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El senador republicano criticó la desorganización que considera abunda en el manejo de las finanzas locales. (horizontal-x3)
El senador republicano criticó la desorganización que considera abunda en el manejo de las finanzas locales. (GFR Media)

Washington - Aunque en ánimo de promover la legislación sobre Puerto Rico que acaba de presentar, el presidente del Comité de Finanzas del Senado federal, Orrin Hatch (Utah), ventiló ayer su decepción en torno al funcionamiento de la ley Promesa y la falta de transparencia del gobierno de Puerto Rico.

El republicano Hatch acudió al hemiciclo del Senado de Estados Unidos a destacar su proyecto de ley “Empoderamiento Económico de Puerto Rico del 2018”, presentado junto a su colega Marco Rubio (Florida), para tramitar recomendaciones hechas en un informe de 2016 por el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico, el cual presidió.

Su discurso era esperado desde el viernes. Pero, además de explicar las iniciativas principales de su proyecto, Hatch aprovechó para soltar sus frustraciones con las autoridades de la isla.

Por un lado, el senador -quien se retira en diciembre del Senado, pero aún controla los temas contributivos- denunció la falta de transparencia del gobierno de Puerto Rico, en cierta medida de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas de la isla, y defendió las restricciones federales en el acceso a fondos para mitigar el desastre causado por el huracán María.

También lamentó que no hayan avanzado las negociaciones voluntarias sobre la reestructuración de la deuda pública que se ordenaron bajo la ley Promesa y que el estatuto no haya evitado múltiples demandas entre los acreedores y el gobierno.

“La promesa de resoluciones de deuda voluntarias no se ha cumplido, incluso para un acuerdo de reestructuración entre los acreedores y la Autoridad de Energía Eléctrica, que había sido acordado por ambas partes”, subrayó.

El senador republicano recordó que desde 2015 ha reclamado los informes financieros auditados del gobierno de Puerto Rico y solo conoce que se hayan presentado hasta el año fiscal 2014.

“En mis más de 40 años en el Senado, siempre he sido un orgulloso defensor de la rendición de cuentas y la supervisión. Es por eso que apoyo una mayor transparencia en el gobierno puertorriqueño, así como en la JSF. También apoyo los esfuerzos federales en curso, incluidos los del Departamento del Tesoro, para monitorear de cerca los fondos federales provistos a Puerto Rico para desastres y otro tipo de ayuda. Como siempre, tenemos el deber para con los contribuyentes de proteger prudentemente sus dólares, que tanto les costó ganar, para que no sean canalizados hacia usos ineficientes o derrochadores”, indicó Hatch.

El político republicano aludió además a la súbita revelación que hiciera en diciembre el gobierno de Puerto Rico de que tenía casi $7,000 millones en decenas de cuentas bancarias. “Es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la contabilidad desorganizada e inconsistente continúa prevaleciendo en Puerto Rico, dañando la credibilidad del gobierno”, sostuvo.

A su vez, al hablar de las medidas que incluyó en su proyecto de ley 2873, Hatch cerró la puerta a revisar la ley de reforma contributiva federal para dar un trato preferente a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) con base en Puerto Rico, y a promover el acceso de los residentes de la isla al crédito tributario federal por ingresos devengados (EITC, en iglés).

Tanto el gobierno de Ricardo Rosselló como el sector privado aún demandan que se revise la reforma contributiva federal, con el objetivo de que se les otorgue un tratamiento especial a las CFC en Puerto Rico, ahora sujetas a un impuesto de 13.1% sobre su propiedad intelectual aun cuando no repatrien sus ganancias.

Hatch afirmó que no puede apoyar “los puntos de vista de algunos en Puerto Rico, incluidos funcionarios del gobierno, de que de alguna manera quedaron fuera de nuestros esfuerzos de reforma tributaria porque no recibieron una excepción especial que no estaba disponible para nadie más”.

Por medio de su proyecto de ley, Hatch propone reducir de 6.2% a 3.1%, durante 24 meses, la deducción por nómina del pago al Seguro Social, con la idea de que los trabajadores reciban un cheque más grande. La medida impulsa dar pleno acceso en Puerto Rico al reembolso por el crédito contributivo federal infantil, que puede ser de hasta $2,000 por dependiente, y que en la isla solo ha aplicado, por un error técnico, a los que tienen tres o más hijos.

La legislación también facilita el acceso a préstamos y beneficios de la Administración de Pequeños Negocios (SBA), y propone mejorar las estadísticas sobre la isla. Hatch dijo que sus medidas pueden representar una inyección económica de $3,500 millones para la isla.

Al hablar de la importancia de tener datos fiables, Hatch salió en defensa del Instituto de Estadísticas y dijo que está amenazado por “un esfuerzo mal concebido por parte del gobierno de Puerto Rico para hacer cambios significativos y potencialmente politizar el Instituto”.


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