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En la foto, los representantes Carlos "Johnny" Méndez y Antonio Soto. (GFR Media)

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos "Johnny" Méndez y el representante Antonio Soto enviarán hoy una carta a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la que pretenden refutar conclusiones alcanzadas por el ente fiscal sobre el impacto de la legislación que viabiliza las máquinas tragamonedas como parte de las enmiendas al Código de Rentas Internas.

"Basándonos en lo antes explicado, estamos fuertemente en desacuerdo con las conclusiones injustificadas de la JSF y entendemos que, nuevamente, la JSF se excede en sus obligaciones delineadas por la Ley Promesa", indicaron.

En el mismo primer párrafo de la misiva, Soto y Méndez le indican a la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, que el ente fiscal tuvo varias oportunidades, comenzando en octubre de 2018, para revisar preliminarmente si la legislación propuesta era consistente con el Plan Fiscal, "pero prefirió guardar silencio", dijeron.

Ambos legisladores acusan a la JSF de actuar de manera inconstitucional bajo estatutos federales al advertir en una carta dirigida a la Legislatura el 27 de diciembre en que anticipaban los problemas de canibalización de ingresos que provocaría la legalización de hasta 30,000 máquinas y que se reservaban el derecho de detener ese reglón de las enmiendas al Código de Rentas Internas.

"Esa acción (de reservarse el derecho de prevenir la aplicación de una parte del proyecto del Código de Rentas Internas, pero no las demás partes) es inconstitucional bajo ley federal", dijeron Soto y Méndez al citar jurisprudencia federal que supuestamente respalda su argumento.

Al citar un caso de 1998, sostienen que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que un veto de línea no es autorizado por la Constitución de Estados Unidos al violar la doctrina de separación de poderes.

"Si la rama ejecutiva pudiera ejercer el poder del veto de línea, crearía una ley distintiva sin la prerrogativas de la Rama Legislativa y violaría la separación de poderes", indicaron los legisladores. "Si estas acciones fueran tomadas por la JSF, amparándose en las provisiones de la Ley Promesa, una ley federal, sería una violación de la cláusula de presentación y esa determinación sería inconstitucional", indicaron.

Tanto Soto como Méndez señalan que en la notificación del 27 de diciembre, el ente fiscal no expresó una razón sustantiva  que explicara claramente por qué los artículos relacionados a las máquinas tragamonedas son inconsistentes con el Plan Fiscal.

"Ahora, la JSF concluye, sin un estudio económico y sin proveer suficientes razones para haber llegado a su conclusión, que los ingresos del Plan Fiscal están en riesgo, especialmente los ingresos de las máquinas tragamonedas estimados en $137 millones", lee la carta.

Soto y Méndez plantean que el Plan Fiscal Certificado considera que el gobierno recoge $44 millones por el pago de sellos de 23,000 máquinas de entretenimiento, pero que ese cálculo supuestamente está sobrestimado, mientras se menosprecia el verdadero número de máquinas ilegales, que serían entre 40,000 y 50,000. Sostienen también que el gobierno pierde $170 millones al año debido a las máquinas ilegales que operan en la isla.

Según Soto y Méndez, las máquinas de entretenimiento de adultos que operan, mayormente en gasolineras, realmente generan alrededor de $300,000 y con la propuesta gubernamental, los primeros $40 millones de las máquinas "legalizadas" irían al Fondo General.

Así, ambos legisladores refutan señalamientos de la JSF en el sentido de que la legalización de las máquinas tragamonedas canibalizaría los ingresos actualmente generadores por las máquinas en los casinos, que actualmente aportan $21 millones al Fondo General.

En una carta enviada por Jaresko ayer a la directora de la Compañía de Turismo (CTPR), Carla Campos, le indica que los ingresos de los casinos, que representan $137 millones a distribuirse entre $62 millones para la Universidad de Puerto Rico, $54 millones a la CTPR y $21 millones al Fondo General, se verían afectados en la medida en que la mayoría de los clientes de los casinos son boricuas -que tendrían más acceso a las máquinas a ser legalizadas- y no turistas.

La CTPR está encargada de reglamentar el propuesto sistema de máquinas legalizadas y ya sometió a la Legislatura un reglamento que tiene que ser revisado.


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