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El Proyecto del Senado 341 fue presentado por José Vargas Vidot, en unión a los representantes populares Miguel Pereira y Eduardo Bhatia. (semisquare-x3)
El Proyecto del Senado 341 fue presentado por José Vargas Vidot, en unión a los representantes populares Miguel Pereira y Eduardo Bhatia. (Gerald López Cepero)

La Asamblea Legislativa aprobó y asignó fondos ascendentes a $8.7 millones, generados por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU), para diversos proyectos.

Del mismo modo, el Senado le dio el visto bueno a un proyecto que impediría que un usuario de opioides que busque asistencia médica, o una persona que lo ayude en el trámite, se expongan a ser procesados criminalmente.

El Senado le dio el visto bueno, sin enmiendas, a la versión del proyecto presentado por la Cámara de Representantes, mientras que hoy, martes, la Cámara baja hizo lo propio con la versión creada por el Senado, aunque con una enmienda solicitada por el senador Axel Roque.

En el pote del Senado se identificaron $370,000 para realizar mejoras a la escuela de béisbol de Comerío Manuel Cruz Maceira. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo que la escuela no cerraría y que identificaría fondos para mejorar la infraestructura.

Por su parte, la Superintendencia del Capitolio recibió una tajada de $1.5 millones.

En cuanto al proyecto P de la S 341, de la autoría del senador José Vargas Vidot en unión con los representantes populares Miguel Pereira y Eduardo Bhatia, la medida impediría que un usuario de opioides que busque asistencia médica, o una persona que lo ayude en el trámite, se expongan a ser procesados criminalmente.

“El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un bizarro, está llamando a que se vea como una urgencia nacional el abordaje sobre las sobredosis, además del cirujano general y la mayoría de los gobernadores. Mi proyecto lleva un año esperando a ser aprobado (en la Cámara)”, dijo Vargas Vidot a El Nuevo Día.

“Le pregunté (a Méndez) cuál era el miedo y ellos (en la Cámara) lo que piensan es que un vendedor de drogas se escude detrás de alguien con una sobredosis. La mayoría de las muertes por sobredosis ocurren en hospitalillos, no puntos de drogas”, añadió el funcionario.

La medida sostiene que una persona que experimente una sobredosis de opioides y busque ayuda médica no podría ser arrestada, acusada bajo varios artículos de la Ley de Sustancias Controladas, enjuiciada o convicta de poseer, usar o estar bajo los efectos de una sustancia controlada. 

Tampoco estaría sujeto la revocación de una orden de libertad condicional o probatoria basado en la violación de varios artículos de la Ley de Sustancias Controladas, como los artículos 401 (fabricación, producción y distribución), 403 (distribución), 404 (posesión), 411 (empleo de menores para violar la citada ley) y 412 (posesión de parafernalia).

El proyecto, por ejemplo, otorgaría una serie de protecciones a individuos que, “de buena fe”, procuren asistencia médica para una persona que está experimentado una sobredosis de opioides.

Las protecciones aplicarían, además, si la causa de arresto de la persona que le procure asistencia médica a otro individuo está directamente ligada con la evidencia recopilada durante el proceso en que procuró la asistencia médica. 

El proyecto, no obstante, contiene una serie de mecanismos para que su lenguaje no impida que las autoridades se vean limitadas en la obtención de evidencia o el procesamiento de un individuo si el detenido no cumple con los requisitos dispuestos en la ley.

Por otro lado, la Asamblea Legislativa discutirá el Programa de Prevención de Sobredosis de Opioides. El proyecto pretende capacitar a organizaciones sin fines en la orientación del público sobre la adicción a las drogas y facilitar y agilizar el acceso de estas organizaciones a la Naloxona (fármaco que contrarresta los efectos de una sobredosis de opioides).

El proceso de adquisición de la Naloxona, cuyo uso es endosado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), estaría atada al reglamento interino de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA).


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