe seguirlas en los casos a los que se refiere el Proyecto del Senado Número 713", sostuvo Rosselló en una comunicación al Senado. 

El 27 de agosto, el Senado analizará la nueva versión de otra medida vetada por Rosselló Nevares: la Resolución Conjunta del Senado 360, que ordena al Departamento de la Vivienda a asignar parte de los fondos federales CDBG-DR a las comunidades del Caño Martín Peña, en San Juan, para la rehabilitación y construcción de las viviendas afectadas por el huracán María.


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