La CIDH examinará las denuncias  presentadas por el abogado estadista Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló en contra de EE.UU. por negarles a los habitantes de la isla participación en el colegio electoral estadounidense. (AP) (semisquare-x3)
La CIDH examinará las denuncias presentadas por el abogado estadista Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló en contra de EE.UU. por negarles a los habitantes de la isla participación en el colegio electoral estadounidense. (AP)

Washington - Después de 12 años de espera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acercará el mes próximo una decisión sobre las querellas que se han presentado ante ese foro en contra de Estados Unidos por violar los derechos humanos y civiles de los residentes en Puerto Rico bajo el actual status colonial.

En una audiencia pública, la CIDH examinará el 5 de octubre las denuncias independientes presentadas por el abogado estadista Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló en contra de EE.UU. por negarles a los habitantes de la isla participación en el colegio electoral estadounidense, que elige al presidente y representantes con plenos derechos en el Congreso.

La sesión formará parte del período de sesiones número 169 de la CIDH y tendrá lugar en la Escuela de Derecho de la Universidad de Colorado, en Boulder, sede de las reuniones previstas del 1 al 5 de octubre.

La CIDH es un brazo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), con competencia para investigar el cumplimiento de los compromisos contraídos por los estados miembros en la Convención Americana de Derechos Humanos.

“Anticipo, con toda confianza, que la Comisión nos dará la razón fallando a nuestro favor y declarando que los EE.UU. están violando los derechos humanos bajo el derecho internacional de sus ciudadanos americanos en Puerto Rico al negarles el derecho al voto a nivel federal por el presidente y vicepresidente y por representantes y senadores ante el Congreso”, indicó Orlando Vidal, abogado del exgobernador Rosselló.

Las querellas que denuncian la falta de participación de los residentes en Puerto Rico en la formación del gobierno federal fueron presentadas en 2006, tres años después que la CIDH resolviera otro caso parecido a favor de Washington D.C., cuyos residentes votan por el presidente estadounidense, pagan contribuciones sobre ingresos, pero no tienen representación con plenos derechos en el Congreso.

En 2003, la CIDH determinó que EE.UU. les niega la “igualdad de derechos” a los residentes en Washington D.C. “debido a su lugar de residencia”, al no otorgarles representación plena en el Congreso.

Alcance limitado

Determinaciones como la de la CIDH en el caso de la capital federal no son vinculantes para el gobierno de EE.UU., igual que sucede con las expresiones del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a favor de la libre determinación e independencia de Puerto Rico.

Pero ponen en entredicho la democracia estadounidense.

Como en Puerto Rico, poco ha cambiado el panorama político de los residentes en Washington D.C. tras la decisión de la CIDH.

Por ejemplo, los proyectos presentados en el Congreso para que Washington D.C. se convierta en el estado 51, que suelen tener solo respaldo demócrata, nunca han terminado el trámite legislativo.

Lo más que se ha logrado fue la aprobación, en 2007, de una medida en la Cámara baja que buscaba darle un representante con plenos derechos a Washington D.C., que suele apoyar demócratas, agregándole otro al estado de Utah, de tendencia republicana. Pero la legislación nunca avanzó en el Senado estadounidense.

Los deponentes

En la audiencia del 5 de octubre, declararán el abogado Igartúa y el exgobernador Rosselló. Cada uno tendrá cerca de 12 minutos para presentar sus argumentos.

Igartúa indicó que reafirmará su posición, que ha promovido sin éxito en los tribunales federales, de que la Constitución estadounidense “se ha aplicado (en Puerto Rico) a tal extremo que prácticamente somos un estado, lo que falta es el derecho a participación en elecciones federales”.

Bajo el actual status territorial, los residentes en la isla no tienen que pagar contribuciones federales sobre ingresos. Pero Igartúa ha afirmado que, de todos modos, sus habitantes a través de Medicare y el Seguro Social, aportan más al erario estadounidense que 15 estados.

