La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió esta tarde que la enmienda al proyecto es inconsistente con el entendimiento al que se llegó con el gobierno. (semisquare-x3)
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) advirtió esta tarde que la enmienda al proyecto es inconsistente con el entendimiento al que se llegó con el gobierno. (Teresa Canino)

El Senado aprobó esta tarde a viva voz el proyecto de administración que buscaba derogar la Ley 80 de Despido Injustificado, pero enmendado para que queden descubiertos de su aplicación sólo los empleados de nueva contratación.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a través de su portavoz José Luis Cedeño, advirtió en comunicación escrita esta tarde que la enmienda al proyecto, producto de un acuerdo entre el ente fiscal y el gobernador Ricardo Rosselló Nevares “es inconsistente con el entendimiento al que se llegó con el gobierno”.

Desde hace ya varios días el presidente del Senado, ThomasRivera Schatz, había advertido, tras inicialmente expresar su férrea oposición a la derogación de la Ley 80, que estaría dispuesto a enmendarla y votar a su favor si se disponía que su aplicabilidad fuera prospectiva, lo que finalmente se acordó en la tarde en un caucus de la mayoría.

La pieza también fue enmendada para que entre en vigor inmediatamente y no el 1 de enero del 2019, como estaba contemplada en la medida original.

Mientras, la Cámara de Representantes referirá mañana, tras una primera lectura, su propia versión del proyecto a la Comisión de Gobierno, dijo el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, quien insistió en que aún con la enmienda del Senado, se opone a la medida.

Rivera Schatz trajo a colación durante el debate la condición colonial del país que coloca en estado de "indefensión" a Puerto Rico y le recordó a la minoría popular los cambios en la Ley de Retiro, que describió como "derechos adquiridos", como la Ley 80. 

"Hoy vienen aquí con la fuerza de cara a esgrimir planteamientos cuando fueron gobierno", dijo.

Rivera Schatz defendió la enmienda a la Ley 80 al indicar que se busca "el balance" y "evitar un daño mayor".

"Procurar sacar del panorama esa pretención de que un trabajador por estar en el sector público o privado tengan más o menos derechos", dijo. "Que no haya incertidumbre ni en el gobierno ni en la empresa privada".

Rivera Schatz, entretanto, rechazó haber claudicado al sostener que no se derogó la Ley 80 y acusó a la JSF de poner a pelear a "puertorriqueño contra puertorriqueño" al condicionar el no alterar el bono de Navidad ni las licencias de vacaciones y días de enfermedad a cambio de su derogación.

"Fue un pedido de la Junta. Lo primero que hizo el presidente de la JSF fue no acudir aquí para defender la medida", dijo el presidente senatorial al decir que optó a reunirse a "escondidas" en alusión a su encuentro con el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez.

El líder senatorial dijo que el informe presentado por la JSF no tiene datos que evidencien el beneficio económico de la derogación de la Ley 80 y recordó como su directora ejecutiva, Natalie Jaresko, cobraría sobre $200,000 si es despedida. 

"No tienen autoridad moral para que le digan a un trabajador que renuncie a ese derecho", dijo.

Rivera Schatz dijo en su turno que lo que realmente se aleja al acuerdo que se alcanzó entre la JSF y Rosselló son las expresiones de Jaresko indicando que las licencias de enfermedad y vacaciones y el bono de Navidad no serán tocados por el próximo año fiscal y no por la duración del año fiscal.

"Carrión no desmintió a Jaresko", dijo el presidente del Senado.

Al defender su voto a favor de la medida, el senador novoprogresista Miguel Romero sostuvo que la posición “fácil” y “simpatiquísima” era derrotar la medida.

“Así quedábamos bien allá afuera únicamente con la opinión pública, pero quedar bien con la opinión pública no necesariamente es lo mejor para el pueblo de Puerto Rico”, dijo en su turno de debate.

Romero insistió en que la medida enmendada desafía las pretensiones de la JSF, que buscaba derogar y no enmendar la Ley 80.

“Tenemos que pensar en Puerto Rico y mantener la puerta del diálogo abierta”, insistió al recalcar que los ciudadanos con empleos actualmente siguen cobijados por la Ley 80.

“Queremos abrir el espacio para que esas acumulaciones, esa posibilidad de recibir mesada, permanezca”, dijo Romero al aludir a los poco más de 800,000 empleados del sector privado.

