La secretaria de la agencia, Wanda Vázquez, envió un mensaje a las víctimas

La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, anunció ayer que esta semana se conocerá si refiere a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) la investigación contra el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Ramón Rodríguez Ruiz.

En una reunión en la que hizo un resumen del trabajo realizado en el 2017, Vázquez dijo que Justicia terminó la investigación contra el representante, pero no divulgó los hallazgos.

“Esa investigación está lista, está preparada. Esperamos esta semana ya dar la determinación”, sostuvo Vázquez, sobre una de las nueve querellas contra funcionarios presentadas el año pasado.

El pasado 12 de noviembre, Justicia informó que investigaba una querella por violencia de género presentada contra Rodríguez Ruiz por una empleada de éste.

La segunda investigación responde a supuestas irregularidades en la oficina del representante, incluidos supuestos “empleados fantasmas”.

La titular de Justicia no quiso precisar cuál de las dos investigaciones concluyó, y dijo que lo hacía para no afectar el proceso.

Rodríguez Ruiz ha rechazado ambas imputaciones, mientras que la empleada se retractó de la denuncia en una declaración jurada y en expresiones públicas.

El caso de Rodríguez Ruiz fue uno de los que atendió la División de Integridad Pública de Justicia, que, durante el 2017, también recibió nueve querellas contra funcionarios y le dio continuación a otras 10 que estaban pendiente.

Becas Presidenciales

Vázquez destacó que una de ellas era la investigación contra el expresidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Uroyoán Walker y el exrector del Recinto de Río Piedras de la UPR Carlos Severino, que, dijo la funcionaria. “estaba engavetada”.

Cuando se le preguntó si había sido por orden del exsecretario de Justicia, César Miranda, Vázquez indicó que “había un documento de él que decía que se dejara el expediente, que no se continuara con la investigación. Ese documento estaba en el expediente”.

Al ser cuestionado por este diario, Miranda aseguró ayer que esa instrucción respondió a la petición pública que hiciera en noviembre de 2016 el presidente del Comité de Transición del gobierno entrante, Elías Sánchez. En aquel momento, Sánchez cuestionó la razón para que el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) allanara las oficinas de la presidencia de la UPR después de que se supiera que habría un cambio de gobierno y pidió que el caso se le dejara a la nueva administración.

“No era para que se detuviera el caso sino que, ante el reclamo que cuestionaba la pulcritud de nuestro trabajo, optamos por que la nueva administración condujera el final de la investigación”, sostuvo Miranda, al comentar que, junto con el documento de las instrucciones, está el recorte de periódico con las expresiones de Sánchez.

“Esos allanamientos obtuvieron la mayoría de los documentos que se están usando ahora en el caso”, sostuvo Miranda.

En abril de 2017, el caso fue referido a la OPFEI, que sometió los cargos, para los que luego se encontró causa para arresto.

Caso de Lorenzo

Sobre el trabajo de los fiscales, Vázquez reveló que actualmente revisan expedientes de algunos casos criminales abiertos ante la posibilidad de identificar “áreas” para “ampliar la investigación”.

Uno de ellos, el asesinato del niño Lorenzo González Cacho, por el que se acusó a Luis Gustavo Rivera Seijo -conocido como “El Manco”-, quien resultó absuelto.

“Entendemos que el caso amerita que se revise”, expresó Vázquez, al indicar que la acusación en el 2016 “no aclaró los hechos” y “que ese procedimiento no llevó al responsable ante la Justicia”.

También está bajo análisis el caso de la empresa Petro West, imputada de apropiación ilegal de fondos públicos. “Profundizamos en otro tipo de prueba que debió ser considerada”, sostuvo.

El año pasado, Justicia hizo 17 referidos a la OPFEI, 16 de los cuales tienen designado un Fiscal Especial Independiente. Algunos de ellos fueron los casos de los alcaldes de Culebra, William Solís; de Villalba, Luis Javier Hernández; de Río Grande, Ángel “Boris” González; de Santa Isabel, Enrique “Quique” Qestell; el exalcalde de Guaynabo Héctor O’Neill y el exjuez César Mercado Santaella.

Vázquez también resaltó que se evaluaron 373 casos, de los cuales 127 fueron cerrados por falta de méritos y 246 siguen activos.


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