Entre las denuncias, se debate si los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal son funcionarios federales. (horizontal-x3)
Entre las denuncias, se debate si los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal son funcionarios federales. (Gerald López Cepero)

Boston - Un panel de jueces del Primer Circuito de Apelaciones federal expresó ayer preocupación en torno a las consecuencias que tendría sobre los avances del proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico resolver que la ley Promesa incumple con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

Los tres jueces, encabezados por el puertorriqueño Juan R. Torruella, cuestionaron, además, la insistente teoría del gobierno de los Estados Unidos de que si se determina que los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) son funcionarios federales con una autoridad significativa, y que por lo tanto deben ser nombrados directamente por el presidente y confirmados por el Senado estadounidense, se pueda poner en entredicho también la estructura del gobierno electo de la isla.

Fondos de inversiones encabezados por Aurelius, la aseguradora municipal Assured Guaranty y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), en casos independientes que fueron consolidados y que apelan una decisión de la jueza de bancarrota territorial Laura Taylor Swain, coincidieron en sus reclamos en que la ley Promesa violenta el poder constitucional del presidente de hacer nombramientos con el consejo y consentimiento del Senado.

Bajo Promesa, sostienen, se obligó prácticamente al Presidente a escoger seis de los siete nombramientos de la Junta –que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico– de listas presentadas por los cuatro principales líderes del Congreso.

En su decisión del 13 de julio pasado, que desestimó la demanda de Aurelius, la jueza Swain afirmó que los poderes plenarios del Congreso sobre Puerto Rico le han permitido crear la JSF, declararla una entidad territorial y no tener que cumplir con la cláusula de nombramientos.

“En cuanto a Puerto Rico, el Congreso ha ejercido durante mucho tiempo su poder plenario del Artículo IV (de la Constitución estadounidense) para estructurar y definir entidades gubernamentales para la isla”, indicó entonces la jueza Swain.

Theodore Olson, ex procurador general bajo el gobierno de George W. Bush y abogado de Aurelius y Assured Guaranty, buscó convencer al panel de Apelaciones de que, debido a que los siete miembros de la JSF ocupan “una posición creada por el Congreso y ejercen poder significativo bajo una ley federal”, son funcionarios federales de una categoría principal.

Rolando Emmanuelli, abogado de la Utier, coincidió con ese planteamiento. Como Aurelius, el sindicato alega que la JSF es una entidad federal, que sus miembros son funcionarios federales sujetos al control federal y que basan su poder en una ley estadounidense, no en un estatuto puertorriqueño.

Aunque la norma estadounidense permite nombrar funcionarios federales que no ejercen labores de envergadura sin el consentimiento del Senado, la Utier ha mantenido que, aun si los integrantes fueran funcionarios de una categoría inferior, se violenta el orden constitucional que supone que los nombramientos los haga directamente el presidente.

Pero Emmanuelli sustentó su denuncia del estatuto en el anacronismo de la jurisprudencia de los Casos Insulares, que se basan en la era de la esclavitud y tratan a Puerto Rico como una propiedad de EE.UU.

El juez Torruella, quien en sus escritos ha denunciado los Casos Insulares, frenó a Emmanuelli y advirtió que el argumento no tendría eco en esta etapa del caso, pues el Primer Circuito de Apelaciones está obligado a seguir esa jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

“Me destruyó el argumento”, reconoció Emmanuelli, pero hizo claro que es un punto que tiene que plantear por si el caso llegara ante el Tribunal Supremo estadounidense.

Analizan las repercusiones

El juez Torruella y la jueza O. Rogerrie Thompson preguntaron consecuentemente qué pasaría con las decisiones de la JSF si se determina que los nombramientos son inconstitucionales. ¿Si viola la Constitución, cómo dejarlos seguirfuncionando?, planteó Thompson.

Torruella preguntó si había precedente en que se revocaran nombramientos federales por inconstitucionales, pero que pudieran seguir funcionando temporalmente.

La Junta tiene un plan fiscal que obliga al gobierno de Puerto Rico y ha propuesto la reestructuración de cerca de $50,000 millones de la deuda pública de la isla, que ronda los $72,000 millones.

En su demanda, la Utier reclama que las decisiones emitidas por la Junta sean anuladas.

