Olga B. Castellón, a la derecha, fue nombrada secretaria interina de Justicia ante la destitución temporal de Wanda Vázquez Garced, a la izquierda. (GFR Media) (horizontal-x3)
Olga B. Castellón, a la derecha, fue nombrada secretaria interina de Justicia ante la destitución temporal de Wanda Vázquez Garced, a la izquierda. (GFR Media) (Ramón “Tonito” Zayas)

Ante la salida de Wanda Vázquez Garced de la jefatura de Justicia, la designación de Olga Castellón Miranda como secretaria interina fue una decisión errada del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, según expertos en temas jurídicos y funcionarios entrevistados por este diario.

La principal preocupación gira en torno al hecho de que Castellón Miranda, quien se ha desempeñado como jefa de los fiscales del Departamento de Justicia, fue entrevistada por los fiscales especiales independientes que investigaron las alegaciones que desembocaron en la anticipada presentación de cargos contra Vázquez Garced.

Aunque las denuncias que se presentarán el 7 de diciembre contra la secretaria no han sido precisadas, presuntamente están relacionadas con la supuesta intervención indebida que tuvo en un caso en el que su hija resultó perjudicada. 

Sobre ese asunto, Vázquez Garced reconoció que estuvo presente en una reunión que Castellón Miranda mantuvo con los fiscales que originalmente sometieron los cargos contra los acusados. La titular de Justicia, a quien el gobernador relevó el martes de sus funciones, dijo que no intervino en ese caso y que solo se le informó sobre los delitos sometidos. 

Castellón Miranda presuntamente fue interrogada sobre ese encuentro cuando fue citada  por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). La secretaria interina de Justicia rechazó entonces cualquier conducta indebida por parte de Vázquez Garced.  

El expresidente del Colegio de Abogados y Abogadas Alejandro Torres Rivera opinó que podría generar desconfianza en las investigaciones y casos que lleve el Departamento de Justicia y en la propia institución el que se designara a una subalterna de Vázquez Garced que pudiese aportar información al proceso para su encausamiento o que intervino en la etapa investigativa.       

“El problema es si, en algún momento, estuvo o no vinculada al proceso investigativo que se llevó a cabo en contra de la secretaria o si participó, de alguna manera, bajo las instrucciones de la secretaria de asuntos que tienen que ver con la investigación”, señaló Torres Rivera.

Por su parte, el exjuez Hiram Sánchez Martínez sostuvo que, aunque la ley orgánica del Departamento de Justicia dispone que la persona que estaba llamada a ejercer las funciones de manera interina era la subsecretaria de la agencia, Grisel Santiago, el estatuto también le concede facultad al gobernador para designar a otra persona.

 “En ese sentido, no podría haber ningún cuestionamiento legal. El cuestionamiento va a ser de sabiduría, si el gobernador ha actuado sabiamente al designar a una funcionaria que en los últimos meses se nos ha dicho que ha sido citada como testigo y que ha ido, que ha declarado en la Oficina del Fiscal Especial Independiente, eso como que no cuadra”, afirmó el exjuez.

Relevo bajo fuego

El senador popular Aníbal José Torres, quien denunció la existencia del chat de WhatsApp del grupo del Plan para Puerto Rico que desencadenó en la pesquisa contra Vázquez Garced, censuró la designación de Castellón Miranda.

“La propia jefa de fiscales es la persona que dirigió la reunión que, a mi entender con imprudencia, participó la secretaria, y puede ser objeto de la investigación, ya sea como testigo de alguna de las partes”, dijo el senador.   

A Torres le preocupa que no se haya seguido el orden de sucesión para sustituir a Vázquez Garced. “Yo creo que alguien debe explicar por qué no se está llevando ese orden sucesoral”, añadió. 

En tanto, el senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, fue más enérgico en las críticas al interinato que existe en Justicia y censuró que la jefatura de la agencia esté bajo ese estado provisional.  

