Jenniffer Gonzaléz aseguró que su proyecto proestadidad tiene medio centenar de coautores. (semisquare-x3)
Jenniffer Gonzaléz aseguró que su proyecto proestadidad tiene medio centenar de coautores. (André Kang)

Washington - Jenniffer González reafirmó que la intención de su proyecto proestadidad es lograr primero –tan pronto sea ley– la incorporación de Puerto Rico como territorio, contrario a la opinión de expertos legales que consideran que, como está redactada, la medida no lo lograría.

“Siempre va a haber muchos abogados que les encanta formular opinión pública, pero que no están inmersos en el proceso de redacción de medidas. Esta medida es clara, su intención es clara, es inequívoca y cuando venga el proceso de vistas (públicas), todas las áreas serán discutidas”, indicó González, comisionada residente en Washington D.C., en una entrevista.

Abogados de distintas ideologías que han sido entrevistados por El Nuevo Día, entre ellos el constitucionalista Carlos Ramos González y Domingo Emanuelli, han coincidido en que la redacción de la legislación condicionaría la incorporación del territorio -lo que se consideraría una promesa de estadidad- a la aprobación, en otra legislación, del proceso de admisión de la isla como estado.

Pero la comisionada sostiene que la intención de su proyecto de ley es primero incorporar a Puerto Rico como territorio, y crear un grupo de trabajo que estudie los cambios a leyes y los pasos que tienen que darse para la admisión de la isla como estado 51, efectivo el 1 de enero de 2021.

El grupo de trabajo tendría hasta 14 meses para presentar sus recomendaciones al Congreso. Y el proyecto no descarta un nuevo ejercicio de “autodeterminación”.

La medida tuvo como coautores originales a 37 representantes de la Cámara baja. Pero González dice que el número de coauspiciadores se acerca al medio centenar, el número inicial que alcanzó la medida del excomisionado Pedro Pierluisi a favor de la admisión de la isla como estado, que llegó a reunir 110 coauspiciadores.

Jurídicamente, Puerto Rico es un territorio no incorporado, lo que la jurisprudencia del Tribunal Supremo federal define como una jurisdicción que pertenece a, pero no es parte, de EE.UU.

Bajo el territorio incorporado, Puerto Rico tendría que pagar contribuciones federales sin tener aún el derecho a votar por el presidente de EE.UU. ni a elegir congresistas. La legislación promueve que el proceso hacia la admisión sea flexible.

“El proyecto es claro y dice que, una vez se apruebe, Puerto Rico quedaría incorporado en su transición hacia la estadidad”, dijo González, aunque sostuvo que reconoce que “no está escrito en piedra” y puede ser enmendado.

Aunque no hay un proyecto similar en el Senado, donde el liderato republicano ha advertido que el tema de la estadidad para Puerto Rico no está en su agenda, la comisionada reafirmó que el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), coauspiciador de su medida, está comprometido con llevar la legislación este año a una sesión de votación en el comité y en el pleno cameral.

Prevé, además, que un proyecto como el suyo sea presentado en el Senado estadounidense.

Hasta el momento, respecto a Puerto Rico, Bishop solo parece tener en la agenda de su comité, este mes, una audiencia sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La Cámara baja tiene previsto recesar sus trabajos desde el 26 de julio hasta el 4 de septiembre. Luego, tendrá solo 19 días de sesión antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre.

En un mensaje en el hemiciclo de la Cámara baja federal, la comisionada promovió ayer su proyecto proestadidad, y cuestionó cuánto tiempo más puede Estados Unidos mantener a Puerto Rico como una colonia.

“Siendo una nación fundada sobre los principios de la democracia y el consentimiento de sus constituyentes, ¿cuánto tiempo más puede Estados Unidos sancionar una condición en la que millones de sus propios ciudadanos no tienen un voto en el gobierno que elabora las leyes nacionales que afectan sus vidas cotidianas?”, preguntó.

González agregó que “los puertorriqueños no disfrutan de una forma democrática de gobierno a nivel nacional, ya que no pueden votar por el presidente y el vicepresidente de EE.UU. y no tienen una representación con derecho a voto en el Congreso, que todos los días aprueba leyes que afectan su futuro”.

Además, dijo que tras la aprobación de la Ley Promesa, Puerto Rico carece “de una forma democrática de gobierno a nivel local”.

“Un engaño monumental”

Mientras, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá publicó ayer un artículo de opinión en The Hill en el que advierte a los legisladores federales que la medida de la comisionada González es “un engaño monumental”, pues se basa en resultados de un plebiscito en el que solo participó el 23% de los electores, en medio de un boicot de los partidos de oposición.

“Demostrando un alto grado de madurez política, los puertorriqueños, masivamente, declinaron la invitación” de salir a votar por la estadidad, sostuvo Acevedo Vilá, al indicar que la propuesta de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU. obtuvo el total de votos más bajo del último cuarto de siglo, 300,000 menos que en 2012.

Tras la publicación del artículo, la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) circuló ayer una carta a los 435 miembros de la Cámara baja en la que incluyó el artículo de Acevedo Vilá y los exhortó a ser “cautelosos a tomar una posición sobre un asunto que debe ser decidido por la gente que vive en Puerto Rico”.

Velázquez dijo que el Congreso debe proveer un proceso de libre determinación sin imponer una alternativa, sea la estadidad, la libre asociación, la independencia o “cualquier otra opción”.


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