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González sostuvo que usará los resultados de los plebiscitos de 2012 y 2017 para respaldar sus proyectos a favor de la estadidad para la isla. (GFR Media)

Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quiere tener una conversación con el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU., el republicano Rob Bishop (Utah), antes de presentar nuevos “proyectos” de ley a favor de la admisión de Puerto Rico como estado.

“Ya radiqué un proyecto de status (el 4 de enero de 2017). Voy a radicar varios, no va a ser solamente uno”, dijo González, hace unos días, tras mencionársele que van 10 meses del plebiscito del 11 de junio de 2017 y no se ha sometido la nueva legislación que originalmente quiso presentar en septiembre pasado.

Sin duda que el huracán María se interpuso en el camino de todos los planes previos al catastrófico 20 de septiembre. Pero, a más de 100 días del 2018, tampoco ha llegado una nueva legislación, aunque la Comisión de Igualdad creada por el gobernador Ricardo Rosselló se ha reunido en dos ocasiones este año en Washington.

Aunque el gobierno de Rosselló decidió no esperar a que el Departamento de Justicia de EE.UU. validara la consulta y las alternativas de status, como propuso hacer una ley federal de 2104 a cambio de otorgar $2.5 millones para ayudar a financiar el plebiscito, la comisionada González insistió en que el proceso contó “con las mismas definiciones que Justicia (federal) pidió”.

Cuando en mayo de 2017 el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) quiso implicar que la consulta que finalmente se celebró el 11 de junio de ese año incluiría alternativas validadas por el Ejecutivo federal, un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense afirmó que la oficina del secretario Jeff Sessions “no ha revisado o aprobado el lenguaje vigente de la boleta electoral y que cualquier sugerencia al contrario es incorrecta”.

La estadidad obtuvo el 97% de los votos en la consulta de 2017, en la que solo participó el 23% del electorado luego de que los partidos de oposición lo boicotearan.

El proyecto original de González perseguía que el Congreso respondiera a una consulta local que estuviese validada por la ley federal de enero de 2014. La legislación solo tiene un coauspiciador, el congresista demócrata boricua Darren Soto, elegido por el distrito 9 del centro de Florida.

La comisionada –que ha pronosticado que el Congreso aprobará este cuatrienio la admisión de Puerto Rico como estado 51- interesa dialogar con Bishop, entre otras cosas, sobre la posibilidad de una audiencia en torno al status de la isla, porque ese es un tema en la agenda de su comité.

“Tuvimos el plebiscito de 2012, el de 2017. Hay dos resultados ahí para escoger”, dijo González, quien ha indicado que su próxima legislación proestadidad está lista y solo espera el momento adecuado para presentarla.

Bishop, como presidente delComité de Recursos Naturales, tiene jurisdicción primaria en el debate sobre el status político de Puerto Rico, al igual que en torno a la ley Promesa. Bajo Promesa y el plan fiscal que se quiere certificar, la Junta de Supervisión Fiscal que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico -y que solo puede funcionar bajo el status territorial- estaría vigente por lo menos hasta junio de 2026.

En enero, el senador republicano Marco Rubio (Florida) advirtió que, en este momento, el gobierno del PNP debe centrarse en la reconstrucción de Puerto Rico, porque “no tenemos los votos” para avanzar un proyecto proestadidad.


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