El legislador salió del Departamento de Justicia diciendo estar esperanzado de que se continúe la pesquisa que ha sacudido a la Comisión Estatal de Elecciones

La secretaria  de Justicia, Wanda Vázquez, sostuvo ayer  que la agencia insistirá en que el senador  Aníbal José Torres   revele toda la  información y documentos que  “aporten” a la investigación que realiza la División de Integridad Pública de la agencia en contra del juez suspendido y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz.

 Torres, por su parte, insistió -tras su cita con la fiscalía- que compartió con las autoridades “toda la información que en estos momentos considero que es información pertinente”.  

 “Yo no me reservo información... Yo divulgué toda la información que, en estos momentos, considero que es información pertinente. Yo no soy la agencia investigadora. Yo no tengo los recursos que tiene el Departamento de Justicia... para llegar a la conclusión”, expresó el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) al salir de la entrevista.

Torres   llegó poco después de las 10:00 a.m. a  Justicia en compañía de sus abogados José Ariel Nazario y Charlie Hernández. Por parte de la agencia, estuvieron la jefa de los fiscales, Olga Castellón; la directora de la División de Integridad Pública, Mibari Rivera, y la fiscal Yanira Liceaga.

 “Se me preguntó todo sobre la información que hice pública, sobre el documento de la conversación, si conocía a las personas que participaban en esa conversación, si yo estaba como miembro de ese grupo y contesté todas las preguntas, excepto quién me entregó la información”, sostuvo el senador, quien reclamó inmunidad legislativa para no identificar a quien le proveyó la información.

 La semana pasada, Torres reveló un intercambio de mensajes que involucra a varias figuras activas del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre ellas  Ramos Sáenz, la subsecretaria de la Gobernación, Itza García, y la jefa de la Administración para el Sustento de Menores, Waleska Maldonado.

Según el intercambio, Ramos Sáenz no solo participó activamente en las actividades políticas de la colectividad, sino que, además, como parte de sus funciones como presidente   de la Junta de Inscripción Permanente (JIP) en Moca consultó determinaciones antes de emitir la resolución.

No lo cobija

La secretaria de Justicia, por su parte, sostuvo que el senador Torres sí retuvo información que  debió haber compartido durante la entrevista con las fiscales, y lo invitó a reconsiderar esta posición.

Argumentó, además, que al legislador de la Pava no le ampara el reclamo de inmunidad legislativa  en todas las instancias que la ha invocado. 

“Sí, había alguna información adicional que puede ser provista  por el senador, así que invocamos que reconsidere ese planteamiento”,  señaló.

Vázquez argumentó que al legislador no le ampara la inmunidad parlamentaria en algunas  instancias en las que  ha abordado el tema, como expresiones realizadas a través de emisoras radiales. 

“Esas circunstancias no están dentro de lo que ha resuelto la jurisprudencia, así que por eso en aquellas preguntas donde él hizo el planteamiento, nos reservamos el derecho y la potestad de poder reclamar”, sostuvo Vázquez.

 No sabe si asistirá

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, no confirmó si asistirá a la citación que le hizo el Senado como parte de una investigación que realiza ese cuerpo tras la renuncia de Ramos Sáenz a la presidencia de la CEE.

Sin embargo, sostuvo que “nadie” intervino con jueces para cambiar resultados electorales.

“De eso, te vas a enterar más tarde”, dijo.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, citó a Villafañe, así como a García y Maldonado.

Cuando se le preguntó si formaba parte del chat, Villafañe no contestó”.  “Lo que sí voy a decir de salida es que absolutamente nadie confabuló, con ningún juez, resultados electorales”, aseguró.

 Posibles violaciones

El licenciado y catedrático Julio Fontanet indicó que, según la información publicada hasta el momento,  Ramos Sáenz no solo pudo haber violentado los cánones de ética judicial, sino también el Artículo 291 del Código Penal.

 “Aquí hay tres dimensiones. Está la ética de los abogados, la aplicable a los jueces y está también el Código Penal, porque hay algunas conductas antiéticas que pueden violentar disposiciones penales”, señaló Fontanet.

El Código Penal, explicó, castiga a aquellos jueces que adquieren información evidencial fuera del trámite judicial.

“Eso es un delito”, sostuvo. 

Mientras, el Artículo 292,  es aplicable a aquellas personas que influencian indebidamente la decisión del juez.

“Esa influencia indebida se da cuando las partes discuten con el juez fuera del trámite ordinario de un juicio”, expuso Fontanet, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.


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