En la foto agentes del SWAT (semisquare-x3)
En la foto agentes del SWAT. (GFR Media)

Los legisladores Jesús Manuel Ortiz, Carlos Bianchi Angleró, Ramón Luis Cruz, Luis Vega Ramos y Aníbal Díaz, todos del Partido Popular Democrático (PPD), reclamaron hoy, martes, al gobernador, Ricardo Rosselló, a que encamine acciones concretas para detener la ola de criminalidad en lo que va de año.

Al momento, la Policía ha reportado 18 asesinatos en lo que va del 2019, siendo el más reciente el de un hombre de 35 años que fue asesinado por desconocidos desde un auto en marcha en Puerto Nuevo, en San Juan, y cuyo suceso fue filmado por cámaras de seguridad de un negocio y difundido por los medios televisivos y redes sociales.

Entre las medidas que propusieron los legisladores, están activar a las fuerzas especiales del SWAT y a la División de Seguridad y Protección del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, de cuyas agencias suman 125 agentes para reforzar a los otros miles policías que prestan vigilancia en las calles.

Los legisladores sugirieron que la vigilancia preventiva se extienda a áreas de alta incidencia criminal, así como las zonas turísticas y de gran movimiento de ciudadanos, tales como los centros comerciales, escuelas, gasolineras, vías públicas, bancos y zonas comerciales.

Asimismo, exigieron a la Administración de Vivienda Pública (AVP) de ordenarle a toda compañía privatizadora que establezcan planes de vigilancia y contraten seguridad privada para el entorno residencial, las zonas comunales y las escuelas que estén dentro de sus respectivos perímetros en los proyectos de vivienda.

Igualmente, pidieron establecer un procedimiento expedito para que se atiendan las solicitudes de controles de acceso a las urbanizaciones y se otorguen permisos provisionales en periodos de 48 horas.

Los legisladores reclamaron también la reactivación del programa de detección de disparos conocido como "shotspotter", la ampliación del programa Compstat que identifica patrones de conducta criminal y acelera el esclarecimiento de casos.

Además, propusieron que se retome la discusión seria, con expertos y desde una perspectiva multidisciplinaria, de posibles enmiendas a la Ley de Armas para proteger a la ciudadanía contra incidencias de disparos en áreas públicas y enmiendas a las reglas de procedimiento criminal sobre el uso de grilletes electrónico.

También urgieron a que se examinen alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de los policías, en especial los reclamos sobre su sistema de retiro y su seguro por incapacidad.

Ortiz, quien en febrero pasado le solicitó a Rosselló organizar una cumbre de seguridad, tal y como anunció el lunes el gobernador, sostuvo que para celebrar la misma, debe incluirse a los alcaldes, los jefes de agencias de seguridad pública, expertos en el tema de seguridad dentro y fuera del gobierno, entre otros funcionarios.

"Puerto Rico vive una emergencia de seguridad pública. La impunidad es la ley en la calle pues el estado no puede garantizar orden ni esclarecimiento de casos bajo las circunstancias actuales de las agencias de seguridad", sostuvo Ortiz.

"Nos alegra que el gobernador finalmente haya aceptado que necesita la ayuda de todos los sectores para atender este problema. Lo exhortamos a que sea inclusivo en esa discusión y a que la misma no se quede en un mero ejercicio fútil, sino que se traduzca en ejecución de estrategias para atajar esta alarmante ola criminal", agregó. 


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