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La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, defendió la eliminación de la Ley 80. (GFR Media) (horizontal-x3)
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, defendió la eliminación de la Ley 80. (GFR Media)

La secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, explicó hoy en un memorial explicativo sometido ante la Cámara de Representantes que el proyecto del Senado 1011, que aplica la eliminación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) de forma prospectiva, no es inconstitucional

“Aunque respaldamos la aprobación del Proyecto de la Cámara 1634, dejamos claramente establecido que nunca hubo expresión por parte del Departamento de Justicia de inconstitucionalidad alguna en la disposición prospectiva en el Proyecto del Senado 1011”, concluyó Vázquez, según el documento sometido ante la Comisión de Gobierno de la Cámara. 

Explicó que la Constitución de Puerto Rico, en su Artículo II sección 12, solo prohíbe de forma expresa la aplicación retroactiva de legislación de naturaleza penal, al disponer que [n]o se aprobarán leyes ex post facto […]. “En esta ocasión nos encontramos ante una legislación que es de naturaleza civil donde dicha prohibición no tiene efecto”, señaló Vázquez. 

Indicó, además, que el Tribunal Supremo ha expresado que “una decisión judicial puede tener tanto efecto prospectivo como retroactivo. Esto, por razón de que “la absoluta retroactividad será la muerte del desenvolvimiento del derecho”. 

“Consideramos que, al igual que el Tribunal Supremo de Puerto Rico cuenta con discreción para determinar el tiempo de la aplicación de sus decisiones dentro de los márgenes enmarcados por la jurisprudencia, la Asamblea Legislativa cuenta con la misma discreción dentro de ciertos límites, entiéndase, que en la aplicación de la ley no se infrinja derechos de estirpe constitucional”, indicó la funcionaria. 

“Al aplicar los fundamentos mencionados y el escrutinio tradicional al Proyecto del Senado 1011, es forzosos concluir que goza de presunción de constitucionalidad y la clasificación que crea entre empleados a quienes cobija la Ley 80 y aquellos para quienes sería derogada es válida y no dista de la práctica consuetudinaria de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes prospectivas”, agregó.

A pesar de su conclusión de no inconstitucionalidad, Vázquez enfatizó que no se debe perder de perspectiva el marco jurídico y económico que atraviesa del país ante la crisis fiscal que atraviesa y la aprobación de la Ley PROMESA.

“Es necesario armonizar la política pública del gobierno de Puerto Rico con las medidas y recomendaciones de la Junta de Supervisión Fiscal”, señaló. 

“El honorable gobernador llegó a un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal para conservar el bono de Navidad y otros derechos laborales a cambio de la derogación inmediata de la ley 80. Ante esa realidad…reiteramos nuestra recomendación de que la medida a ser aprobada se ajuste a dicho acuerdo”, indicó favoreciendo la medida ante la consideración de la Cámara que avala la derogación del estatuto de forma inmediata y de aplicación general.


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