El Junte de Mujeres está formado por Carmen Yulín Cruz, María de Lourdes Santiago, Alexandra Lúgaro, Mariana Nogales, María de Lourdes Guzmán y Wilma Reverón Collazo. (horizontal-x3)
El Junte de Mujeres está formado por Carmen Yulín Cruz, María de Lourdes Santiago, Alexandra Lúgaro, Mariana Nogales, María de Lourdes Guzmán y Wilma Reverón Collazo. (GFR Media)

Washington -  El grupo "Junte de Mujeres 2018" ha solicitado un turno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la audiencia de la semana próxima en que examinará dos querellas de sectores estadistas que denuncian que el actual status territorial de Puerto Rico representa una violación de los derechos humanos de los residentes de la Isla.

En una carta enviada ayer a la CIDH, las seis integrantes de la coalición indicaron que quieren que el organismo interamericano entienda que el debate sobre el futuro político de Puerto Rico es un asunto de libre determinación y no meramente de falta de participación en el proceso de formación del gobierno federal.

Como parte de su período de sesiones 169, la CIDH atenderá el 5 de octubre las querellas presentadas por el abogado Gregorio Igartúa y el exgobernador Pedro Rosselló González, que denuncian que Estados Unidos viola los derechos humanos y civiles de los residentes de Puerto Rico al no permitirles ser parte de la elección por el presidente ni elegir miembros al Congreso.

Las querellas fueron admitidas durante la primavera pasada, pero presentadas hace 12 años.

La CIDH ha concedido turnos al exgobernador Rosselló González, a Igartúa y al gobierno de Estados Unidos. Pero, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares y ahora el Junte de Mujeres han pedido ser incluidos en la sesión.

El Junte de Mujeres está formado por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, del Partido Popular Democrático; la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago; la excandidata independiente a gobernadora, Alexandra Lúgaro; la presidenta del Partido del Pueblo Trabajador, Mariana Nogales; la presidenta del Movimiento Unión Soberanista, María de Lourdes Guzmán; y la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Wilma Reverón Collazo.

Las seis dirigentes políticas pidieron a la CIDH rechazar el argumento que se trata de un asunto limitado a la falta de participación en la formación del gobierno federal.

 “El anexionismo es primeramente un asunto político. Pretender transformarlo en un asunto de derechos humanos para saltarse el derecho fundamental a la libertad y la libre determinación de los pueblos, consignada en el derecho internacional es un ardid que debe ser impugnado en este foro.  Validar la imposición del anexionismo en una colonia no tiene cabida en los estatutos y reglamentos que rigen la CIDH”, indicó el grupo en la carta enviada el martes a la presidenta de la CIDH Margarette May Macaulay, y los otros seis comisionados.

Para el Junte, “el sector anexionista evade y elude el debate de 525 años sobre la nación puertorriqueña” y confió en que “la CIDH no consentirá a este atentado”.

"Puerto Rico es una colonia bajo Estados Unidos como potencia administradora. La ciudadanía estadounidense no es un derecho por nacimiento, sino una imposición bajo una ley del Congreso de Estados Unidos. El Congreso mediante legislación puede quitar la ciudadanía a los puertorriqueños que vayan a nacer prospectivamente, contrario a la ciudadanía de una persona que nace en Estados Unidos. Estados Unidos ha sido claro en establecer esa diferencia. Ante este mismo foro lo ha hecho el Departamento de Estado de esa nación miembro de la OEA. Su más alto tribunal ha reiterado que Puerto Rico es un territorio bajo la jurisdicción plena del Congreso de Estados Unidos, el cual concede o elimina derechos políticos mediante leyes a los residentes en el territorio”, agregaron las integrantes del grupo.

Indicaron que los querellantes “expresan ante este foro que en un reciente plebiscito el 97% de los puertorriqueños favoreció la anexión para Puerto Rico”, pero “omiten es que a ese plebiscito solo acudió un 23% de los electores del país porque el resto del pueblo boicoteó formalmente el proceso”.

El gobierno de Donald Trump ha pedido la desestimación de las querellas, bajo el argumento de que Puerto Rico tiene un amplio gobierno propio, celebra elecciones locales, participa en las primarias presidenciales, elige un representante con derechos limitados en la Cámara baja federal y, si quiere, puede celebrar una votación simbólica sobre sus preferencias en torno a los candidatos a presidente de Estados Unidos.

Kevin Sullivan, representante alterno de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), ha indicado que los residentes de la isla tienen la opción de mudarse a Estados Unidos y entonces votar por el presidente estadounidense y miembros del Congreso con plenos derechos.

Sullivan sostuvo que el gobierno federal solo reconoce la victoria de la estadidad en el plebiscito de 2017, aunque incluye en la nota al calce tanto el porcentaje de respaldo, 97%, como la baja participación de 23%. El proceso político de petición de estadidad, dijo, apenas inicia, pero no puede predecir su resultado. 

En su argumentación, el representante de Estados Unidos ignora la imposición de la ley Promesa, que creó un nuevo sistema de bancarrota territorial para reestructurar la deuda pública y una Junta de Supervisión Fiscal que funciona por encima del gobierno electo de la isla.


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