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Las recompensas que ofrece la Policía de Puerto Rico por información que ayude en el esclarecimiento de crímenes saldrán de un Fondo Especial que se establecerá por ley, según una medida presentada por la senadora Melinda Romero Donnelly.

“Como parte de su trabajo de esclarecer crímenes, los investigadores de la Policía acuden a la escena de los mismos esperando obtener la colaboración ciudadana necesaria para el rápido esclarecimiento, procesamiento y convicción de los responsables. No obstante, por diversas razones los ciudadanos se cohíben de declarar o aportar en la investigación”, indica la exposición de motivos de la medida.

Añade que “día a día vemos como la opinión pública se vuelca en contra de la Policía y del Departamento de Justicia por la baja tasa de convicciones… Una de las herramientas más efectivas para combatir la delincuencia es la participación ciudadana. Dicha participación ha mermado dramáticamente en los últimos años, debido, en gran medida, por el temor a represalias.  En consecuencia, se hace necesario buscar alternativas para involucrar a la ciudadanía para que cooperen con las autoridades y retomar ese sentido de responsabilidad ciudadana”.

El ofrecimiento de recompensas monetarias ha estado disponible a través de los años pero la Policía no dispone de un fondo especial separando una cantidad recurrente de fondos para esto, por lo que se propone la creación del fondo con una asignación anual de un millón de dólares.

Las recompensas podrán ser desde mil dólares hasta 100 mil dólares para cualquier persona que ofrezca información de forma voluntaria, que no sea coautor de los hechos ni testigo presencial.

“En consecuencia, las recompensas se otorgarán a colaboradores, los cuales sin su testimonio no se llegaría a una convicción”, indica el proyecto.

Para aquellos que “maliciosamente suministren información falsa con la intención de recobrar indebidamente recompensa al amparo de las disposiciones de esta Ley, incurrirá en delito grave de cuarto grado y estará sujeta a pena de reclusión de hasta tres años, o multa de hasta 10 mil dólares, o ambas penas a discreción del tribunal”.


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