Vega indicó que en las 23 páginas de enmiendas no se atienden asuntos medulares como el tema del lavado de dinero y la necesidad de que se realicen investigaciones de campo. (GFR Media) (horizontal-x3)
Vega indicó que en las 23 páginas de enmiendas no se atienden asuntos medulares como el tema del lavado de dinero y la necesidad de que se realicen investigaciones de campo. (GFR Media)

La legalización de las máquinas de juegos de azar fuera de los casinos representa la inminente debacle de la industria del turismo en la isla y una pérdida de $300 millones al fisco, advirtió esta mañana Miguel Vega, expresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA).

En una conferencia de prensa en el lado norte de El Capitolio, Vega denunció que se pretende legislar la legalización de estas máquinas como parte de la reforma contributiva y sin que se realicen vistas públicas.

“No se puede seguir improvisando con la industria de turismo en Puerto Rico”, dijo Vega al denunciar que no fue hasta ayer que finalmente tuvo acceso al lenguaje sobre las máquinas de juegos de azar que formará parte del proyecto de reforma contributiva.

Vega indicó que en las 23 páginas de enmiendas no se atienden asuntos medulares como el tema del lavado de dinero y la necesidad de que se realicen investigaciones de campo a cualquier individuo o corporación que pretenda entrar en el negocio. Recordó que un estudio comisionado por la Comisión de Turismo de Puerto Rico (CTPR) a la empresa Spectrum reveló que la legalización de 30,000 le costaría al erario hasta $194 millones.

“Hemos dicho que 30,000 máquinas serían una debacle para la industria en Puerto Rico y ahora con estas enmiendas dice que son 45,000 cuando ellos llevan diciendo que serían 20,000 por los pasados meses”, afirmó Vega en alusión a expresiones públicas del representante Antonio Soto y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, en que han dicho que aspiran a “legalizar” sólo 20,000 máquinas.

Tomando como base la cifra de 45,000 máquinas, el impacto al fisco sería de $300 millones, dijo Vega. Además de los casinos se verían afectados, según dijo, la Universidad de Puerto Rico, el Fondo General y la CTPR.

“Eso no es “revenue neutral”, dijo al aludir al requisito que le ha aplicado la Junta de Supervisión Fiscal a la reforma contributiva y cómo no puede afectar los ingresos del Estado. “Con esto hay una pérdida de $300 millones”, sostuvo Vega, quien exigió que se realicen vistas públicas sobre la propuesta y que sea sacada de la evaluación de la reforma contributiva.


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