 “El interinato, con respecto a la ausencia de un secretario de Justicia, se fundamenta en ausencia temporal, ya sea por razones de salud o sea por razones de que se encuentra fuera del país o porque ha sido destituido del cargo”, analizó Dalmau Ramírez.

Según el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), el primer ejecutivo no tiene la autoridad legal para suspender de sus funciones a la secretaria de Justicia, que tiene el consejo y consentimiento del Senado.

“El gobernador de Puerto Rico solamente tiene dos rutas: o destituye a la secretaria de Justicia o la mantiene activa en su cargo, apoyando así a una secretaria de Justicia que enfrentará cargos criminales”, indicó.

Defiende la designación

Durante una conferencia de prensa realizada ayer, Rosselló Nevares defendió la designación de Castellón Miranda. Argumentó que la escogió porque considera que ha realizado un buen trabajo en esa agencia. 

“Es una potestad que tengo como gobernador”, destacó el primer ejecutivo. 

Castellón Miranda labora en el Departamento de Justicia de Puerto Rico mediante destaque porque  tiene un puesto en propiedad como fiscal federal en la isla.

Rosselló Nevares informó que, en la medida que se conozcan más detalles sobre las imputaciones de los fiscales especiales independientes contra la titular de Justicia, podrá tomar determinaciones adicionales sobre la permanencia de la funcionaria en su administración. 

“La secretaria tuvo una conversación conmigo, y lo que hemos hecho es relevarla de las funciones. Lo que significa eso es que ella no está ejerciendo las funciones de secretaria. Cualquier consideración que puedan tener por los cargos, no deben preocuparse porque ella no está ejerciendo las facultades. De la misma forma, no se corrió a juzgar a una mujer que ha tenido un récord excepcional con Puerto Rico”, dijo el gobernador en una conferencia de prensa, en San Sebastián. 

Rosselló Nevares resaltó que no destituyó a la funcionaria, en parte, porque se desconocen los detalles de la imputación que harán los fiscales especiales, lo que catalogó como irregular. 

Indicó, además, que no pueden juzgar prematuramente a Vázquez Garced sin conocer los detalles y basándose en solo una citación. 

Innecesaria la destitución 

Para el senador Torres, Vázquez Garced no renunciará mientras pueda evitarlo. 

“Si renuncia la secretaria, si el gobernador la destituye de su posición, tendrían que someter al Senado un nuevo candidato o candidata para ser secretario de Justicia, y ya se ha comentado públicamente que una de las investigaciones serias que lleva el Departamento, de las que la secretaria ha dicho, posiblemente es la de la Asamblea Legislativa y un alegado esquema de empleados fantasmas”, destacó el legislador de la minoría popular.  

El también presidente electo del Partido Popular Democrático (PPD) advirtió que, “si eso es cierto, pondrían a un candidato o candidata en condición de tener que venir al Senado para su confirmación, y no hay duda que ese ‘issue’ estará presente y latente”.

Mientras que, para Torres Rivera, la renuncia de Vázquez Garced en esta etapa de los procedimientos no es necesaria. Al expresidente del Colegio de Abogados, le parece que la suspensión de sus funciones es una medida cautelar apropiada.

“Si trasciende la determinación de causa probable en el procedimiento que se sigue ante el FEI, esa es la etapa donde se debe proceder a separar de la posición a la secretaria de Justicia porque, por ejemplo, ahora mismo desconocemos cuál sea el resultado de la prueba que va a ser evaluada (en la vista)”, dijo Torres Rivera. 

El exjuez Sánchez Martínez recomendó que esta situación de Vázquez Garced se evalúe sosegadamente “y hay que esperar que las instituciones funcionen”.

 “Ahora viene una etapa para el día 7 de diciembre, se le presentará a un juez la prueba que los fiscales especiales independientes dicen que tienen para probar que ella cometió un delito. Mientras tanto, lo que haríamos sería especulación sobre especulación y eso no le hace bien a nadie”, puntualizó Sánchez Martínez.


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