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Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión, Alejandro García Padilla (horizontal-x3)
Alejandro García Padilla indicó que la JSF debió notificarle por escrito la determinación sobre el plan fiscal que presentó su administración. (Archivo)

Al amparo de que es el gobernador electo hasta el próximo 2 de enero, el gobernador Alejandro García Padilla adelantó ayer a El Nuevo Día que no presentará un plan fiscal enmendado.

Además, advirtió que si lo que busca la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son mayores medidas de austeridad, con él no pueden contar.

“Hoy le informo al pueblo de Puerto Rico, que una vez se reciba la notificación por escrito solicitando cambios en el plan fiscal, les estaremos notificando que el plan no será enmendado para añadir austeridad. No es lo correcto y no es necesario”, puntualizó García Padilla en declaraciones escritas remitidas en exclusivas a este diario.

“Ser gobernador durante la crisis, y a la vez proteger los empleados públicos, mantener la jornada laboral, sin dejar de pagar las pensiones de los retirados, manteniendo los servicios esenciales, y al mismo tiempo mantener la universidad en paz, poner en cumplimiento por primera vez el programa de educación especial, impulsar la manufactura, la agricultura, el turismo y bajar el desempleo y el crimen, no ha sido fácil. Fue mi promesa y la cumplí. Pedirme ahora que revierta eso es no conocerme”, advirtió.

La decisión del mandatario surge luego de que la JSF, por voz del presidente, José Carrión, rechazara el plan fiscal durante la primera reunión que efectuaron en la Isla el viernes pasado. Carrión catalogó el documento como una “oportunidad perdida” que partía de supuestos irrealistas.

García Padilla arremetió contra la JSF por la forma en que sus miembros se condujeron porque de acuerdo con la Ley federal PROMESA, que creó la Junta, debían notificarle a él por escrito la decisión de descartar el documento.

“No conozco la razones de la Junta para rechazar el plan, pues no han cumplido con la notificación escrita que requiere la Ley. Lo expresado a los medios de comunicación indica que requerirán un agresivo plan de recortes de gastos, con la consecuencia inevitable de despidos de empleados para la reducción del tamaño del gobierno y el pago de la deuda hasta donde los acreedores estén dispuestos a reducirla. Algunos, de hecho, sugieren que la solución a los préstamos es más préstamos. Discrepo”, sentenció García Padilla, quien desde anoche salió del país rumbo a Madrid, España para cumplir con foros empresariales.

Al rechazar el plan fiscal sometido por el gobernador en octubre pasado, la JSF pidió un nuevo rumbo que no cuente con fondos federales. Entre esos fondos se encuentran aquellos para sustituir el llamado “Obamacare” o los que habrían si se logra otro acuerdo con el Servicio de Rentas Internas federal para que den un crédito a las empresas foráneas por lo que pagan en la Isla por el arbitrio del 4%. Esta es la Ley 154 que vence en diciembre de 2017. Carrión dijo que no hay ambiente para esto en el Congreso.

Pero García Padilla le salió al paso y exigió que la JSF reclamelo que entiende le corresponde a Puerto Rico. “El plan logrará las metas trazadas en una década, sin necesidad de contemplar despidos de empleados públicos ni reducción en los servicios esenciales. A su vez, protege la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a los pensionados. Por supuesto, parte de la premisa de que futuros gobiernos continuarán siendo responsables fiscalmente, y pone presión al gobierno federal, quien, derogando la sección 936, inició la crisis. En el Congreso hay receptividad, pero como cualquier cuerpo político, es susceptible a razones y a presiones. Tenemos razón en nuestro reclamo; corresponde reclamar y presionar”, dijo.

“Nuestro sistema de salud está integrado al federal, pero se nos imponen las regulaciones sin proveer las ayudas; la Junta tiene que advertir esa injusticia ante el Congreso. De otro lado, la acreditabilidad de la Ley 154 representa una cuarta parte de nuestros ingresos; no es sensato pedir un plan fiscal sin la continuidad de esos ingresos. Construir un cuadro fiscal que ignore, por ejemplo, lo anterior, como pide la Junta sería, sencillamente, irresponsable”, continuó el gobernador en su exigencia.

La JSF argumentó, además, que Puerto Rico necesita un financiamiento urgente para lidiar con una posible insolvencia.

Sin embargo, el gobernador recalcó que la JSF puede reestructurar la deuda, cercana a los $69,000 millones, a través del Título 3 de la Ley PROMESA para evitar que el gobierno se quede sin dinero. “No deben temer, es más, no deben dudar en utilizarlo. Es una herramienta que protegerá al pueblo, y proteger al pueblo es la función principal de la democracia”, sentenció.

“Mientras sea el gobernador de Puerto Rico, me opondré a cualquier intento de viabilizar medidas, como por ejemplo, el despido de empleados públicos, la reducción de las pensiones de nuestros retirados y la desprotección de la UPR”, reiteró.

Recordó a la JSF que el Fondo Monetario Internacional ha dicho que es necesario un “enfoque comprensivo de la deuda de Puerto Rico”, es decir, mayores medidas de austeridad pueden ser contraproducentes para la economía. Incluso, indica el gobernador que uno de los miembros de este ente federal a cargo de las finanzas, David A. Skeel, ha dicho a la Corte Suprema de Estados Unidos que los municipios sufren las consecuencias de la deuda “que el Congreso ha evitado ver”.

García Padilla comenzó sus declaraciones con una cita del premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en The Return of Depression Economics en la que advierte que ese momento histórico no debe repetirse “nunca más” y, por lo tanto, se debe aprender de lo sucedido para no llegar al “desastre económico”.


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