Pedro Rosselló González fue gobernador de Puerto Rico desde 1993 al 2000. (semisquare-x3)
Pedro Rosselló González fue gobernador de Puerto Rico desde 1993 al 2000. (José A. Delgado Robles)

Boulder, Colorado - El Ejecutivo estadounidense afirmó hoy que “no hay consenso” en Puerto Rico en torno al status político de la isla y solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la desestimación de las querellas presentadas por sectores estadistas en contra de Estados Unidos relacionadas con la falta de derecho al voto por el gobierno federal.

El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, sostuvo que la Constitución estadounidense provee la oportunidad a los creyentes en la estadidad a solicitar la estadidad y que en estos momentos el proceso está pendiente ante el Congreso.

“No hay nada discriminatorio en la Constitución de EE.UU.”, indicó el embajador Trujillo, al insistir, en varias ocaciones en que los residentes de la isla que quieren votar por el presidente de EE.UU. y congresistas con plenos derechos pueden mudarse a un estado.

Durante la audiencia, el exgobernador Pedro Rosselló González y el abogado estadista Gregorio Igartúa defendieron sus querellas por violaciones de derechos humanos en contra de Estados Unidos.

Rosselló González, con su hijo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares en la audiencia, sostuvo que el no poder votar por el presidente de EE.UU. y elegir congresistas con plenos derechos representa una violación de los derechos humanos de los ciudadanos estadounidenses que residen en la Isla.

En su caso, la querella de Igartúa se basa en la exclusión del voto por el presidente de EE.UU., un asunto que ha llevado ante los tribunales.

“Estamos completamente excluidos del proceso político a cada nivel del gobierno federal (legislativo, ejecutivo y judicial”, indicó Rosselló González.

Tras la presentación del gobierno de EE.UU., el gobernador Ricardo Rosselló Nevares sostuvo que pedirán una reunión al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. “Es incomprensible”, dijo Rosselló Nevares, la postura del gobierno de Trump, al indicar que no es posible tener una conversación “si se obvian datos históricos”.

Aunque no está en disputa que el 54% de los electores de la isla rechazó en noviembre de 2012 el actual status territorial, ha habido controversias sobre la segunda pregunta de la consulta, en el que el 61% votó por la estadidad, pero, si se toma en cuenta la campaña para dejar papeletas en blanco, el porcentaje baja a 45%.

Como hiciera por escrito la representación de EE.UU., el embajador Trujillo reconoce que la estadidad ganó el plebiscito de 2017 – con un 97% y un 23% de participación-, pero dijo que el proceso por el cual el gobierno de Puerto Rico pide la estadidad está pendiente en el Congreso.

Tanto la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay (Jamaica), como la vicepresidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño (Panamá), afirmaron que no tienen duda de que la ciudadanía debe estar vinculada con el derecho al voto y a ejercer derechos políticos.

La sesión de hoy puso fin a cinco días de audiencias de la CIDH, un organismo consultivo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la Escuela de Derecho de la Universidad de Colorado, en Boulder, donde celebran su período de sesiones 169.

La audiencia en torno a la isla responde a querellas independientes presentadas por Igartúa y el exgobernador Rosselló González, que denuncian la falta de derecho al voto por el presidente de Estados Unidos de los residentes de Puerto Rico, y el que no puedan elegir miembros con plenos derecho en el Senado y la Cámara baja federal. 

“Le pedimos a esta Comisión que responda a la pregunta de si el estado de situación actual, bajo el cual casi 3.5 millones de ciudadanos estadounidenses no tienen derecho a votar por el presidente, los senadores o los miembros con derecho al voto en el Congreso, cumple con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas según el derecho internacional”, indicó en una declaración escrita el exgobernador Rosselló González.

La misión de Estados Unidos ante la OEA, quizá el propio embajador Carlos Trujillo, tendrá a su cargo responder a los querellantes.

Desde 2007, un representante del Ejecutivo estadounidense no testifica o responde preguntas sobre el status político de Puerto Rico en una audiencia pública de un foro del gobierno federal o internacional. La CIDH, sin embargo, ha celebrado audiencias sobre la isla en 2015, 2016 y 2017, para tratar asuntos como la violación de derechos civiles por parte del gobierno de Puerto Rico, la pobreza y el agravamiento de la crisis económica y social después del huracán María.

Aunque la decisión que emita la CIDH – quizá en cuestión de meses-, no es vinculante para Estados Unidos, los querellantes aspiran a que sirva de presión al gobierno federal.

Recientemente, el presidente Donald Trump dio un "no absoluto" a la estadidad, el fin último que impulsan las querellas de Rosselló González e Igartúa. 

Para Trump, mientras haya un liderato incompetente en Puerto Rico, como el que le atribuye a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, mantendrá su rechazo a la estadidad.

Cruz ha liderado las críticas desde Puerto Rico a la respuesta lenta e ineficiente que dio el gobierno federal a la emergencia que desató en la isla el huracán María.

En su respuesta a los querellantes, en junio pasado, el representante alterno de Estados Unidos ante la OEA, Kevin Sullivan, solicitó la desestimación de las querellas.

Sin reconocer la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal a cargo de las finanzas de la isla y los poderes plenarios del Congreso, Sullivan ha alegado ante la CIDH que Puerto Rico tiene un amplio gobierno propio a nivel local.

También utilizó como defensa la celebración de primarias presidenciales estadounidenses en Puerto Rico y la elección de un representante a la Cámara baja federal sin derecho al voto en el hemiciclo.

Aunque Sullivan indicó que si los estadistas quieren participar a corto plazo del colegio electoral estadounidense tienen la opción de mudarse a Estados Unidos, sostuvo que el gobierno federal tiene pendiente la petición de estadidad sometida por el gobierno de Puerto Rico tras el plebiscito de 2017.

En su respuesta a las querellas, Sullivan terminó por tachar el plebiscito de 2012 como referencia para el Ejecutivo federal. No obstante, expresó que la estadidad ganó el referéndum 2017 y que la petición de estadidad a base de esa consulta está pendiente en el Congreso. 

En una nota al calce, Sullivan indicó que la estadidad obtuvo el 97% de los votos, pero también mencionó la baja participación de 23%.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, el presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, y el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, estuvieron entre los representantes del gobierno de Puerto Rico en la audiencia.

El grupo Junte de Mujeres de 2018, aunque como al gobernador Rosselló Nevares no se les permitió testificar en un turno independiente, envió una carta a la CIDH en la que afirma que la comisión “debe concluir en propiedad que el status de Puerto Rico es un asunto político inconcluso de autodeterminación de un pueblo latinoamericano y caribeño cuyas ramificaciones de derecho civil y humano no pueden despacharse sin resolver su cuestión de fondo”.


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