María Milagros Charbonier y Víctor Parés durante la sesión. (semisquare-x3)
María Milagros Charbonier y Víctor Parés durante la sesión. (Ramón “Tonito” Zayas)

Tras dos horas y media de debate, la Cámara de Representantes aprobó hoy a viva voz el proyecto sustitutivo que dispone un nuevo Código Civil para regir a los ciudadanos puertorriqueños, en donde se retuvo los 21 años como la mayoría de edad, se eliminan 12 de las causales de divorcio y donde se prohíbe la “comercialización del vientre”, lenguaje que las minorías han interpretado como una limitación a la maternidad asistida.

“Es un Código Civil que atempera a los tiempos modernos la realidad que está viviendo el pueblo de Puerto Rico. Le brinda una herramienta nueva a la sociedad para que pueda regir esa conducta civil y, a la misma vez, reconoce los derechos que a través de generaciones de generaciones han ganado los ciudadanos de Puerto Rico”, señaló el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

“Reconocemos que quizás no sea el documento que todos hubiésemos querido que sea, pero ha sido un proyecto producto de la discusión de la mayoría y de minorías y que atempera la realidad histórica que vive el pueblo de Puerto Rico”, reconoció el líder legislativo.

En su presentación, la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, María Milagros Charbonier, señaló que el “código es el producto final de décadas de estudio, análisis, investigación, redacción y discusión y responde a las realidades y necesidades de nuestro tiempo y de nuestro y pueblo y constituye un instrumento eficaz para la transformación de Puerto Rico en una sociedad de vanguardia”.

La propuesta, señaló Charbonier, incluye una serie de medidas que impactan el libro de instituciones de familias, como la Ley de Adopción (Ley 61-2018), la Ley para permitir la modificación de las capitulaciones matrimoniales (Ley 62-2018), así como los estatutos que permiten el matrimonio y el divorcio ante un notario.

Sobre el libro de instituciones familiares, específicamente en el tema de matrimonio, Charbonier indicó que recoge la jurisprudencia federal que reconoce el matrimonio entre personas del mismos sexo, prohíbe el matrimonio para menores de 18, le exige a todo contrayente a someterse a análisis y exámenes médicos para detectar la existencia de enfermedades de transmisión sexual y  se añade el requisito de someterse a una prueba de VIH/Sida, cuyo resultado debe ser divulgado a la otra parte contrayente.

También, agregó, incluye conceptos a la igualdad de los cónyuges, las obligaciones entre estos y sus obligaciones hacia la familia. Asimismo, reconoce como únicas causales de divorcio la ruptura irreparable y el consentimiento mutuo, ya sea por petición individual o en conjunto. En el código civil actual existen 12 causales de divorcio.

Con relación a lascapitulaciones matrimoniales dijo que se establecer la norma de inmutabilidad de estas y del régimen económica matrimonial incorporado en la Ley 62-2018. “Este Código establece que los que se unan en matrimonio podrán antes y después de celebrado el vínculo, seleccionar el régimen económico conyugal relativo a sus bienes presentes y futuro”, expuso la representante.

El representante popular Luis Vega Ramos lamentó -entre otras cosas- que se prohíba la eutanasia. Sostuvo que sobre este particular debió haber habido un debate más amplio y sosegado que “incluir una oración en un artículo del Código prohibiéndolo absolutamente”.

El lenguaje que prohíbe la comercialización del vientre fue uno de los mayores señalamientos de Vega Ramos.

“Uno de los elementos más preocupantes es que prohíbe la maternidad asistida o subrogada. Me preocupa que se prohíba cualquier tipo de contrato donde los padres que adoptan se comprometan con los gastos médicos, de alimentación, techo o vivienda de la mujer que presta su cuerpo para que otra familia pueda tener un hijo o una hija”, expresó el representante popular, Luis Vega Ramos.

“Desgraciadamente a esa prestación noble que incluye hasta el riesgo a la salud de esa mujer, no se pudo encontrar un lenguaje que permita que eso se pueda proteger y se deja para una legislación posterior. El problema es que al dejarlo para una legislación posterior, si se aprueba esto, pero no se legisla el posterior, queda todo prohibido”, indicó.

El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, sostuvo que el documento que pasa ahora a la consideración del Senado “padece de limitaciones, padece de unas visiones conservadores incluso con nombre y apellido, con visiones hasta religiosas…”. 

“En el siglo 21 que estamos viviendo debe haber una equidad en todas las relaciones sociales que existen. Que la gente quiera como le dé la gana, que la gente viva y duerma con quien le dé la gana y se relacione como sea. De eso se trata el siglo 21 en el que vivimos”, agregó el representante independentista.


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