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Los beneficios contributivos que daba la Sección 936 del Código de Rentas Internas federal robustecieron el sector de la manufactura en el país que en la recesión entre el 1972 y el 1975 perdió miles de empleos. No obstante, estos incentivos, desde su nacimiento tuvieron detractores en Washington que no se detuvieron hasta alcanzar su muerte.

Para entonces la manufactura ya se situaba como el motor principal de la economía puertorriqueña y los incentivos, al promover que los depósitos de las fábricas se mantuvieran en la banca local, también fortalecieron la industria financiera que expandió su influencia a través de la región caribeña.

 Había, sin embargo, tres problemas con los incentivos federales. El Departamento del Tesoro estadounidense estimaba que perdía una sustancial cantidad de recaudos, muchas empresas abusaban de las exenciones deduciendo aquí operaciones que correspondían al exterior y, debido al encarecimiento de la mano de obra puertorriqueña, no se creaba la cantidad de empleos como para justificar el beneficio. Precisamente, la justificación que se dio para la creación de la sección 936 era ayudar a reducir el costo de la manufactura en Puerto Rico de modo que se crearan más empleos. La sección 936 lograba esto al permitir repatriar las ganancias de las empresas en la Isla a sus matrices con amplios beneficios contributivos.

Rápidas modificaciones a la 936

Eliezer Curet Cuevas, en su libro Economía Política de Puerto Rico, explica que en los primeros años de vigencia de la sección 936, el Servicio de Rentas Internas estadounidense emitió una serie de cartas administrativas que restringían algunas prácticas en la contabilidad de las corporaciones. A inicios de la década de los 1980 se legislaron enmiendas a la sección, reduciendo la exención a las corporaciones. Para el 1984 se dio el primer intento de eliminar el estatuto, el cual fue combatido por la administración de  Carlos Romero Barceló y por el Partido Popular Democrático.

Motor económico

Para mediados de los 1980, la economía se mostraba en constante crecimiento. Había incrementos anuales en las inversiones que se hacían en Puerto Rico y el gobierno buscaba atraer capital de otras partes del mundo, especialmente de España, en un intento por mejorar la producción.

Los problemas del gobierno, que implicaron un aumento en la deuda, tenían su raíz en las deficiencias presupuestarias de las corporaciones públicas, según escribió Curet Cuevas. En este segundo periodo como gobernador  (1985-1992) Rafael Hernández Colón fue más efectivo manejando la deuda. En ocho años añadió $5,129 millones a la deuda pública. En el 1992, según la Junta de Planificación la deuda consolidada de Puerto Rico era $13,822 millones. Esta cifra representaba el 53% del Producto Nacional Bruto.

“La ventaja de la sección 936 fue el motor de la economía... Cuando sumaseran $18,000 millones (los depósitos de las fábricas 936) que estaban en la economía financiando actividad comercial. La economía floreció”, explicó Arturo Carrión, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Bancos. 

Otros intentos contra la 936

En el 1993 se presentó una nueva legislación proponiendo la eliminación de la sección. En cambio, se proponía un incentivo por los empleos creados por las empresas. La administración del entonces gobernador Pedro Rosselló combatió y derrotó la medida congresional. En ese momento el Congreso solo logró legislar para reducir nuevamente los beneficios de la sección.

Lucha ideológica

 Héctor Luis Acevedo señaló que ideológicamente el Partido Nuevo Progresista (PNP) veía incompatible la sección 936 con la estadidad puesto que implicaba un beneficio contributivo particular para la Isla, lo que iba en contra del principio constitucional de uniformidad tributaria. Además, existían teorías que proponían la destrucción económica del Estado Libre Asociado para aumentar la dependencia federal y motivar el voto estadista.

El fin de una era

La sentencia a muerte de la sección llegó en el 1996. En esa ocasión no hubo una medida sustituta que corrigiera las deficiencias de la 936. Simplemente se eliminaban los incentivos en un periodo de 10 años. Uno de los argumentos en el Congreso de EE.UU. era que a nivel federal se recaudarían $5,000 millones en contribuciones antes exenta por la sección 936.

“Pero la mayoría de los empleos que perdió Puerto Rico no regresaron a los Estados Unidos sino que se fueron a China, a Irlanda, a Singapur. Los empleos que perdimos nosotros los perdió EE.UU.”, explicó Waleska Rivera, presidenta de la Asociación de Industriales.

En esta ocasión, la administración de Rosselló no luchó para evitar su eliminación. Según su entonces opositor político,  Héctor Luis Acevedo, el gobernador hasta firmó una carta avalando la eliminación de la sección 936.

“Se anticipaba que la 936 tenía grandes posibilidades de que se iba a eliminar. El primero que la quería eliminar era Clinton y el gobernador lo sabía, o sea, que era una decisión del Partido Demócrata eliminarla. Había muy poca cosa que podía hacer la administración de aquí”, dijo  Jorge Aponte, exjefe de la Oficina de Gerencia y Presupuesto bajo el mandato de Rosselló.

El entonces asesor de asuntos puertorriqueños en Casa Blanca, Jeffrey Farrow, por su parte, alegó que Rosselló, quien no estuvo disponible para entrevista,  luchó porque se mantuviera “la parte de la 936 que tenía oportunidad de salvarse” que era el crédito alternativo preferencial para las corporaciones operando en Puerto Rico. 

“El Plan Económico del presidente (Bill Clinton) reformaba las 936 porque las compañías estaban abusando del crédito tributario atribuyendo a Puerto Rico ganancias por operaciones querealmente correspondían a trabajo hecho en los Estados Unidos”, explicó Farrow.

Acevedo, quien era alcalde de San Juan para ese entonces,  explicó que siempre estuvieron de acuerdo con que se legislara para evitar ese abuso de las corporaciones pero manteniendo el beneficio contributivo que generaba empleos para la Isla.

De hecho, explicó que algunos de los abusos eran imperdonables. Por ejemplo, empresas multinacionales atribuían a Puerto Rico las ganancias por concepto de marcas, cuando aquí simplemente se elaboraba una porción del producto.

 La versión del 1996 del proyecto eliminando la 936 fue incluido junto a una medida aumentando el salario mínimo federal. El presidente Bill Clinton firmó la medida el 20 de agosto de 1996.

El efecto en la manufactura comenzó a verse al poco tiempo. La cantidad de empleos en la manufactura alcanzó su pico en el 1995 con 172,000 trabajadores asalariados. Cinco años más tarde, ese sector industrial había perdido 13,000 empleos y la retirada de fábricas apenas comenzaba.

Eliminación paulatina

La eliminación total de los beneficios ocurría en un periodo de 10 años. Las primeras empresas en irse eran las intensas en manos   de obra como textiles, zapatos, etcétera, que ya  habían comenzado esa fuga por los altos costos de la mano de obra.

El proyecto, sin embargo, no daba el mismo periodo de transición para los depósitos de las fábricas 936. Muchas empresas lo que hicieron fue extender los vencimientos de sus depósitos, lo que mitigó un poco el impacto en la banca local, que tuvo que recurrir a los mercados de depósitos para mantener liquidez.

Nota de la editora: 

El Nuevo Día, WAPA-TV y Radio Isla se unieron en este proyecto periodístico que explica la evolución en las políticas públicas que llevaron al gobierno de Puerto Rico a los actuales niveles de endeudamiento y al estancamiento de la economía. 

No te pierdas este próximo domingo la cobertura especial en WAPA-TV.

 


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