Jenniffer González propone  un proyecto que incluiría un referéndum “estadidad sí o no”. (GFR Media) (semisquare-x3)
Jenniffer González propone un proyecto que incluiría un referéndum “estadidad sí o no”. (GFR Media)

Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, prevé presentar un nuevo proyecto de ley en la Cámara de Representantes a favor de la estadidad, pero para que tenga alguna vigencia en esta sesión del Congreso, el gobierno de Puerto Rico tendría que celebrar este año un referéndum “estadidad sí o no”.

Entiendo que debería haber un plebiscito en 2019, pero esa es un área en la que tengo total deferencia a lo que el gobernador vaya a hacer”, indicó González, quien como republicana ha quedado ahora en la minoría legislativa.

Los planes de la comisionada González son impulsar un proyecto –con algún parecido al que que presentó el 4 de enero de 2017– para guiar un posible proceso de admisión de estadidad, si esa alternativa de status ganara una próxima consulta convocada localmente y validada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

La legislación dependería de que se retomen los esfuerzos –que nunca se concretaron para el plebiscito de junio de 2017– a favor de que el secretario de Justicia de EE.UU., como permite una ley federal de enero de 2014, certifique si la papeleta electoral y la campaña educativa de un próximo referéndum cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

En una entrevista, la comisionada González sostuvo que aunque el debate legislativo estará en San Juan, el senador electo republicano Rick Scott (Florida) –quien jura esta tarde en su puesto– también prevé presentar un proyecto independiente proestadidad en el Senado.

Si el gobierno de Puerto Rico decidiera celebrar el próximo referéndum de status junto con las elecciones generales de 2020, cualquier legislación federal para tratar de dar seguimiento a sus resultados tendría que discutirse en la sesión de 2021-2022 del Congreso.

Sin convocar ni siquiera a una audiencia sobre el proyecto proestadidad de González, el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja, el republicano Rob Bishop (Utah), ahora portavoz de la minoría, encabezó en noviembre una carta al secretario interino de Justicia federal, Matthew Whitaker, en la que se pide apoyo a un posible nuevo esfuerzo del gobierno de Ricardo Rosselló por legislar una consulta de status vinculada a la ley federal de 2014.

El nuevo presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha hecho claro, sin embargo, que no tiene el tema del status político de Puerto Rico entre sus prioridades. Pero, Grijalva ha advertido que si se fuera a legislar a nivel federal, todas las alternativas de status deben ser parte de una consulta.

El presidente Donald Trump, por su parte, ha rechazado echar hacia adelante una propuesta de estadidad para la isla, en momentos en que su Departamento de Estado ha tachado los plebiscitos de 2012 y 2017 que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) promueve como votaciones a favor de la estadidad.

La comisionada González había dicho en San Juan que antes de terminar 2018 habría una “expresión contundente” del Congreso a favor de la estadidad.

Aunque también hubo gestiones a favor de una resolución de la Cámara baja, lo que se concretó fue la carta firmada por Bishop, los también republicanos Doug LaMalfa (California) y Don Young (Alaska), y la propia González.

Para la comisionada González, el sector proestadidad y el PNP deben estar agradecidos de Bishop, aunque haya propuesto devolver el debate de status a San Juan.

Según González, Bishop ayudó a sumar coauspiciadores republicanos a su segundo proyecto proestadidad, el 6246 de la pasada sesión, que impulsó incorporar a Puerto Rico como territorio y crear un Grupo de Trabajo del Congreso que estudie los cambios a las leyes que se requieren para convertir la isla en un estado.

Aunque, en 2017, Justicia federal ordenó cambios a la ley original de plebiscito aprobada en la isla, para incluir el status territorial como alternativa, el gobierno de Puerto Rico nunca esperó por la certificación oficial de aquella consulta, en la que en medio del boicot de los partidos de oposición y la más baja participación electoral en la historia de un referéndum de status, la estadidad obtuvo el 97% de los votos.


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