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De presentarse querellas contra abogados, el Tribunal Supremo tendría completa jurisdicción para pasar juicio en caso de una violación ética y tomar las medidas contra el profesional del derecho. (horizontal-x3)
De presentarse querellas contra abogados, el Tribunal Supremo tendría completa jurisdicción para pasar juicio en caso de una violación ética y tomar las medidas contra el profesional del derecho. (André Kang)

Participantes del grupo de conversación de WhatsApp que le costó la suspensión de la Rama Judicial al juez Rafael Ramos Sáenz, y su abrupta salida de la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), se exponen -al igual que él- a querellas éticas, imputaciones criminales y a la pérdida de sus cargos.

Los miembros del chat que ocupan cargos de confianza, a juicio del presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, están en una posición muy frágil, porque, contrario al suspendido juez, se les puede despedir de sus puestos de confianza sin requerirse que se demuestre que hubo un debido proceso de ley.

“Si son puestos de confianza, de la misma manera que es de libre nombramiento… también es de libre remoción. Por lo tanto, ese derecho o interés propietario no existe en el puesto. Sí se puede dar una determinación sumaria de terminación y ahí no se viola ninguna norma”, explicó Torres, a quien se le consultó sobre las situaciones a las que se pueden exponer los abogados que participaron del chat que se divulgó hace dos semanas.

Resulta una situación todavía más difícil para aquellos que son abogados y que, a sabiendas, permanecieron en un grupo de conversación de política partidista en el que participaba un juez y los que hasta conversaron directamente con Ramos Sáenz, quien, para la fecha de las conversaciones divulgadas, no ocupaba la presidencia de la CEE.

Según Torres, de presentarse querellas contra abogados, “el Tribunal Supremo tendría completa jurisdicción para pasar juicio en caso de una violación ética y tomar las medidas contra el profesional del derecho que pueden incluir la amonestación, la amonestación severa, la suspensión por un término del ejercicio de la profesión legal o la separación definitiva”.

Asimismo, de demostrarse que actuaron de manera ilegal, podrían encarar cargos criminales vinculados con violaciones al Código Penal y a delitos electorales.

Abogados penalistas consultados por este diario han mencionado que algunos participantes del grupo podrían haber incurrido en violaciones al Artículo 292 sobre influencia indebida en la adjudicación de una controversia, y el Artículo 291, que penaliza la promesa de rendir determinado veredicto o decisión.

El Nuevo Día pudo ver algunos de los mensajes intercambiados por este grupo.

El senador popular Aníbal José Torres, quien divulgó imágenes del chat, denunció que las conversaciones demuestran que el juez intentaba conocer la opinión del alto mando electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre una determinación judicial que estaba a punto de tomar sobre el voto de las personas postradas en cama.

Uno de los mensajes que se dirigen al juez se registra en la conversación electrónica como emitido por el abogado y hoy subsecretario de la Gobernación, William Villafañe, quien le responde: “Debes consultar con alguien del equipo electoral AVB o NB”.

En ese entonces, Aníbal Vega Borges y Norma Burgos -con quienes coinciden este par de iniciales- estaban al mando de los asuntos electorales del PNP en la CEE.

Al menos, en las conversaciones a las que tuvo acceso El Nuevo Día, no se desprende que ningún participante del grupo haya abandonado el chat el día del voto de las personas postradas en cama o los días siguientes a la conversación del juez sobre el movimiento de afiliados al PNP en esa votación, ni cuando expresó en el grupo detalles de la resolución que, como juez en la Junta de Inscripción Permanente de Moca, había tomado ante una controversia presentada por funcionarios del Partido Popular Democrático.

¿Qué descubre el chat?

De lo que pudo ver este diario, no hay evidencia de que todos los que forman parte del grupo se dirigieran o conversaron directamente con el juez o se refirieran a él en esa conversación.

Este grupo de conversación política, que tiene el nombre de #TeamP3R- coffee break, fue creado, según se registra en la conversación, por la abogada y hoy secretaria asociada de la Gobernación, Itza García.

Los últimos movimientos de este chat son muy reveladores.

El 5 de febrero, cuando el senador Torres advierte sobre las conversaciones y consultas de política partidista que presuntamente hacía el juez a través de este grupo de conversación, Ramos Sáez abandona el chat.

Ese mismo día, García remueve a varias personas del chat, entre ellas Yesenia Díaz, quien labora en Fortaleza, y a Abner Gómez, exdirector de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias.


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