Eduardo Villanueva también advertirá sobre lo que entiende que es un intento del gobierno puertorriqueño por criminalizar la protesta. (horizontal-x3)
Oscar López Rivera fue el primer ponente. (Suministrada)

Nueva York - El presidente del Comité de Derechos Humanos de Puerto Rico, Eduardo Villanueva, exhortará hoy al Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a utilizar los relatores especiales de la organización para documentar la crisis social que se vive en la isla en medio de su relación colonial con Estados Unidos.

“Es momento para que la ONU envíe delegados a Puerto Rico y documente la pobreza en que se vive. Que haya relatores que describan el efecto económico, social y moral que tendrá la legislación laboral que reduce derechos a los trabajadores y los obliga a migrar para sobrevivir. Que documenten el proceso de gentrificación que se está dando de manera científica y orquestada”, indicó Villanueva.

Durante su alocución, la vicepresienta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, resaltó el recrudecimiento de “las medidas más duras del colonialismo”, haciendo referencia directa a las iniciativas de la JSF en la isla.

“La JSF opera a vista de todos y sin e mínimo pudor, como una dictadura. Para añadir sal a la herida, las medidas impuestas - siempre ensañada contra los más pobres y vulnerables, y comprometida en exclusiva con un procesp guiado por los intereses de los acreedores de la deuda gubernamental- en nada han implicado progreso material o estabilidad fiscal para nuestro país”, sostuvo.

"Quizás la prueba más dolorosa para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas de la desidia estadounidense es la estudiada incompetencia del gobierno de EE.UU. ante los inmensos destrozos provocados por el huracán María", añadió Santiago.

Santiago recordó la propuesta del PIP a los otros dos partidos inscritos para tomar acciones conjuntas ante el Congreso y el presidente de EE.UU., y foros internacionales, en favor eliminación de la junta fiscal y en busca de un proceso de descolonización.

Haciendo eco de las palabras de Santiago, la representante del Comité de Puerto Rico en la ONU, Aurora Muriente Pastrana, denunció las medidas fiscales de la JSF y la respuesta federal a la emergencia creada por el huracán María.

Exaltó que un "claro ejemplo de la irresponsabilidad" de los gobiernos de EE.UU. y Puerto Rico "es el número escandaloso de muertes provocadas por la falta de atención médica y de servicios esenciales".

Sobre esto, la abogada Jan Susler del National Lawyers Guild dijo que la Isla se enfrentó a lo que se considera el apagón más grande en la historia de EE.UU. "y el segundo más grande en el mundo".

Sigue las incidencias:

En la audienciadeclaran hoy cinco de las seis integrantes de la coalición Junte de Mujeres de 2018. Más adelante testificará Alexandra Lúgaro, excandidata independiente a la gobernación, a nombre de ese grupo de dirigentes políticas puertorriqueñas.

Por otro lado, Edwin Pagán del grupo pro estadidad Generación 51, pidió que la resolución a considerarse esta tarde ante el Comité de Descolonización incorpore un lenguaje que indique que Puerto Rico "rechazó su actual condición territorial" y "escogió la estadidad como opción descolonizadora".

En 2017, el gobierno de Rosselló trajo al Comité de Descolonización también, sin éxito, una petición para que se diera también respaldo específico a la alternativa de estadidad dentro de la resolución.

Al regresar del receso, debe presentarse oficialmente la resolución – sería la número 37- en favor de la libre determinación de independencia de Puerto Rico y probablemente adoptarse por consenso. Todavía, sin embargo, hay grupos que tienen previsto declarar en horas de la tarde.

 También incluirá una exhortación para que la Asamblea General –que en 1953 excluyó a Puerto Rico de la lista de países sin gobierno propio– retome el caso político de la isla y le pida cuentas al gobierno de Estados Unidos.

Mientras hoy, en Nueva York, sesiona el Comité de Descolonización, el jueves, en Ginebra, el relator independiente de las Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema, Philip Alston, declarará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para presentar su reciente informe sobre la situación de Puerto Rico, en el que acentuó la falta de protecciones sociales en la política pública de la Junta de Supervisión Fiscal y afirmó que después de la ley Promesa no debe haber duda de que Puerto Rico no tiene gobierno propio.

El primer ponente fue el exprisionero político Oscar López Rivera, quien destacó la acelerada despoblación de Puerto Rico, a tal punto que en la isla viven poco más de tres millones de personas y sobre cinco millones han migrado a Estados Unidos.

En ese sentido, resaltó el alto número de profesionales y jóvenes que han dejado la Isla en busca de empleo y un mejor futuro. También reiteró sus críticas a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico y las medidas de austeridad que ordena implantar.

"Espero que este comité envié el caso de Puerto Rico a la Asamblea General, que es la que tiene el poder para acabar con el colonialismo", dijo López Rivera durante su ponencia que abrió la sesión del Comité, mientras fue aplaudido por otros ponentes que coreaban "independencia para Puerto Rico".

Por su parte, el primer vicepresidente del Colegio de Abogadas y Abogados, Edgardo Román, expresó que “a un mes aniversario 120 de la invasión estadounidense, no existe un proceso de descolonización muy a pesar de lo dispuesto en resolución 1514 (XV) y múltiples resoluciones del comité”.

"Nos unimos a la denuncia contra la imposición de la Ley Promesa, que ha servido para la puesta en marcha de medidas de austeridad adoptadas por una junta de control compuesta por personas no electas, nombradas de manera unilateral por las autoridades federales", indicó Román.

Román reafirmó la propuesta del Colegio a favor de una Asamblea Constitucional sobre el estatus basada en alternativas descolonizadoras avaladas por el derecho internacional.

"Reiteramos, Puerto Rico experimenta una crisis humanitaria que no podrá enfrentar con éxito mientras prevalezca el coloniaje", sostuvo.

Además, Angel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), denunció los esfuerzos para "vender la AEE" y destacó que el acceso a la energía es un derecho fundamental, a la vez que afirmó que la privatización de la AEE "traerá un aumento en las tarifas".

Antes de la audiencia, el grupo Puertorriqueños Unidos en Acción (PUA) envió una carta al presidente Donald Trump y a la embajadora de EE.UU. ante la ONU, Nikki Haley, para alentar al gobierno estadounidense a vincularse a los trabajos del Comité de Descolonización.

Al señalar que Estados Unidos hizoun “pobre trabajo” al responder a la emergencia creada por el huracán María, el abogado Manuel Rivera, portavoz de PUA, sostuvo que el gobierno federal “ha sido incapaz de echar la economía” de la isla hacia adelante y que es hora de que “el Congreso transfiera la soberanía al pueblo de Puerto Rico”.

“Le urjo a que como presidente de Estados Unidos participe de los trabajos del Comité alentando a la delegación de su país a presentar la posición oficial del gobierno estadounidense en torno al caso de Puerto Rico”, indicó Rivera en una carta con fecha del 12 de junio.


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