El legislador Ramón L. Rodríguez Ruiz enfrenta unas imputaciones de agresión sexual que se suman a hallazgos de posibles irregularidades administrativas. (Archivo / GFR Media) (horizontal-x3)
El legislador Ramón L. Rodríguez Ruiz enfrenta unas imputaciones de agresión sexual que se suman a hallazgos de posibles irregularidades administrativas. (Archivo / GFR Media)

El proceso de entrevistas iniciado como parte de la investigación que realiza la Cámara de Representantes sobre las imputaciones de violencia de género contra Ramón L. Rodríguez Ruiz ha revelado una serie de irregularidades administrativas en la oficina del legislador.

Estos señalamientos se suman a las imputaciones de agresión hechas por una empleada con quien el legislador mantenía una relación, así como a las denuncias de un exempleado que negó haberle donado $1,500, contrario a lo que el representante estableció ante la Oficina del Contralor Electoral.

El Nuevo Día supo que uno de los testigos abordados en las entrevistas estableció que el legislador otorgaba contratos de empleo con la aparente expectativa de obtener una fracción del sueldo de cada trabajador a cambio.

Aparentemente, el legislador otorgaba, por ejemplo, un sueldo de $6,500 mensuales y de ese monto el empleado tenía que darle un porcentaje en cada cheque.

La investigación sobre el incidente de violencia de género le fue comisionada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, al licenciado Ernie Cabán, quien tiene como fecha límite para entregarla el próximo 15 de diciembre.

Tras conocerse las imputaciones de violencia doméstica, establecidas por la víctima en una querella ante la Policía, la mujer se retractó de la versión inicial ofrecida a las autoridades y, aunque reafirmó haber sido víctima de agresión, negó que el responsable fuera el legislador, hechos que plasmó en una declaración jurada.

A pesar del cambio de postura, Méndez ordenó la investigación y el Departamento de Justicia, a través de la secretaria Wanda Vázquez, hace lo propio para determinar si procede un referido al Panel del Fiscal Especial Independiente (PFEI), que por disposición estatutaria es quien determinaría finalmente si procede o no la radicación de cargos.

Los hechos ocurrieron el sábado 11 de noviembre en Santa Isabel.

No han recibido nada

Respecto a los delitos en los que pudo haber incurrido el legislador de falsificación de documentos, de comprobarse que mintió ante la Oficina del Contralor Electoral, la Comisión de Ética de la Cámara no ha recibido ninguna querella que les permita asumir jurisdicción en el asunto.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, miembro de la Comisión, confirmó que no tienen ante sí ninguna queja oficial.

“Las querellas, el Código de Ética establece que no requieren conocimiento personal, sino que la persona indique que hay una violación y lo plasme en un documento y lo presente. Ninguno de esos eventos ha ocurrido en este momento”, señaló Márquez.

Rafael Rodríguez Molina, exempleado de Rodríguez Ruiz, negó que le haya hecho algún tipo de obsequio económico al legislador, ya que para ese entonces “no tenía sustento para hacerlo”. Tampoco fue notificado que sería incluido como donante.

Sostuvo que intentó increpar a Rodríguez Ruiz al respecto, pero el representante “dijo que estaba muy ocupado”.

En julio, Rodríguez Molina y otros empleados fueron despedidos por Rodríguez Ruiz, ya que el representante “necesitaba el dinero de nómina completo”. El legislador sí mantuvo en el empleo a la víctima de agresión.

Rodríguez Molina ha dicho que, de ser citado, está dispuesto a acudir ante las autoridades.


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