Washington - Ante la reforma contributiva que impulsa en Puerto Rico, la administración de Ricardo Rosselló Nevares busca tener certeza sobre el futuro del crédito federal que reciben las empresas foráneas por el arbitrio de 4% impuesto sobre sus ventas en Estados Unidos.
Ese impuesto, según el plan fiscal certificado, le puede haber dejado $1,900 millones -cerca de 22% del presupuesto-, al erario boricua durante el pasado año fiscal.
Las autoridades locales llevan meses tocando a la puerta del Departamento del Tesoro, bajo el gobierno de Donald Trump.
Las conversaciones habrían tenido más fuerza durante el debate de 2017 sobre la reforma contributiva federal, pero han continuado periódicamente.
El gobierno de Puerto Rico quisiera conocer el camino que pisa antes de intentar legislar este semestre una posible reforma contributiva. El ambiente que encuentran en la capital federal anima a algunos, pero no auguran que haya una decisión pronto.
Cualquier cambio en el crédito federal por el arbitrio local a las Corporaciones de Control Foráneo (CFC) pudiera tener un efecto significativo sobre los recaudos del presupuesto. Y, al redactar la reforma contributiva local que el gobierno de Rosselló Nevares tiene pendiente, las contribuciones que pagan estas empresas son una pieza fundamental.
Cuando el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reunió con Rosselló Nevares y funcionarios de la isla en San Juan, el 19 de julio, manifestó que se trata de un asunto “sujeto a discusiones en curso”.
“El Servicio de Rentas Internas (IRS) ha indicado que la intención era que eso (el reconocimiento del pago del arbitrio a Puerto Rico como un crédito en la planilla federal) sería temporal. Eso ha estado ocurriendo por un tiempo. No discutimos eso específicamente”, indicó Mnuchin entonces a El Nuevo Día en referencia al encuentro que sostuvo con funcionarios del gobierno de Puerto Rico sobre los trabajos de recuperación tras la devastación provocada por el huracán María.
Oficialmente, el gobierno de Rosselló Nevares dice que no hay nada que deba generar preocupación en estos momentos. Las expresiones de Mnuchin hace poco más de un mes tampoco parecen reflejar que haya prisa por tomar alguna determinación.
“El ambiente es increíblemente positivo. (El Departamento del Tesoro) es la mejor relación que tiene Ricardo Rosselló en la administración (Trump)”, indicó Manuel Ortiz, principal cabildero del gobernador en la capital estadounidense.
Cuando las autoridades de la isla han encontrado frialdad en el Tesoro, ha sido en respuesta a planteamientos del gobierno de Puerto Rico, no porque haya interés del gobierno federal en resolver ya el asunto, dijo otra fuente cercana al gobierno de Rosselló Nevares.
“Está fuera de la realidad” cualquier interpretación de que el Tesoro está inclinado a dejar de acreditar el arbitrio, acentuó Ortiz.
La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, se limitó a indicar que el futuro del arbitrio a las Corporaciones de Control Foráneo “es uno de los elementos” que se ha discutido en la capital federal “como parte de la reforma contributiva local”.
El tema ha estado en manos del ahora secretario de la Gobernación y principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico, Raúl Maldonado, hasta hace poco secretario de Hacienda.
Dudas sobre la validez
La fragilidad de la constitucionalidad del crédito federal por el arbitrio de la Ley 154 ha estado en debate desde su aprobación en el 2010.
En 2014, Martin Sullivan, quien ha sido profesor en la Universidad de Rutgers y fue economista en el Departamento del Tesoro, publicó un artículo en el que cuestionó la constitucionalidad del estatuto, por entender que viola la cláusula de comercio interestatal.
Para Sullivan, es evidente que el efecto del impuesto lo sienten las corporaciones realmente en Estados Unidos, no en Puerto Rico. Sullivan ha descrito el crédito federal por el arbitrio como el verdadero rescate financiero para la isla de parte del gobierno de Barack Obama.
“Incluso, si se establece la constitucionalidad del impuesto y se cumplen otros requisitos técnicos para su acreditación, la acreditación es objetable por motivos de política pública porque el principal beneficiario del crédito es el gobierno de Puerto Rico y no las multinacionales”, subrayó Sullivan, en 2014, en un artículo en Tax Analysts.
La semana pasada, Sullivan indicó a El Nuevo Día que, por el carácter temporal del crédito, todavía piensa que es un asunto que puede ser impugnado con éxito en un tribunal.
