La congresista Nydia Velázquez ayudó a legislar la ley Promesa. (GFR Media) (semisquare-x3)
La congresista Nydia Velázquez ayudó a legislar la ley Promesa. (GFR Media)

Washington -  Los congresistas demócratas Raúl Grijalva y Nydia Velázquez advirtieron ayer al Primer Circuito de Apelaciones federales que es errónea la interpretación del republicano Rob Bishop de que la ley Promesa buscó darle protecciones especiales a los acreedores o limitar la reestructuración de la deuda por la vía judicial.

En un argumento escrito en el que piden ser “amigos de la corte” en una demanda de la aseguradora Ambac en contra del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a cargo de las finanzas públicas, los demócratas Grijalva y Velázquez indicaron que “el propósito de Promesa no fue otorgar a los acreedores de Puerto Rico, incluidos los bonistas, protecciones especiales que no tienen otros acreedores municipales, ni evitar pérdidas a esos acreedores”.

A su vez, rechazaron que la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico por la vía judicial haya sido establecida como el último recurso de la ley Promesa.

Grijalva es el portavoz demócrata en el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, que tiene jurisdicción sobre la ley Promesa. Velázquez es integrante del Comité de Recursos Naturales. Ambos ayudaron a legislar la ley Promesa.

Han respondido a Bishop, quien como presidente del Comité de Recursos Naturales sometió el pasado 29 de junio otro argumento en el que alegó que el estatuto quiso proteger a los acreedores “antes, durante y después” de los procedimientos que establece.

En ese sentido, Bishop había cuestionado que la JSF acudiera a pedir la reestructuración de la deuda inmediatamente que venció en mayo de 2017 la moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno que otorga Promesa.

Los dos demócratas indicaron que el estatuto simplemente exige que Puerto Rico realice "esfuerzos de buena fe para alcanzar una reestructuración consensuada con los acreedores" antes de presentar una petición por la vía judicial.

“Ni el historial legislativo ni el texto legal respaldan una interpretación de Promesa que otorga a los acreedores mayores derechos que los de una reorganización tradicional a expensas de los derechos de los deudores”, respondieron Grijalva y Velázquez.


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