La jueza Laura Taylor Swain básicamente reiteró que el gobierno estatal tiene la capacidad de entrar en este tipo de entendimiento. (Suministrada) (semisquare-x3)
La jueza Laura Taylor Swain básicamente reiteró que el gobierno estatal tiene la capacidad de entrar en este tipo de entendimiento. (Suministrada)

El pedido del Comité de Acreedores no Asegurados (UCC, por sus siglas en inglés) de paralizar el acuerdo para ajustar voluntariamente la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) fue denegado esta tarde por la jueza de los casos de Título III de Promesa, Laura Taylor Swain

Con la determinación, Swain básicamente reiteró que el gobierno estatal tiene la capacidad de entrar en este tipo de entendimiento aunque, en teoría, se menoscaben los recursos económicos disponibles para pagar lo que se le debe a los acreedores en el proceso de bancarrota bajo el Título III de la ley Promesa.

“Es evidente que el Congreso tenía la intención de preservar la habilidad del deudor gubernamental para llevar a cabo transacciones que afecten sus activos”, estableció la juez en la decisión.

Swain resaltó que el acuerdo entre el BGF y sus acreedores, que está en proceso de ser ratificado, cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, según dispuso el Congreso de EE.UU. en la Ley Promesa. 

Si se completa la transacción, que tiene el aval de 97% de los bonistas que participaron en un proceso de consulta, se reestructuraría alrededor de $4,652 millones de la deuda pública de Puerto Rico, y otros $3,500 millones en depósitos que no han sido honrados, precisó el jefe de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino

“Estamos complacidos con la decisión... Esto es una validación de que los mecanismos que hemos usado en este proceso”, dijo Sobrino al referirse a la ley estatal que facilita la reestructuración de la deuda del BGF y que fue cuestionada por la UCC.

La reestructuración de la deuda del BGF se da bajo el proceso de Título VI de Promesa, que establece un proceso para llegar a acuerdos voluntarios de ajuste de deudas. 

La UCC es una entidad creada bajo el proceso de bancarrota del gobierno que representa los intereses de aquellos acreedores que no tienen una garantía de repago. En este comité hay representación de sindicatos, suplidores y proveedores de servicios del gobierno, entre otras entidades.


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