La medida ahora pasa para consideración en el Senado. (GFR Media) (semisquare-x3)
La medida ahora pasa para consideración en el Senado. (GFR Media)

La Cámara de Representantes aprobó en la sesión de hoy, lunes, extender a ocho años el periodo de expiración de la licencia de conducir como medida para atender los históricos problemas y retrasos que enfrentan los ciudadanos en los Centros de Servicios al Conductor (Cesco) a través de la Isla.

El proyecto de la Cámara 2036 -luego de enmiendas presentadas en sala- igualmente le permitirá a los ciudadanos renovar la licencia de conducir 150 días antes de la fecha de expiración. Actualmente, el tiempo previo es de 60 días.

“Redunda en un beneficio de inmediato al pueblo de Puerto Rico, bajando las filas en los Cesco y acortando el tiempo en el que tienen que ir a los Cesco nuestros constituyentes”, expresó el autor de la medida, José “Memo” González.

Inicialmente la propuesta era extender a diez años el período de expiración de la licencia, pero dicho término confligía con el término de vigencia de ocho años de la identificación en formato “Real ID”, un instrumento válido para acceder a agencias e instalaciones federales y realizar vuelos domésticos en líneas aéreas reguladas por el gobierno de los Estados Unidos.

“Es un proyecto que va a beneficiar a todos los ciudadanos y constituyentes”, señaló González al indicar que esta medida y otras que aun están en el trámite legislativo son el resultado de un intercambio de opiniones durante visitas sorpresas a los Cesco.

Mientras, la Cámara de Representantes aprobó también una medida tripartita que extiende de cinco a 30 días el término que tiene un ciudadano para apelar una sentencia de desahucio emitida en su contra.

“Lo que estamos buscando con este proyecto es restituir un poquito de justicia y, obviamente, asegurarnos de que se cumple con el debido proceso de ley para que esa persona contra la que el tribunal ha emitido un dictamen separándolo de su propiedad, que tenga 30 días, como cualquier otro caso”, dijo sobre el Proyecto de la Cámara 1888.

Actualmente, el Código de Enjuiciamiento Civil fija en cinco días el término para que la parte perjudicada por la sentencia de desahucio presente un recurso de apelación, lo que -estableció Meléndez- hace prácticamente que un demandando pueda radicar un recurso para detener la orden.

Meléndez destacó, además, que se trata de un proceso que requiere de la asesoría de un abogado, lo que puede resultar oneroso para un ciudadano que, evidentemente, enfrenta una situación económica difícil. El perjudicado, igualmente tiene que cumplir con sellos de rentas internas que ascienden a $102.

“Si tenemos una persona que no pudo pagar su residencia o que no pudo pagar su hipoteca, su alquiler…de dónde va a sacar los recursos para conseguirse un abogado en cinco días para que radique un delito de apelación”, cuestionó Meléndez.

“Hay un issue de debido proceso de ley… hace imposible que esa persona busque un abogado y que una vez el evalúe el expediente, pueda preparar una apelación en tan solo cinco días. Eso es un trámite procesal que es complicado, no todo el mundo lo hace y, es un proceso que cuesta”, sostuvo el representante que presentó la medida junto al popular Ramón Luis Cruz Burgos y el independentista Denis Márquez.

Ambas medidas pasan ahora a la consideración del Senado.


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