El traspaso, según la medida de la autoría del representante Víctor Parés, tiene la intención de prestar los servicios del Programa Head Start a niños y padres de 11 municipios. (semisquare-x3)
El traspaso, según la medida de la autoría del representante Víctor Parés, tiene la intención de prestar los servicios del Programa Head Start a niños y padres de 11 municipios. (Ramón “Tonito” Zayas)

Entre el paquete de medidas aprobadas por la Cámara de Representantes en el último día de sesión legislativa para atender medidas nuevas, está la Resolución Conjunta de la Cámara 161 que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a transferirle a la entidad Puerto Rican Family Institute, Inc. (PRFI), la titularidad de la antigua Escuela Miguel Pou, así como los terrenos en los que ubica. 

El traspaso, según la medida de la autoría del representante Víctor Parés, tiene la intención de prestar los servicios del Programa Head Start a niños y padres de los municipios de San Juan, Corozal, Ciales, Río Grande, Trujillo Alto, Caguas, Naguabo, Fajardo, Luquillo, Ceiba y Bayamón. 

En la actualidad, la Puerto Rican Family Institute, Inc., presta servicios en la mencionada escuela, ubicada en el sector El Minao en San Juan. Fue en el 2007 cuando el Departamento de Educación les otorgó a la entidad un contrato de entrada y ocupación de la propiedad. Inicialmente, el pago del arrendamiento a la entidad se fijó en $2,000 mensuales. “La cantidad resulta onerosa para la PRFI, ya que no cuentan con esta cantidad de dinero en su presupuesto para esta partida”, lee la exposición de motivos.

“Al entender que el DTOP no tiene un plan futuro para las propiedades que se pretenden transferir al PRFI…entendemos que es en el mejor interés de esta población servida por el PRFI que esta entidad tenga permanencia en el sector donde se encuentran ubicados”, agrega la medida. 

Recientemente, el gobierno traspasó por el costo de $1 la escuela Julia de Burgos de Carlos a la Fountain Christian Bilingual School.

La Cámara también avaló el Proyecto del Senado 859 para implementar el “Plan de Reorganización del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del 2018”, el P. del S. 1019 para enmendar la “Ley del Departamento de Seguridad Publica” y la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para mejorar el funcionamiento del Departamento de Seguridad Publica”; y la Resolución Conjunta del Senado 251 para evaluar la transferencia del terreno en desuso ubicado en el Barrio Piedra Gorda, sector El Calvario en Camuy al mencionado municipio.

Se dio paso, además, al P. del S. 926 para modificar la “Ley de la Administración de Terrenos de Puerto Rico” con el propósito de ampliar los poderes y facultades de la Administración de Terrenos. La medida, habían advertido las minorías, promovería la expropiación. 

La medida, entre otras cosas, le ordena al Secretariode Justicia y al Negociado de la Policía de Puerto Rico a remover las personas que intenten usurpar la propiedad pública de la Administración y procesarlos criminalmente, acción que podrían llevar a la expropiación de comunidades levantadas en rescates de terrenos.

 Del mismo modo, se incorporan cambios al procedimiento de expropiación forzosa contenido en la Ley Orgánica de la Administración de Terrenos para definir con mayor precisión el justo valor que la Administración pagará por la propiedad a ser expropiada.

“Constituye un interés apremiante por parte del Estado, garantizar el adecuado desembolso de fondos públicos por el justo valor de la propiedad a la fecha de la adquisición mediante expropiación forzosa, el cual no puede estar basado en teorías y premisas especulativas sobre los mejores usos futuros de la propiedad o de proyectos que no contaban con los permisos gubernamentales requeridos para su ejecución en dicho momento”, lee la medida. 

Asimismo, se ratificó el P. del S. 713, para la creación de la “Ley del Protocolo para la Determinación de la Causa y Manera de las Muertes Relacionadas a Desastres Naturales o Eventos Catastróficos”, para casos en que los factores ambientales relacionados a un desastre natural o a un evento catastrófico contribuyan al deceso de una persona.

Mientras, relacionado al presupuesto recomendado para el Gobierno de Puerto Rico, la Cámara confirmó el Proyecto de la Cámara 1658 que adopta la “Ley para Implementar el Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico para el Año Fiscal 2018-2019”, a los fines de establecer las normas para la implementación de las asignaciones presupuestarias con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen las Ramas Ejecutiva, Judicial y Legislativa para este nuevo presupuesto que comienza el 1 de julio de 2018.

También le dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 366 para fijar el Presupuesto de Gastos de la Comisión Industrial y el Negociado de la Lotería.

La Cámara de Representantes concluyó con la aprobación de medidas de esta Sesión Ordinaria y recesó sus trabajos hasta el próximo jueves, 28 de junio de 2018 a las 3:00 de la tarde.

Mientras, el Senado aprobó con enmiendas, por lo que se conforma un comité de conferencia, los planes de reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y de la Junta Reglamentadora del Servicio Público que busca consolidar bajo una misma estructura  la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisión de Servicio Público, la Oficina Independiente de Protección al Consumidor, la Administración de Energía de Puerto Rico y la Comisión de Energía.


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