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El republicano Rob Bishop, uno de los responsables de las asignaciones para atender la emergencia, ha pedido mayor intervención de la Junta Fiscal en la isla. (David Villafañe)

Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quisiera que las diferencias entre el gobernador y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), a cargo de las finanzas públicas de Puerto Rico, se resuelvan por medio del diálogo, porque teme que la pugna retrase el acceso a los fondos de asistencia federal para mitigar la catástrofe que provocó el huracán María.

“Esta pelea del gobernador, la JSF, la capital federal, lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones y el que siga fluyendo el dinero a Puerto Rico y cómo se desembolsa”, indicó González, en entrevista con El Nuevo Día.

La comisionada sostuvo que, antes de que se impongan nuevos obstáculos “para manejar” los fondos federales, “debemos sentarnos en una mesa y buscar cuales son las diferencias”.

González dijo que la semana pasada tuvo una breve conversación con el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), en la que le solicitó una reunión formal para discutir las diferencias entre el gobernador Ricardo Rosselló y la JSF. Bishop ha indicado que la JSF tiene el poder para imponerle al gobernador reformas estructurales, y que, si el gobierno de Puerto Rico no las implementa, según un asesor, entonces podrá exigir más recortes fiscales que achiquen el gobierno de la isla.

Junto a otros republicanos, a Bishop se le atribuye defender las medidas establecidas en la legislación de febrero pasado para atender desastres, que, además de facilitar asignar a la isla cerca de $23,000 millones –del total de $32,000 millones que se ha prometido-, impuso restricciones en el uso de los fondos federales de emergencia, incluso que la JSF tenga el poder para revisar todos los contratos de por lo menos $10 millones y aprobar los planes de recuperación del gobierno de Puerto Rico.

“Le he pedido espacio para sentarnos a discutir las relaciones entre el gobierno de Puerto Rico, la JSF y el Congreso, discutir la agenda de desarrollo económico de Puerto Rico y unos proyectos que estoy trabajando, en los que él es coautor, que tienen que ver con las recomendaciones del task force (que creó el Congreso durante seis meses de 2016 para estudiar iniciativas económicas para la isla)”, indicó González.

La comisionada se opone a que la JSF -como defiende Bishop- pueda impulsar, por encima del gobernador Rosselló, una reforma en el sistema de pensiones y cambios en las normas laborales que reduzcan de 15 a siete días las licencias por vacaciones o enfermedad, eliminen la obligatoriedad del bono de Navidad o la prohibición del despido injustificado.

González considera que como ex speaker de la Cámara de Representantes del estado de Utah, el congresista Bishop conoce que los temas de la reforma laboral le corresponden al gobernador y la Legislatura de Puerto Rico. “Sabe que eso se establece por legislación”, sostuvo González.

A raíz de una carta que Bishop envió a la JSF en apoyo a que adelanten reformas estructurales del gobierno de Puerto Rico, el gobernador Rosselló acusó al republicano de promover ideas antidemocráticas y de solo preocuparse por los bonistas en el debate sobre la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

“Conozco al congresista. Es una persona que ha estado ayudando en todos estos proyectos dirigidos a conseguir herramientas para la isla… No voy a entrar en cómo la gente lo ve o percibe. Mi función no es entrar en un concurso de personalidades. Mi función es lograr resultados y eso incluye sentarme con el presidente de la Comisión (de Recursos Naturales) y con la JSF”, sostuvo.

Antes de que el liderato del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes de Puerto Rico –a petición del gobernador Rosselló, según fuentes de El Nuevo Día- frenara la resolución del Senado que busca cerrar la llave de fondos del gobierno de la isla a la JSF, la comisionada González reafirmó su respaldo a que se le reduzca el presupuesto a la Junta.

“Me senté con la Junta mucho antes del receso (de Semana Santa). Le había planteado (a la JSF) mi objeción a los recortes en las pensiones. Le había planteado también los aumentos al presupuesto de la Junta, con los que estoy totalmente en desacuerdo. Eso fue previo a toda esta carta entre el Ejecutivo y la Junta. He hablado con el gobernador en cuanto a eso”, afirmó la comisionada, aunque acentuó que expresa “una opinión personal” y que la decisión de recortar o quitarle el presupuesto a la Junta Fiscal la tienen “el gobernador y la Asamblea Legislativa”.

González recordó que el gobernador llegó a estar a favor de una reducción en el pago de las pensiones de los jubilados del gobierno, pero dijo que ahora se enfrenta a “pretensiones excesivas” de la JSF, “cuando ni siquiera se ha aprobado una de las recomendaciones de desarrollo económico y (la Junta) no ha tenido un solo éxito”.


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