La Junta anunció recortes por $345 millones en los gastos gubernamentales. (horizontal-x3)
La Junta anunció recortes por $345 millones en los gastos gubernamentales. (André Kang)

La Asamblea Legislativa completaría anoche los trámites presupuestarios con la aprobación de las medidas de donativos legislativos, mientras se esperaba que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) publicara los detalles del presupuesto que certificaría para el año fiscal que comienza hoy.

Las conversaciones entre el liderato legislativo y representantes del ente federal que controla las finanzas de Puerto Rico se habían esfumado para el cierre de las sesiones en el Senado y la Cámara de Representantes tras el anuncio de la Junta de recortes por $345 millones en los gastos gubernamentales.

Ya nosotros no tenemos más que hacer, sino esperar a que la Junta tome el lápiz y ponga lo que quiera en el presupuesto”, dijo a El Nuevo Día el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer. “No ha habido más conversaciones del tema”, agregó.

En declaraciones escritas, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, afirmó que están “evaluando el presupuesto que sometió la Legislatura para verificar si cumple con el plan fiscal”.

Fuentes consultadas por este diario afirmaron que la Junta certificaría y publicaría hoy los documentos asociados al presupuesto, que finalmente regirá los gastos gubernamentales por los próximos 12 meses.

La distribución de los $21 millones en donativos legislativos estaba por aprobarse al cierre de esta edición. Solo faltaba completar la documentación y llevar a votación final los informes de los comités de conferencia que uniformaron las distintas versiones de la medida.

Anoche, se desconocía si estos donativos pasarían el crisol de la JSF. El viernes, el presidente de ese organismo, José Carrión, anticipó recortes que incluían a la Rama Legislativa.

En una carta que Carrión envió el viernes a los líderes gubernamentales, se declaraba que el gobierno incumplió con el plan fiscal certificado en abril y con su revisión hecha en mayo, al no haber dado paso a la derogación de la Ley de Indemnización por Despido Injustificado (Ley 80) y a la reforma contributiva.

En consecuencia, el plan fiscal se enmendaba nuevamente para reflejar el incumplimiento y ajustar los gastos del gobierno.

En la misiva, se anticipaba que los gastos con cargo al Fondo General del año fiscal que comienza rondarán los $8,458 millones. El presupuesto consolidado, por su parte, será de $20,355 millones. Estos montos incluyen los recortes a las asignaciones municipales y la eliminación del bono de Navidad para los empleados públicos.

Contrario a la versión del presupuesto que previamente recomendó la Junta, se anticipa que en esta ocasión no habrá cambios en las asignaciones de las oficinas de Ética Gubernamental y de la Contralora.

Reorganización

Por otro lado, al cierre de esta edición, se anticipaba la aprobación de los proyectos que reorganizarán los departamentos de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH).

También se trabajaba sobre la creación de la Junta Reglamentadora de Servicio Público, entidad que fusionaría la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Comisión de Energía, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor y la Administración de Energía.

Cero bonos

Además, en el Senado, ya se había aprobado a viva voz la resolución conjunta de la Cámara que busca evitar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pague bonos de productividad a los directivos de la corporación pública, incluyendo el jefe de la utilidad, Walter M. Higgins.

Higgins devenga un salario de $450,000 anuales y tiene bonificaciones que pueden elevar sus ingresos a un millón de dólares. Esto ha sido criticado tanto por políticos de la mayoría como de la minoría legislativa.

En el pasado, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, ha cuestionado la legalidad de los llamados bonos de productividad negociados entre Higgins y la Junta de Gobierno de la AEE. La Resolución Conjunta de la Cámara 309 le ordena a la corporación pública que cancele o prohíba este tipo de bonificación para el director ejecutivo y los demás líderes de la utilidad en puestos de confianza.

AutoExpreso

También se avaló a viva voz, en el Senado, una medida que suspende por 90 días la expedición de multas a través del sistema AutoExpreso, y solicita una auditoría externa que certifique el buen funcionamiento de los procesos que llevan a los funcionarios a emitir las multas.

La medida también le ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas la eliminación de todas las multas por concepto del paso de un vehículo sin balance en su sello de pago de peaje. La agencia solo podrá facturar el pago de los peajes y cargos de franqueo.

Estas últimas dos medidas son de la autoría del senador novoprogresista Jorge Navarro.


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