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Imagen de brigadas de celadores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) trabajando en Sabana Seca en Toa Baja con la reparación del tendido eléctrico. (Teresa Canino )

Los cambios introducidos en el Senado al proyecto de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que será llevado a votación hoy, fortalecen el rol de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR), establecen claramente que el gobierno solo busca vender el componente de generación de energía de la corporación pública y disponen la necesidad de crear un nuevo marco regulatorio y una política pública energética antes de autorizar cualquier transacción.

En cuanto al futuro de los empleados regulares de la AEE que no formen parte de la plantilla de cualquier ente privatizador, la medida establece que se retendrán sus plazas o serán transferidos a otras plazas dentro de la propia compañía u otras dependencias gubernamentales, al tiempo que retendrán todos sus derechos adquiridos por ley o convenio.

Uno de los aspectos noveles introducidos entre los cambios en el Senado es lo que se conoce como un certificado de cumplimiento de energía a ser otorgado por la CEPR a cualquier transacción de concesión de activos o de venta -estos últimos conocidos como Contrato Preliminar- siempre y cuando se cumpla con el marco regulatorio aún sin legislar, la política pública energética también sin legislar y las propias normas y reglamentos de la CEPR.

Así, la medida amplía el alcance de la CEPR antes de que se firme cualquier acuerdo, aunque no tendrá la facultad de enmendar o alterar contratos.

La política pública energética y el marco regulatorio será preparados por un grupo de trabajo a ser creado mediante esta legislación.

“Ningún Contrato de Alianza o Contrato de Venta relacionado a las Transacciones de la AEE contendrá un lenguaje que menoscabe las facultades y deberes de la Comisión (CEPR)”, reza la medida.

El Contrato Preliminar es el convenio acordado entre la Junta de la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP) y el proponente a ser presentado para la aprobación del gobernador y la Asamblea Legislativa. El acuerdo, una vez ratificado por la Legislatura, no podrá ser modificado sin la autorización parlamentaria, dice el entirillado.

No obstante, el proyecto sí dispone que habrá excepciones en que se podrían autorizar transacciones de cesión de activos o de venta de activos que no cumplan con la política pública energética o el marco regulatorio.

Específicamente, el proyecto autoriza a la Asamblea Legislativa a autorizar las transacciones de venta.

Preguntado sobre por qué incluir ese lenguaje, el senador novoprogresista Larry Seilhamer, quien encabezó la evaluación de la medida en el Senado, dijo que no contempla “ningún” escenario en el que no se cumplan con estos preceptos.

¿Por qué entonces incluir ese lenguaje?, se le preguntó.

“Para dejar esa puerta abierta. Es más preventivo que proactivo. Si habrá alguna excepción, tienen que venir acá (la Asamblea Legislativa)”, afirmó en entrevista con El Nuevo Día.

En cuanto a la declaración de política pública consignada en el proyecto, se establece que la prioridad será seleccionar varias entidades que se encarguen de la generación de electricidad para promover “la competencia” y que estos deberán mostrar “un justo balance de interés comercial y sentido de responsabilidad sociales; con la capacidad operacional, tecnológica y financiera para transformar el sistema eléctrico…”.

Más adelante en la medida, se incluye lenguaje para prohibir monopolios privados y que un ente privado que entre en el negocio de la concesión de activos (transmisión y distribución) no pueda entrar en el negocio de la generación.

El proyecto establece que hasta que el marco regulatorio y la política energética no estén aprobados, la Junta de la AAPP podría realizar negociaciones informales, estudios de mercado, solicitudes de información, de expresiones de interés y cualquier método para recopilar información sobre los participantes del mercado.

Solamente se podrán adjudicar contratos cuando se establezca el marco regulatorio y la política pública energética, asunto que debe ser atendido mediante proyecto de ley en la en la próxima sesión legislativa, según ha dicho Seilhamer.

En cuanto a costos de la energía eléctrica, la medida enumera una serie de requisitos con los que tendrá que cumplir cualquier interesado en comprar activos de generación de la AEE, entre estos que las propuestas incluyan “tarifas razonables” y que se utilice combustible “ambientalmente inofensivo al máximo posible y con costos raznables para el ahorro en todos los niveles de las tarifas”.

Otro aspecto nuevo en la medida busca obligar a cualquier proponente de privatizador a presentar una declaración jurada en que sostenga que no ha pagado comisiones o bonificaciones, en dinero o en especie, ni tiene compromiso de pagos futuros a ningún funcionario público, empleado o ex funcionario que haya participado en las negociaciones y las transacciones dispuestas por la ley.

En cuanto a consultores financieros, consultores legales, peritos u otros asesores que participen en las negociaciones, también tendrán que presentar declaraciones juradas en que identifiquen las personas naturales o jurídicas que han recibido o recibirán honorarios por servicios o pagos por cualquier concepto.


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