Empleado de la AEE trabajando. (semisquare-x3)
Empleado de la AEE trabajando. (GFR Media)

Si bien la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) favorece el proyecto de ley que establece el marco regulatorio y la política pública energética en el país, sí recomendó una serie de enmiendas, tanto técnicas como sustantivas a la medida durante su participación ayer, viernes, en una vista pública de la Comisión de Energía del Senado. 

Los procedimientos fueron presididos por el autor de la medida, el novoprogresista Larry Seilhamer.

Por ejemplo, en el voluminoso proyecto, de 200 páginas, se consigna que el gobierno mantendrá la titularidad sobre los activos de generación de energía tras ser completado el proceso de privatización.

Por un lado, en la Ley 120-2018, con que se autorizó la privatización de la AEE, se abre la puerta a concesiones en el ámbito de transmisión. distribución y venta de activos en el área de generación de energía.

La AEE alertó ayer que, tal como está el proyecto radicado, no se podrían vender activos de la corporación pública y si esta será la política púbica -y Seilhamer así lo ha manifestado-, entonces se debe enmendar la Ley 120-2018 para aclarar el lenguaje. 

La AEE advirtió, en una ponencia firmada por su director ejecutivo José Ortiz, que el proyecto 1121 no establece una limitación para que una sola compañía se haga cargo de las concesiones, a la vez, tanto de la transmisión y distribución como de la generación de energía. 

“Entendemos conveniente que existan concesionarios independientes para la operación y mantenimiento de las funciones de transmisión y distribución y otro independiente para operación y mantenimiento de la generación”, lee la ponencia.

Seilhamer ha dicho que favorece una sola compañía encargada de la transmisión y distribución y varias -pero diferentes- para la producción de energía. 

La corporación pública también recomendó que se enmiende el proyecto para establecer que ninguna compañía privada podría controlar el 50% o más de la generación.

“Esto para asegurarnos que ninguna compañía obtenga más del 50% y pueda ello convertirse en un monopolio”, lee la ponencia.

La compañía de la luz también objeta que en la pieza legislativa se establezca como fecha límite el 31 de diciembre de 2019 para que se completen todas las transacciones de concesiones de generación y de transmisión y distribución. La gerencia de la AEE recordó que la quebrada corporación pública se encuentra bajo el proceso de Título III de la Ley Promesa, por lo que recomienda que se flexibilice la fecha propuesta y que se incluya lenguaje para que estas transacciones no choquen con el proceso de quiebra.

La AEE también critica los poderes adicionales que en el proyecto se le conceden al Negociado deEnergía. Para tener una idea, sostienen que el negociado podrá fiscalizar, pero no regular a la corporación pública y su junta de gobierno.

En caso de que se insista en el lenguaje de la medida, se debe establecer que el Negociado de Energía no podrá regular a la Junta de Gobierno. Esta distinción se hace para evitar que el Negociado de Energía también tenga el poder de regular las juntas de gobierno de los concesionarios privados de energía. 

Igualmente se señala en la ponencia de la AEE que el mecanismo para la selección de integrantes de la Junta de Gobierno de la AEE se debe mantener inalterado en la medida en que en la actualidad el gobernador puede nombrar a su discreción a cuatro de los siete integrantes del cuerpo rector. En el Proyecto de la Senado 1121 esa libre discreción del gobernador se limita a un integrante.

Otros señalamientos de la AEE van en la dirección de que existe oposición a que se tipifique como violaciones al Código Penal el que el director ejecutivo o los miembros de su junta lleven un “patrón de incumplimiento continuo” con las órdenes del Negociado de Energía.

Sostienen que la disposición es discriminatoria porque no se exponen al mismo castigo integrantes de juntas de concesionarios privados. 

Además, señaló Ortiz que no se le puede coartar el derecho a la AEE de retar determinaciones del Negociado de Energía en los tribunales.

La AEE se opone a que toda solicitud de interconexión a la red eléctrica de generadores pequeños de electricidad será aprobada automáticamente si la petición no es atendida en 90 días. 


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