Olson, como representante de los acreedores, propuso que una decisión favorable permita a los miembros actuales de la JSF, aun con nombramientos inconstitucionales, seguir funcionando, sujeto a que “la nueva junta” pueda revisar las decisiones.

La Junta ha dicho en corte que sostiene conversaciones con los acreedores para intentar llegar a acuerdos bajo mediación.

Entre sus argumentos en defensa de Promesa, el subprocurador general de EE.UU., Jeffrey Wall, y el asesor legal de la JSF, Donald Verrilli, insistieron en que por la Junta haber sido creada bajo la cláusula para territorios de la Constitución de EE.UU., que le otorga poderes plenarios al Congreso sobre la isla, no era un requisito que el presidente nombrara directamente los siete miembros del ente sujeto a la confirmación del Senado.

Pero Wall argumentó que, bajo el cuestionamiento de los acreedores, se podría poner en tela de juicio si los gobiernos de los territorios, que emanan de una ley federal, también requerirían confirmación del Senado federal.

Los gobernadores y los legisladores en Puerto Rico, por ejemplo, le respondió Torruella, “no son nombrados”. “¿No ve usted una diferencia?”, preguntó con perplejidad en varias ocasiones. Un cuestionamiento similar hizo el juez William Kayatta.

Wall prefirió tratar de enfrentar a los jueces con un panorama en el que se pueda poner en peligro la estructura de los gobiernos territoriales.

Como amigos de la corte, también argumentaron José Alfredo Hernández Mayoral, a nombre del Partido Popular Democrático (PPD), y Jorge Martínez Luciano, asesor legal de un grupo de 33 funcionarios electos del PPD, encabezados por el portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

Hernández Mayoral pidió al panel de jueces que se centre en determinar si los miembros de la JSF son funcionarios federales o no, y que la decisión no entre a pasar juicio sobre todo el problema “complejo” del significado general de la relación entre Puerto Rico y EE.UU.

Cuando la jueza Thompson le preguntó si Promesa era constitucional, Hernández Mayoral –quien dijo a El Nuevo Día que su comparecencia se basó en el alegato presentado bajo la presidencia del fenecido Héctor Ferrer– indicó que el PPD no tomaba posición. “No puedo extenderme sobre áreas no autorizadas por el cliente”, sostuvo Hernández Mayoral.

Minutos después, Martínez Luciano mantuvo que la cláusula de nombramientos define la separación de poderes de la Constitución estadounidense “y es el antídoto en contra de la tiranía”.

Al salir de la audiencia, tanto Hernández Montañez como el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá se mostraron sorprendidos con la presentación de Hernández Mayoral.

“El PPD aprobó el pasado fin de semana una resolución, por unanimidad, repudiando a la Junta, y para combatirla en los tribunales y en el Congreso”, indicó Hernández Montañez.

Acevedo Vilá dijo que la negativa de Hernández Mayoral de tomar a nombre del PPD una posición sobre la constitucionalidad de la JSF “me dio vergüenza ajena”.

Acevedo Vilá estuvo en la sesión como parte del equipo de abogados de los funcionarios electos del PPD. A su juicio, el debate reflejó que “es un caso complicado”. “Tienen mucho temor de lo que implicaría declarar inconstitucional la Junta, lo que pasaría con la deuda y el gobierno propio de los territorios”, agregó.

Uno de los miembros de la Junta, David Skeel, y el asesor legal de la JSF, Jaime El Koury, asistieron a la audiencia. También acudieron varios legisladores del PPD y el presidente de la Utier, Ángel Figueroa Jaramillo.

Los nombramientos vigentes de la JSF expiran al terminar el mes de agosto de 2019.

Para entonces, se debe haber conocido la decisión del Primer Circuito, que se espera temprano en 2019, y posiblemente también cualquier revisión que pueda hacer o denegar el Tribunal Supremo de EE.UU.

Aunque se tramita independientemente, en julio pasado, mientras la jueza Swain defendió el carácter “territorial” de la Junta, la jueza del Tribunal de Reclamaciones Federales, en Washington D.C. Susan Braden rechazó desestimar una demanda presentada por fondos de cobertura de riesgo al considerar que la JSF es una entidad del gobierno federal.

En esa demanda, los fondos de cobertura de riesgo reclaman que el gobierno de EE.UU. también es responsable dela deuda de Puerto Rico.


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