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Carlos “Johnny” Méndez (izquierda) y  Thomas Rivera Schatz. (GFR Media) (horizontal-x3)
Carlos “Johnny” Méndez (izquierda) y Thomas Rivera Schatz. (GFR Media)

Los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes han demandado este lunes a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) alegando que el organismo federal ha usurpado sus poderes.

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En un recurso adversativo, Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez han solicitado a la jueza Laura Taylor Swain que emita una sentencia declaratoria y un interdicto contra el organismo federal creado por la Ley federal Promesa alegando que la JSF se excede en su autoridad y que busca imponerle medidas “punitivas”, una vez esa rama de gobierno se negó a derogar la Ley 80 de 1976.

“Contrario a lo que cree la JSF, el Congreso no transformó a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en ‘un sello de goma’ de la Junta y la Junta no puede rebasar los límites de su autoridad impuesta por el Congreso con tácticas de mano dura”, reza la demanda de los líderes legislativos.

El reclamo de la legislatura supone un tranque definitivo entre el gobierno de Puerto Rico y la JSF, luego de que la semana pasada, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares demandara por razones similares al organismo federal.

La demanda busca que se reconozca el presupuesto adoptado por la legislatura para el año en curso, en lugar de que se implemente el presupuesto certificado por la JSF el pasado 30 de junio.

En dólares y centavos, el presupuesto certificado por la JSF exhibe una diferencia al alza de unos $49 millones en relación al presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 29 de junio y convertido en ley días más tarde con la firma de Rosselló Nevares.

Sin embargo, la versión certificada por la JSF, que se produjo luego de que el organismo federal concluyera que el ejercicio presupuestario de la Asamblea Legislativa no era cónsono con el plan fiscal, hace recortes en diversas agencias del gobierno y a proyectos asigna fondos a iniciativas que no tenían la misma prioridad para esa rama de gobierno.

En el caso de la Legislatura, reza la demanda, el presupuesto se recortaría en 20%, lo que los presidentes legislativos catalogan como un castigo, una vez esa rama de gobierno se negó a eliminar la ley que concede ciertas protecciones a los trabajadores del sector privado en caso de ser despedidos de manera injustificada.

El recurso adversativo de Rivera Schatz y Méndez se suma a sobre 75 demandas que se han interpuesto en los pasados dos años, contra la JSF y contra el gobierno puertorriqueño como secuela del impago de la deuda pública.

Empero, el recurso adversativo -que se da bajo el contexto de los casos de Título III- es el primero que se radica desde la rama legislativa y aunque no cuestiona la constitucionalidad de la JSF, plantea que los poderes conferidos al organismo federal que rige las finanzas de Puerto Rico son “robustos”, pero no con el alcance o poder para “anular” leyes y actuar “unilateralmente” como fue el caso de la Junta de Control Fiscal creada por el Congreso para Washington, D.C.

“La política pública la avala el pueblo de Puerto Rico, a través de los oficiales electos en la Asamblea Legislativa, no una junta de supervisión, la más burda expresión del poder del imperio sobre la colonia”, indicó Méndez en declaraciones escritas.

El líder de la Cámara baja dijo que “la Legislatura está para servir al pueblo, para velar por sus intereses y para ser su voz. Esta premisa es la piedra angular de todo gobierno democrático y nosotros defenderemos este principio en todo foro”.

“Mientras ellos (la JSF) responden a sus intereses, nosotros no claudicamos y velamos por los de Puerto Rico”, dijo por su parte, también en declaraciones escritas, Rivera Schatz. “Aún cuando la JSF es la evidencia más contundente de que Puerto Rico es una colonia, eso no le da el derecho de querer usurpar los poderes conferidos a la Asamblea Legislativa, no tan sólo por quienes decidieron democráticamente elegir a sus representantes y senadores, sino por el sistema republicano de gobierno que dispone el poder legislativo, ejecutivo y judicial”.

La semana pasada, cuando Rosselló Nevares anunció su demanda, la JSF indicó que se defenderá “enérgicamente” de cualquier acción judicial en su contra.


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