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La comisionada residente sostiene el proyecto pro estadidad que presentó hoy. (Armando Gallardo / Especial para El Nuevo Día)

Washington - El gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) legislará en San Juan un referéndum estadidad versus independencia, antes de impulsar en el Congreso la aprobación de un proyecto que eche hacia delante la admisión de Puerto Rico como estado 51 de Estados Unidos.

Aunque la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, presentó hoy su “proyecto de admisión”, la medida no podrá ser aprobada hasta conocer los resultados de la consulta que reglamentará el gobierno de Puerto Rico.

Lee el proyecto de admisión aquí

La legislación puertorriqueña buscaría utilizar los $2.5 millones asignados en una ley federal de enero de 2014 que condiciona los fondos a que la secretaría de Justicia federal revise cualquier definición de estatus a incluirse en la papeleta electoral y la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

La medida de la comisionada González no tiene coauspiciadores. Pero, la comisionada González sostuvo que cumple con la promesa de campaña de presentar un proyecto de admisión de estadidad al otro día de jurar en su puesto.

El gobernador Rosselló y el liderato legislativo del PNP decidirán la fecha y el contenido del próximo plebiscito local.

Durante la campaña, se creó la percepción de que el gobierno del PNP impulsaría en Washington un proyecto de referéndum por el cual Estados Unidos le ofrecería la estadidad a Puerto Rico, con las condiciones y requisitos establecidos en esa consulta.

González sostuvo que el proyecto que presentó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos es cónsono con el lenguaje que ella logró incluir en el programa de gobierno del Partido Republicano estadounidense, que requiere ratificar los resultados sobre la estadidad del plebiscito de 2012 antes de impulsar una ley habilitadora para aceptar a Puerto Rico como estado 51.

En momentos en que González presentaba su legislación, el grupo Pro English emitió un comunicado de prensa en el que mantuvo que antes de considerar que Puerto Rico pueda ser el estado 51, el Congreso debe asegurarse de que el inglés es el idioma primario del gobierno de la Isla.

Bajo el proyecto de González, la transición hacia la estadidad tomaría hasta el 3 de enero de 2025.

El excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, a quien Rosselló y González le imputaron durante la campaña no hacer suficiente por la estadidad, había advertido que el Congreso ya respondió a los resultados del plebiscito criollo de 2012 por medio de la ley federal de 2014 que recomienda otro referéndum.

Bajo el lenguaje de ese estatuto, Puerto Rico reglamentaría su propia consulta dirigida a resolver el estatus político. El gobierno federal ofreció además $2.5 millones para financiar la campaña educativa de la CEE, a cambio de que Justicia federal apruebe cualquier definición de estatus que se incluya en la papeleta de votación y la campaña educativa.

González indicó que su proyecto representa, entre otras cosas, la “sangre de miles de boricuas” que han defendido a Estados Unidos en sus guerras sin poder votar por el presidente.


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