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El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez. (GFR Media)

El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, anticipó hoy, martes, que el proyecto de ley que viabilizaría la entrada en vigor del plan que crea la nueva Junta Reglamentadora del Servicio Público (JRSP) sufrirá enmiendas, aunque no las detalló.

Este plan propuesto por el poder ejecutivo coloca bajo una misma sombrilla a la Comisión del Servicio Público, la Comisión de Energía, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Administración de Energía de Puerto Rico -que nunca ha sido constituida- y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor. La JRSP se dividiría en tres negociados: el de Energía, el de Telecomunicaciones y el de Transporte y Otros Servicios Públicos.

La postura de Méndez supone un posible choque entre la Cámara baja y La Fortaleza en torno a la aplicabilidad de la ley de Nuevo Gobierno, que establece el marco legal para echar a andar este plan de reorganización y otros cuatro presentados por el ejecutivo. La ley dispone que los planes no son enmendables por la Legislatura, pero también establece que nada establecido en el plan, en este caso el de la JRSP, podrá ser puesto en vigor si no está establecido en el Proyecto de la Cámara 1408, discutido hoy en vista pública.

“Si las enmiendas que vamos hacer no son compatibles con el plan, rechazamos el plan y el ejecutivo lo cambia y lo ajusta a lo que llevemos en la enmienda”, dijo Méndez en un aparte con periodistas en medio de la vista pública presidida por el representante Jorge Navarro.

El lunes, de otra parte, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) estableció en una de tres cartas enviadas al gobernador que visualiza a la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) como una entidad independiente. Con el plan de la JRSP sería ubicada bajo dicha sombrilla.

“El proyecto dispone que tenga independencia de criterio. Cuando miras el proyecto bien, une varias entidades que se dedican a la fiscalización de utilidades, pero mantienen la independencia de criterio en términos de ingresos y de toma de decisiones”, dijo Méndez.

En su turno ante la Comisión de Gobierno, el ingeniero José H. Román Morales reiteró la que ha sido su postura desde el inicio del proceso: oponerse a la ubicación de la CEPR bajo una sombrilla, esbozando el argumento de que se le resta poderes al ente regulador del mercado energético del país.

“Ante la posibilidad de la transformación de la Autoridad (de Energía Eléctrica) de una entidad pública a una entidad privada, dicho ente (regulador) debe ser uno especializado y dedicado exclusivamente a la atención de los asuntos energéticos del país”, dijo Román.

El funcionario, comisionado de la CEPR y actualmente su presidente interino, ofreció varios ejemplos de cómo se vulnera la capacidad de la CEPR al ser ubicada bajo la JRSP.

Según el plan de reorganizacion, cada negociado sería dirigido por un comisionado -de libre remoción del gobernador- y las decisiones finales de cada uno podrán ser revisadas por el pleno de la JRSP. “Las determinaciones del área de energía serán revisadas por expertos en otras materias”, dijo Román en alusión a los comisionados de Telecomunicaciones y Servicio Público a ser nombrados. Señaló que las decisiones en la CEPR actualmente son tomadas por los comisionados y el presidente, mientras que en el esquema propuesto las determinaciones sólo recaerían en la figura de un comisionado.

Román también cuestionó que el presupuesto de la CEPR, que asciende a poco menos de $7 millones e incluye aportaciones de empresas privadas, será destinado al Fondo General y de ahí saldrá el presupuesto de la JRSP. Según dijo, la ubicación de la CEPR en la JRSP no implicará en un ahorro.

De otra parte, criticó que el proyecto menoscaba la independencia de la CEPR en contratar personal ya que se dispone en el proyecto que las contrataciones tendrán que ser consultadas con el presidente de la JRSP.

La Oficina Independiente de Protección al Consumidor, ubicada actualmente bajo la CEPR, se opuso al plan de reorganización también. Su comisionado, José Pérez Vélez, alertó que mientras esta oficina recibe querellas de ciudadanos relacionadas a todo servicio de energía en el país, sea público o privado, sus fallos administrativos serían revisados por la JRSP.

“(Esto provoca) De facto, el arrebato de la independencia que tiene que existir entre el representante legal de los consumidores  y el foro principal en el que se ventilan las controversias”, dijo.

De otra parte, mientras el presidente de la Comisión de Servicio Público (CSP), con un presupuesto anual de $5 millones, se expresó a favor de la creación de la JRSP, cuatro comisionados de la CSP se oponen al concepto. Entre otras cosas, Jonathan Bonet Rivera, Alcides Martínez Valentín, Lewis Dorta Mowery y José Cordero Serrano, esbozan que jurisprudencia del Tribunal Supremo dispone que nombramientos de funcionarios como lo son ellos, a término y a cargos cuasi judiciales, son tan relevantes que no se les puede despojar del cargo sin justa causa.

Los comisionados, que firmaron una ponencia en conjunta, alertaron que bajo el esquema propuesto se establece en una sola persona todo el poder decisional, en este caso en el Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.

“Somos del entendido que esta reorganización, en su forma procesal, crea incertidumbre y un panorama de especulación que atenta contra el ambiente de certeza que debe permear en el ambiente de las utilidades y el transporte público”, lee la ponencia.

En el caso de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, su presidenta Sandra Torres endosó el proyecto como un “gran acierto”.

“Esta consolidación no afectaría la implementación de la política pública dispuesta en cada ley orgánica, como la Ley 213 en el caso de las telecomunicaciones. Por el contrario, se estarían administrando los recursos del gobierno de manera eficiente y responsable, centralizando las tareas administrativas de las distintas agencias…”, dijo Torres.


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