María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión cameral de los Jurídico. (GFR Media) (semisquare-x3)
María Milagros Charbonier, presidenta de la Comisión cameral de los Jurídico. (GFR Media)

Sin vistas públicas, la mayoría penepé en la Cámara de Representantes aprobó esta tarde, a viva voz, el proyecto de ley que busca restringir el aborto.

Al aprobar la medida sin enmiendas, el proyecto pasa a La Fortaleza para la firma del gobernador.

El gobernador Ricardo Rosselló ha dicho que no firmará ningún proyecto sobre el aborto que choque con la jurisprudencia federal que reconoce el derecho de la mujer a decidir sobre si termina un embarazo.

Al justificar la decisión de bajar a votación el proyecto sin vistas públicas, la representante María Milagros Charbonier sostuvo que el proyecto fue evaluado -en su versión original- en el Senado, donde se recibieron 35 ponencias y 24 personas se expresaron a favor.

El Departamento de Salud y el Departamento de Justicia levantaron cuestionamientos legales en contra del proyecto, aunque en su versión original. Nunca tuvieron la oportunidad de expresarse sobre la medida enmendada en el Senado.

“Tomamos la decisión de no hace vistas públicas porque el proyecto, como está presentado, está de acuerdo con los parámetros de la jurisprudencia federal”, dijo Charbonier al defender la medida en el hemiciclo.

“Este proyecto, luego de haber hecho un estudio, nos parece que cumple con los parámetros constitucionales y de jurisprudencia federal e incluso bajo la jurisprudencia de Puerto Rico”, insistió.

Uno de los efectos de la medida es que obliga a toda menor de 18 años a requerir el consentimiento de su padre, madre o menor para realizarse un aborto. En caso de no obtenerlo, puede ir al tribunal a solicitar una autorización.

“Cada padre o madre tiene el deber de velar por las actuaciones de sus hijos. Esto es significativo”, dijo Charbonier.

Al asumir un turno en contra de la pieza legislativa, el representante popular Luis Vega Ramos tronó contra la mayoría al pretender aprobar la medida “fast track, sin vistas, sin enmiendas” y sin circular un informe positivo entre los miembros de la minoría de la Comisión de Gobierno de la Cámara.

“Si bien es cierto que el proyecto de ley tiene algunos ámbitos que recogen normas plasmadas en reglamentos, crea un nuevo concepto judicial y obligar a una menor de edad a ir al tribunal al tratar de defender sus derechos reproductivos”, afirmó Vega Ramos.

La reglamentación vigente no establece una edad mínima para que una menor se someta a un aborto. Sin embargo, el estado de derecho le permite consentir a una relación a los 16 años y con el proyecto se les prohibiría terminar un embarazo por decisión propia.

Vega Ramos hizoa alusión a ese artículo del proyecto y a otro que obliga a médico a tomar todos los pasos necesarios para salvarle la vida a un niño nacido de un aborto fallido, aún cuando nazca con una condición que comprometa su vida.

“Nadie, en el ejercicio de su responsabilidad en este hemiciclo puede llegar una conclusión final sobre las consecuencias de estos dos artículos”, dijo Vega Ramos. “Nadie puede decirles a las mujeres de todas las edades en Puerto Rico que se están evaluando responsablemente estos dos artículos”.

Vega Ramos intentó, sin éxito, que se aprobara una moción para devolver la medida a la Comisión de los Jurídico para que se celebren vistas públicas.

En el caso del representante independentista Denis Márquez, denunció que el proyecto no persigue resolver un problema sino “complacer una visión social, religiosa, fundamentalista”.

“Viene de personas que su interés no es adelantar política pública sobre servicios médicos o sobre derechos humanos o sobre los derechos de las mujeres a tomar la decisión que mejor entiendan sobre su cuerpo, sino que está enmarcado más allá de la jurisprudencia… hay gente que piensa que el escaño legislativo es un púlpito”.

Márquez sostuvo que la visión de la Legislatura penepé es imponer una visión de mundo “por encima de los derechos humanos”.

“Eso es terrible en cualquier sociedad que pretenda llamarse democrática”, dijo.

Eva Prados, portavoz del Movimiento Amplio de Mujeres, condenó la acción de la Cámara.

"Es una barbaridad de la Cámara. Es atroz que le digan al país que van a hacer vistas públicas y que bajen esto de manera atropellada sin dar espacio a la discusión y sin dar espacio a escuchar los diferentes grupos que han manifestado la oposición al proyecto, incluyendo agencias de gobierno", dijo Prados a aludir a la postura del Departamento de Justicia y el Departamento de Salud.

"Este proyecto para nada es apoyado por las organizaciones de mujeres", agregó. "Están respondiendo a grupos religiosos y no hay base legal ni hay una necesidad de atender un problema de salud pública".

Nirvana González, también del Movimiento Amplio de Mujeres, planteó que era necesario celebrar vistas públicas al tratarse de un proyecto de ley muy distinto al que se discutió originalmente en el Senado.

"Hubiera sido positivo abrir la puerta al debate", dijo González. "Sin vistas públicas o por descargue no permite la participación ciudadana y nos parece una violación a nuestros derechos como ciudadanos. Es una falta de democracia cuando ellos dicen que defienden tanto la democracia".

Por su parte, Mayte Bayolo, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó que el informe positivo bajara hoy, el mismo día en que se aprobó.

"Hoy mismo baja a votación de manera apresurada. La ACLU reitera su oposición al proyecto. Nuestros legisladores no contemplan que en la aplicación el proyecto es inconstitucional. Puerto Rico, al aprobarse esta ley, tendrá más desprotegida a una población ya sumamente vulnerable. Y, este proyecto no responde a una necesidad real ni llena un vacío jurídico, ya que uno no existe".


💬Ver 0 comentarios