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Anita Yudkin y Amarlis Pagán durante la conferencia de prensa. (Luis Alcalá del Olmo)

Un informe preparado por una coalición multisectorial que ha vigilado de cerca la respuesta de los organismos gubernamentales federales y estatales ante la emergencia provocada por el huracán María reveló hoy que, a nueve meses del paso atmosférico, la situación que vive el país sigue siendo crítica.

El informe “Justicia Ambiental, Desigualdad y Pobreza en Puerto Rico” destacó la “ineficiencia” de los gobiernos en atender las necesidades de la ciudadanía, específicamente en las áreas de vivienda, alimentación, agua, electricidad y educación.

Las nuevas denuncias se dan a seis meses de que la organización haya presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington D.C., las políticas de atención al desastre que violentaban los derechos de los puertorriqueños y agudizaban la crisis humanitaria. Hoy, dijeron, la situación “no ha mejorado”.     

“No vemos otra salida que acudir a todos los foros internacionales que sean necesarios para denunciar la gravedad de la situación de derechos humanos en Puerto Rico y exigir que se reconozca el contexto de discrimen institucional al que están siendo sometidas las poblaciones más vulnerables”, indicó Annette Martínez Orabona, directora de la Clínica de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.

Ante los hallazgos, presentarán las denuncias ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos para que se exprese sobre “la violación sistemática de derechos humanos en el país". “Es preocupante que al mes de junio persistan los problemas de agua potable y libre de comunicación, que no tengamos políticas sobre seguridad alimentaria; y que la agricultura ecológica y sostenible enfrente trabas gubernamentales que hagan casi imposible su desarrollo”, indicó la profesora Verónica González de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana

Referente al derecho a la vivienda, Amárilis Pagán, en representación de Matria, indicó que todavía hay cerca de 2,300 personas refugiadas en albergues de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) que corren el riesgo de quedar sin albergue al 30 de junio. Mientras, la cifra de la colocación de 60,000 toldos, ofrecida en marzo de este año, no se ha actualizado.

“No hay datos concretos y fidedignos que nos dejen saber si se colocaron toldos adicionales o qué pasó con los primeros toldos. La vida útil de esos toldos es máxima de tres meses, asá que un toldo colocado en diciembre es un toldo inservible que en cualquier momento se rompe”, advirtió Pagán, quien resaltó que no apoyan la relocalización forzosa de familias que perdieron sus hogares.

Como parte de las exigencias a FEMA dijo que antes del 31 de julio la dependencia debe producir estadísticas sobre las reclamaciones atendidas y resueltas, junto con una proyección de las fechas para el desembolso de las ayudas que están pendientes de otorgación.

En el tema de soberanía energética y alimentaria, la licenciada Verónica González de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, indicó que -según la información recopilada en junio- a nueve meses de María la generación de energía está en un 95.2% y en el caso de las islas municipio de Vieques y Culebra estas dependen de generadores y la reparación del cable subacuático que suple energía tardará entre dos y tres años.

Dijo que le solicitaron a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) información dirigida a conocer los posibles daños que recibieron las facilidades de recepción de desperdicios peligrosos u químicos que fueron inspeccionados tras el huracán. La data nunca les fue provista.

“Es posible que personas que antes necesitaban asistencia para adquirir sus alimentos ahora están en posición inclusivo más difícil para satisfacer algo tan básico como dónde comprar comida, esto es un problema de derechos humanos”, enfatizó Narváez sobre el hecho de que a febrero de 2018 solo el 82% de los comercios que operan el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) lo tienen disponible.

En el derecho a la información, la periodista Mari Mari Narváez consignó la lucha legal que tuvieron que iniciar medios de comunicación para obligar al Estado a revelar la información sobre las muertes registradas durante y después del huracán. Hasta el momento el Estado ha mantenido la cifra oficial en 64 fallecimientos, aunque un estudio de la Universidad de Harvard estimó el número en 4,645.


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