Jenniffer González parece ser la única integrante del caucus republicano en promover la legislación. (GFR Media) (horizontal-x3)
Jenniffer González parece ser la única integrante del caucus republicano en promover la legislación. (GFR Media)

Washington -  La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, defendió hoy el proyecto de ley que persigue eximir a los gobiernos de Puerto Rico de aportar una porción del costo de recoger escombros y tomar medidas de emergencia que luego le reclaman a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) como reembolso tras la devastación causada por el huracán María.

La legislación fue presentada por el congresista demócrata José Serrano (Nueva York), y tiene como coauspiciadores a González, y los demócratas Luis Gutiérrez (Illinois), Nydia Velázquez (Nueva York) y Darren Soto (Florida), tras la negativa del gobierno de Donald Trump de extender las exenciones que vencieron recientemente.

“Este proyecto nos ayudará a continuar trabajando por nuestra isla para proveerles las herramientas necesarias para la reconstrucción total que Puerto Rico necesita”, indicó la comisionada, quien parece ser la única integrante del caucus republicano en promover la legislación.

La semana pasada, cuando anunció su proyecto de ley, el congresista Serrano sostuvo que un año después del huracán María, es evidente que Puerto Rico no puede hacerse cargo del requisito de costo compartido de la FEMA y exigirle aportar hasta el 25% del costo de esos trabajos lo que hará será “ralentizar y obstaculizar aún más los esfuerzos de recuperación local”.

“Este proyecto de ley extenderá las exenciones de costos compartidos para garantizar que el gobierno federal continúe cubriendo este costo como lo hizo en los estados de la Costa del Golfo después del huracán Katrina ", indicó entonces el congresista Serrano en torno a su proyecto de ley, que tiene como título “Compromiso”.

Desde mediados de agosto venció la exención que había dado FEMA para eximir a Puerto Rico del pareo de fondos que exige la ley por trabajos relacionados al recogido de escombros (categoría A). Mientras, el pasado 15 de septiembre, las autoridades del gobierno de Puerto Rico perdieron el 100% de financiamiento federal por medidas de protección de emergencia (categoría B).

Sin una nueva dispensa, el gobierno federal puede exigirle a Puerto Rico aportar hasta el 25% de los costos.

FEMA no ha dado indicios de que la dispensa vaya a ser renovada, aunque el gobernador Ricardo Rosselló discutió el asunto la semana pasada, en una conversación telefónica, con el vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence.

La semana pasada, 10 senadores demócratas le escribieron a la jefatura de FEMA para indicar que la “inestable condición financiera” de Puerto Rico debería forzar que se reconsidera la decisión de FEMA y otorgar a Puerto Rico una dispensa adicional de 90 días.


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