La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, habla durante una conferencia de prensa el martes, 28 de mayo de 2019. (semisquare-x3)
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal, Natalie Jaresko, habla durante una conferencia de prensa el martes, 28 de mayo de 2019. (Juan Luis Martínez Pérez)

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció que el presupuesto que remitiría esta noche a la Legislatura sería por $9,100 millones, cifra que representa una reducción de $570 millones que lo recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Los ajustes son en las asignaciones al Departamento de Educación, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y las transferencias de fondos a los municipios, precisó la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko durante una conferencia de prensa en la sede del organismo fiscal en Hato Rey.

La ejecutiva indicó que estas diferencias en comparación con la recomendación presupuestaria hecha por el gobernador son subsanables si se logran las eficiencias proyectadas en el plan fiscal vigente.

Por ejemplo, indicó que el uso de tecnología puede ayudar significativamente a reducir los gastos  en el proceso de primarias que maneja la CEE. En total, la Comisión tenía $25 millones más para sus operaciones en este año fiscal preelectororal en el presupuesto recomendado por el gobernador.

La ejecutiva explicó, por otro lado, que las reducciones a los ayuntamientos responden a que el gobernador incluyó en el presupuesto los pagos que se supone que hagan  los municipios al programa “Pay as you go”, que provee fondos para las pensiones de los retirados, y para las aportaciones que desde los ayuntamientos se hace al Plan de Salud del Gobierno, mercadeado bajo actualmente bajo el nombre de Vital. La aportación adicional a los ayuntamientos era de $286 millones y fue justificada bajo la nueva Ley para la Reducción de los Gastos Administrativos Municipales -estatuto objetado por la JSF-.

En cuanto al Departamento de Educación, la funcionaria indicó que lo que hicieron fue ajustar la partida a lo que se anticipaba que sería el gasto en el plan fiscal certificado. Alegó que el gobierno central no pudo justificar un aumento de $262 millones para las escuelas públicas de Puerto Rico como quería el gobernador.

“No es como que redujeron otros gastos en el presupuesto para poder aumentar estas asignaciones”, dijo Jaresko.

La ejecutiva de la JSF indicó que rechazaron el presupuesto del gobernador, tal y como lo presentó, debido a que no contenía el borrador de las resoluciones a ser aprobadas y no cumplía con las disposiciones del plan fiscal vigente, especialmente en lo que respecta a los límites del gasto público.  

“Probablemente el año después (el año fiscal 2021) se esté pagando nuevamente la deuda… Es cierto que se están generando sobrantes en el presupuesto ahora, pero esos sobrantes son para atender las deficiencias del futuro”, añadió Jaresko.

Las proyecciones económicas en el plan fiscal anticipan que ya para el 2024 se habrá disipado el empuje económico que recibió Puerto Rico con las iniciativas de reconstrucción tras el huracán María.

La expectativa de la Junta es que esto eventualmente implique nuevos desbalances presupuestarios. La JSF anticipa que esto estaría ocurriendo en algún momento entre el 2031 y el 2037, dependiendo de la cantidad de reformas gubernamentales y económicas que se logren implantar.

“Esto pondría a nuestros retirados nuevamente en riesgo y Dios prohíba que eso pase de nuevo”, dijo Jaresko.

Actualmente, la Junta impulsa una reducción de cerca de 10% en la nómina de pensiones. Esto se haría mediante un sistema de recortes en las pensiones que reciben los jubilados con ingresos mayores de $1,000. Este ajuste comenzaría en el verano del 2020, dijo la funcionaria.

Jaresko se mostró confiada en que la ley federal Promesa los faculta para imponer estos cambios aun cuando el gobernador se resista tal y como ha anticipado.

“Nosotros nos estamos apegando a la ley”, dijo Jaresko.

Este presupuesto, al igual que el actual, tampoco contempla el pago del bono de navidad de los servidores públicos. Para desembolsar este beneficio marginal de los empleados del gobierno, se tuvieron que recortar otros gastos en las agencias.

Jaresko implicó que, por ejemplo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para poder honrar el bono de navidad paralizó la contratación de personal en áreas operacionales críticas, lo que podría tener consecuencias a mediano y largo plazo.

El proceso que falta

Se supone que una vez la Legislatura reciba el documento comience el proceso de análisis por parte de los legisladores. Para el 10 de junio la Legislatura someta ante la JSF su versión del documento, el cual el organismo fiscal aceptará o rechazará para el 14 de ese mismo mes.

De ser necesario, siete días más tarde la debe someter ante la JSF una nueva versión del documento. Para el 28 de junio el proceso debe haber terminado con la aprobación del presupuesto que regirá los ingresos y gastos del fondo general para el año fiscal que comenzará el 1 de julio de 2019 y terminará el 20 de junio del 2020.


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