La comisionada residente Jenniffer González habló sobre el proyecto en un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (Suministrada) (horizontal-x3)
La comisionada residente Jenniffer González habló sobre el proyecto en un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. (Suministrada)

Washington - La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, anunció hoy que ha presentado un nuevo proyecto que busca permitir el pleno acceso de los residentes de Puerto Rico al crédito federal por niños dependientes (CTC).

En un mensaje en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la comisionada González indicó que la nueva versión tiene el respaldo de los demócratas boricuas José Serrano (Nueva York), Darren Soto (Florida), y los republicanos Sean Duffy (Wisconsin) y Brian Fitzpatrick (Pensilvania).

"Aunque la mayoría de las familias puertorriqueñas no pagan impuestos federales sobre la renta, sí pagan impuestos federales sobre la nómina. Actualmente, las familias en Puerto Rico pueden usar estos impuestos federales sobre la nómina para reclamar el crédito tributario por hijos si tienen tres hijos o más. Sin embargo, solo el 12% de las familias en Puerto Rico tienen 3 o más hijos", indicó la comisionada.

La idea fue avalada en diciembre de 2016 por el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico y presentada en 2018 por los senadores republicanos Marco Rubio (Florida) y Orrin Hatch (Utah), pero nunca ha avanzado.

Los demócratas, ahora con mayoría en la Cámara baja, suelen ser más cercanos a la propuesta de la extensión del CTC.

Debido a un error técnico, solo los residentes de Puerto Rico con tres o más niños dependientes tienen acceso a un reembolso de hasta $1,400, siempre y cuando rellenen la planilla contributiva federal para solicitarlo.

El proyecto de ley busca expandir el beneficio a los que tienen uno o dos hijos. Se calcula que la legislación puede tener un impacto de $300 millones en la economía de la isla y beneficiar a unas 355,000 familias si se convirtiera en ley.


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