Después del gobierno de Trump descartar un trato preferente para la isla dentro del nuevo sistema contributivo para las empresas estadounidenses que hacennegocios en el extranjero -las llamadas Corporaciones de Control Foráneo-, la Asociación de Industriales de Puerto Rico consideraría una “infamia” cualquier decisión dirigida a no acreditar el arbitrio.
Pero Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales, cuya organización tiene bajo contrato de cabildeo al excongresista republicano Jerry Weller, afirmó que no tienen “ningún tipo de pista” de que “alguien en el Tesoro esté planificando” algún cambio en el crédito federal al arbitrio de la Ley 154 que afecte a la isla.
“Si eso ocurriera, sería una infamia. Cualquier cosa que le cree a Puerto Rico incertidumbre sería inconcebible”, indicó Masses.
A la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico -y que está a cargo del plan fiscal y el presupuesto de la isla-, tampoco le ha llegado información de que esté en camino alguna decisión.
En estos momentos, la JSF está en un forcejeo con el gobierno de Puerto Rico para que le divulguen “todos los contratos, sea en la forma de decretos de incentivos contributivos o similares, que confieren condonaciones contributivas o alivios contributivos a un contribuyente, desde el pasado 1 de julio”.
Hace unos días, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó en San Juan que las Corporaciones de Control Foráneo deberían considerar “voluntariamente” un aumento en el arbitrio, una propuesta que ha hecho desde antes de aprobarse la Ley 154.
No está claro el contexto reciente de esas expresiones, pues el presidente del Senado no respondió mensajes de este diario.
Pero el nuevo impuesto de hasta el 13.1% -que algunos creen será realmente de alrededor de 10.5%- sobre la propiedad intelectual de las empresas foráneas que establece la ley de reforma contributiva federal y que fue combatido por el gobierno de Rosselló Nevares, pudiera en teoría ser una puerta para un aumento en la isla a las contribuciones de esas corporaciones.
Bajo la nueva ley de reforma contributiva federal, las empresas foráneas pudieran deducir el 80% de los impuestos que se le imponen en el exterior, incluido Puerto Rico, sobre sus ganancias, según un experto.
Pero, tanto fuentes del gobierno como de las manufactureras indicaron que están en espera del reglamento de la ley de reforma contributiva federal, el cual podría publicarse en algún momento del otoño.
Sin llegar aún a conclusiones, Masses indicó que el crédito total del arbitrio de 4% sobre las ventas de las foráneas de la isla en Estados Unidos pudiera ser más abarcador que un 80% de crédito por las ganancias de las Corporaciones de Control Foráneo en la isla.
“Desde el punto de vista de lo que nosotros hacemos (en la Asociación de Industriales), nuestros comités contributivos siempre evalúan alternativas que puedan ser más convenientes para el desarrollo económico”, señaló Masses.
El debate sobre la reforma contributiva federal aprobada en diciembre pasado generó una gran fisura entre Rosselló Nevares, en un lado, y la comisionada González, Rivera Schatz y el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, en el otro.
Rosselló Nevares reclama aún, por lo menos temporalmente, una tasa tributaria más baja para las Corporaciones de Control Foráneo de Puerto Rico por tratarse de una jurisdicción federal.
Mientras, la comisionada residente y el liderato legislativo de la isla promovieron en 2017, también sin éxito, algún lenguaje que convirtiera a Puerto Rico exclusivamente en una jurisdicción doméstica para fines tributarios.
Bajo las normas vigentes, una empresa estadounidense tiene la opción de establecerse en la isla bajo el mecanismo tributario de las Corporaciones de Control Foráneo o como corporación doméstica.
El crédito federal por el arbitrio de 4% a las corporaciones foráneas le dejaría al gobierno de Puerto Rico $1,831 millones en este año fiscal, según el plan fiscal de la administración de Rosselló Nevares. Pero se reduciría a unos $1,200 millones en 2023.
No se ha indicado por qué la reducción proyectada es tan significativa en cuatro años.
De acuerdo con la Junta de Planificación de Puerto Rico, la transferencia de patentes entre empresas foráneas en la isla y sus matrices en Estados Unidos hace una diferencia de $30,000 millones en el estimado del Producto Interno Bruto real de Puerto Rico.
En papel, la economía alcanzó los $104,200 millones en 2017, pero cuando se excluye el valor de las patentes, el número real queda en $70,600 millones, según la Junta de Planificación.
La periodista Joanisabel González colaboró con este reportaje.
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