Jorge Navarro preside la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.  (GFR Media) (semisquare-x3)
Jorge Navarro preside la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. (GFR Media)

El representante novoprogresista Jorge Navarro Suárez dio hasta mañana, martes, al Departamento de Justicia para que se exprese por escrito en torno a la controversia sobre la colegiación compulsoria.

En una carta enviada la semana pasada, Navarro Suárez le indicó a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, que es necesario que esa agencia se exprese respecto a la opinión del Tribunal Supremo sobre la colegiación obligatoria de los técnicos y mecánicos automotrices.

No obstante, el alcance de la opinión del máximo foro judicial ha sido eje de debate, pues ciertos sectores interpretan que da fin a la colegiación compulsoria de todos los profesionales y otros argumentan que solo tiene efecto entre los técnicos y mecánicos automotrices.

Como presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Navarro Suárez tiene ante su consideración la evaluación de una treintena de proyectos de ley dirigidos a abolir la colegiación compulsoria en el país.

“Ante este nuevo precedente judicial, es nuestro interés que nos emita su opinión sobre la aplicabilidad de la misma a las demás profesiones colegiadas compulsoriamente en Puerto Rico”, sostuvo Navarro en su carta.

Al expresarse en octubre sobre la controversia en vistas públicas en la Cámara, Justicia concluyó, en su ponencia, que un reclamo para impugnar la colegiación compulsoria en los tribunales podría quedar derrotado si el Estado puede demostrar, caso a caso, que limitar el derecho a la libre asociación se justifica si existe un interés apremiante que proteger.

Navarro Suárez también envió sendas cartas a los secretarios de Salud y Estado, Rafael Rodríguez Mercado y Luis G. Rivera Marín, respectivamente, para que detallen la situación actual de las juntas reglamentadoras cobijadas por las dependencias que dirigen.

El representante novoprogresista busca conocer el número de vacantes en cada junta, los nombres y las funciones de cada empleado que da servicios a esos organismos, el presupuesto con el que operan y la procedencia de los fondos, entre otros asuntos.

Al comenzar la evaluación de los proyectos de ley, todos de la autoría del representante José Aponte Hernández, el Departamento de Estado indicó por escrito que como único las juntas adscritas podían realizar el trabajo adicional que se les encomendaría al abolir la colegiación compulsoria sería si se les asignan más fondos.

“Si al final del camino resulta que hay que eliminar el carácter compulsorio de la colegiación, tengo que hacer ese trabajo de manera responsable. Tengo que conocer cómo se darían los cursos de educación continua -servicio que brindan los colegios profesionales a un costo más bajo que en el mercado abierto- y necesito saber si el gobierno está listo para asumir todas las responsabilidades de los colegios”, dijo Navarro Suárez a El Nuevo Día.

Se refirió al reclamo de varios presidentes de estas instituciones que han indicado que la cuota obligatoria que pagan sus miembros se utiliza, entre otras cosas, para brindar servicios a la ciudadanía que el Estado no puede brindar.

Navarro Suárez ha anticipado que se inclina a favor de mantener la colegiación compulsoria para algunas profesiones, como los contadores públicos autorizados, los médicos, cirujanos dentistas, ingenieros, los arquitectos y arquitectos paisajistas.

En cambio, el legislador de mayoría descarta la colegiación compulsoria para los diseñadores y decoradores de interiores, los especialistas en belleza, los actores y los productores de espectáculos.

Navarro Suárez ya firmó el informe positivo sobre el proyecto de ley que eliminaría la colegiación compulsoria de los productores de espectáculos.


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