El novoprogresista Henry Neumann dijo que votaría a favor, pese a tener “un conflicto” con la medida, para darle el beneficio de la duda al acuerdo entre el gobernador y la JSF.

Para el portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, la legislación aprobada no tiene sentido.

“Es como quien dispara al cielo y no sabe dónde va a caer la bala”, afirmó al recordar que el Senado no cuenta con información, ni siquiera de la propia Junta de Supervisión Fiscal, que demuestra que la enmienda a la Ley 80 generará actividad económica.

“Una compañía va a contratar a un joven en el futuro, pero como lo bota cuando le da la gana, no va a entrenarlo y no van a invertir nada en ese empleado. Esto no tiene nada que ver con la deuda o con la quiebra. Es mala política pública”, dijo al señalar que ninguno de los senadores presentó la medida antes de ser discutida en el hemiciclo.

“No hay estadísticas que justifiquen este cambio. Están discriminando contra los jóvenes puertorriqueños y es inconstitucional’, afirmó.

El también popular Cirilo Tirado recordó como la férrea oposición del liderato senatorial, encabezado específicamente por su presidente Thomas Rivera Schatz, lo hizo recordar a un perro pitbull, “que ahora se convierte en chihuahua”.

“Ladran y ladran, pero no muerden”, agregó al acusar a la JSF y al poder ejecutivo de querer chantajear a los legisladores.

“En Puerto Rico hay 800,000 empleados en el sector privado. Son los hijos de ustedes, los nietos de ustedes”, dijo al observar a la mayoría penepé. "Se entregaron a la negociación del ejecutivo y la JSF".

“Esto es violencia institucional, violencia contra los trabajadores y contra los empleados del sector privado”, agregó.

“Con esta decisión fomentan la desigualidad social, los hombres y mujeres a partir de esta ley no van hacer iguales en el trabajo. Cuando llegue una mujer a buscar trabajo en etapa reproductiva o esté preñada, ¿qué va hacer el patrono? Va a buscar al hombre”.

El senador independentista Juan Dalmau Ramírez planteó, por su parte, que la medida aprobada hoy forma parte de una visión de la JSF que sólo promulga “medidas penalizantes”.

“No ha habido una sola medida en que hay un balance entre las cargas contributivas de empresa extranjeras, el pequeño y el mediano comerciante… todas las que ha impulsado la JSF surgen de la visión filosófica neoliberal”, dijo. “Es la virtud del egoísmo, promover que hay series humanos que que son superiores en si mismos y que no velan por otros intereses que no sean los propios”.

Dalmau Ramírez recordó cómo la medida también vulnera a los empleados de agencias de gobierno y corporaciones públicas en vías de ser privatizadas en la medida en que muchos se convertirán en empleados del sector privado, todos en nuevos empleos, no serían protegidos por la Ley 80.

“Este es el equivalente de la Ley 7 en el sector privado. Se abren las compuertas”, dijo al describir a la JSF como el gorila que utiliza el transporte público “y se sienta donde le da la gana”.

“Vamos a empeorar nuestra situación económica. Nos dirigimos a otra década perdida”. “Si aplica prospectivamente, le aplica a los más jóvenes, los nuevos empleos, los que se van del país”, agregó. “Esto es malo para el empleado, malo para el patrono, malo para la economía y malo para un país sediento de justicia azotado en el lomo por aquellos que enarbolan el egoísmo y la virtud”.

“Si cambias de trabajo pierdes la protección de la Ley 80, apuntó el también popular José Nadal Power. “Los economistas nos lo afirmaron en vistas públicas… donde se eliminan beneficios labores no se crean los empleos prometidos.

Para el senador independiente José Vargas Vidot, la medida “es reveladora en cuanto al tiempo que llevamos arrodillados y reveladora en cuanto a nuestro estatus (político)”, dio.

“Aún con las enmiendas al proyecto, todos los remedios, en todos, el peso de la prueba reside en la parte más frágil, el trabajador”, afirmó en alusión a una serie de leyes labores mencionadas en la exposición de motivos de la medida sobre varias leyes antidiscrimen como la que prohíbe el discrimen por raza, color, sexo, orientación sexual, entre otros causales.

"Esto producirá bienestar, claro, a la Milla de Oro", sostuvo.


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