Además de los querellantes, un representante del gobierno de EE.UU., probablemente de la misión estadounidense ante la OEA, podrá responder a las denuncias, y los siete miembros de la CIDH tendrán la oportunidad de hacer preguntas. La respuesta del gobierno federal sería una oportunidad para que la administración del presidente Donald Trump interprete cómo percibe el más reciente plebiscito criollo de la isla, celebrado en junio de 2017.

“El gobierno de EE.UU. tendrá la obligación de enfrentar la realidad de Puerto Rico y la violación de derechos a los que ha sometido a los ciudadanos americanos que residen en la isla”, señaló, en una declaración escrita, el exgobernador Rosselló, cuyo hijo menor, Ricardo Rosselló Nevares, es el gobernador de la isla.

En el plebiscito de 2017, la estadidad obtuvo el 97% de los votos. Pero la consulta se dio en medio de un boicot de los partidos de oposición y con una participación de 23%.

El gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) ha presentado en el Congreso y la Casa Blanca, durante esta sesión legislativa federal, proyectos proestadidad de la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González.

El más reciente, de junio pasado, propone crear un Grupo de Trabajo del Congreso para examinar las leyes que deben cambiarse para Puerto Rico poder ser el estado 51 de EE.UU. en enero de 2021.

González considera que su legislación, de aprobarse, incorporaría a Puerto Rico como territorio, lo que se percibiría como encaminar la isla hacia la estadidad en espera del examen del Grupo de Trabajo del Congreso.

Abogados consultados por El Nuevo Día consideran que el lenguaje de la legislación no contiene una incorporación expresa de la isla como territorio. Sin embargo, como territorio incorporado, Puerto Rico seguiría fuera del colegio electoral estadounidense, aunque sus residentes tendrían que pagar contribuciones sobre ingresos.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el republicano Rob Bishop (Utah), dijo la semana pasada a este diario que aún considera convocar una audiencia para examinar el proyecto de González, y afirmó que no ve por qué no pueda ir a votación en su comisión y en el pleno.

Pero el tema no está en la agenda del Senado federal, la sesión del Congreso cierra en diciembre y, debido a las elecciones legislativas de noviembre, el calendario de trabajo es muy apretado.

Proceso ante la CIDH

Las querellas que examina la CIDH sobre el status político de Puerto Rico fueron admitidas en marzo pasado.

La sesión del 5 de octubre representará la cuarta vez, en 18 años, que la CIDH dedica una audiencia a la isla.

En el 2000, la CIDH pasó revista a la violación de derechos humanos y civiles a causa de las maniobras militares estadounidenses en Vieques.

En marzo de 2015, dedicó una audiencia a la situación de los derechos humanos en Puerto Rico, en la que grupos cívicos denunciaron violaciones en contra de las comunidades LGBTT, los inmigrantes, niños, mujeres y la insistencia federal en implantar la pena de muerte.

En diciembre de 2017, tres meses después de la devastación causada por el huracán María, una coalición de organizaciones cívicas y académicas de Puerto Rico denunció ante la CIDH un alarmante incremento de la pobreza, que mantiene a muchas personas “en condiciones infrahumanas”, y exhortó al organismo internacional a examinar la crisis de la isla sobre el terreno.

Entonces, la comisionada Margarette May Maculay, de Trinidad y Tobago y encargada de los asuntos sobre EE.UU., dijo a este medio que pedirían autorización al gobierno de Trump para enviar una misión a Puerto Rico que examinara de cerca la situación de derechos humanos y pobreza en la isla.

El pasado 18 de enero, la CIDH expresó también preocupación por lo que considera fue una respuesta “menos rápida y eficiente” del gobierno estadounidense en Puerto Rico tras el huracán María, en comparación con otras jurisdicciones.

El abogado Vidal considera que, después de la audiencia, a la CIDH no le debe tomar más de un año decidir las querellas.

“Un fallo como este será otro golpe al status político actual”, indicó Vidal, al hacer referencia a la Ley Promesa, que acentuó la situación colonial de la isla con la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal, que controla las decisiones financieras por encima del gobierno electo, y la decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso de Sánchez Valle, que subrayó que la última fuente de poder sobre el país radica en el Congreso estadounidense.


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