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El nuevo estatuto no aplica a contratistas independientes, empleados gubernamentales o municipales. (horizontal-x3)
El nuevo estatuto no aplica a contratistas independientes, empleados gubernamentales o municipales. (GFR Media)

El proyecto, de 9 páginas, para derogar la Ley 80 de Despido Injustificado ya fue radicado en ambos cuerpos legislativos.

La medida de administración -que forma parte de un acuerdo alcanzado entre La Fortaleza y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que sea viable el presupuesto y no se aprueben, por ahora, otras disposiciones de la reforma laboral- dispone que a partir del 1 de enero de 2019 un empleado a "término indefinido no tendrá una causa de acción en contra de su patrono meramente porque el patrono de por terminada su relación de empleo".

El nuevo estatuto no aplica a contratistas independientes, empleados gubernamentales o municipales.

Por su parte, el término patrono no aplica al gobierno de Puerto Rico, sus tres ramas, sus departamentos, sus agencias, sus instrumentalidades y sus corporaciones públicas. Tampoco a los gobiernos municipales, sus instrumentalidades y sus corporaciones municipales. 

En su artículo 3, titulado "Reafirmación de la política pública", se dispone que la Asamblea Legislativa "reafirma" aquellos derechos laborales establecidos y legislados con anterior al proyecto de ley. 

Ha trascendido que en la Cámara de Representantes están los votos para aprobar el proyecto de ley, pero el escenario no está tan claro en el Senado, donde su presidente Thomas Rivera Schatz ha exigido que la JSF que le provea información que sustente la derogación del estatuto. 

Ayer, lunes, la JSF envió a la Legislatura y a La Fortaleza un estudio de sobre 2,000 páginas que "supuestamente" evidencia las bondades de su propuesta. 

Tras hacer un recuento de todos los supuestos logros alcanzado por el gobernador Ricardo Rosselló en negociaciones con la JSF, a saber: asegurar el Bono de Navidad, evitar la reducción de días de enfermedad y vacaciones, garantizar la reforma contributiva, entre otras iniciativas "a cambio de estos trascendentales logros, la JSF requirió eliminar la Ley 80".

"El gobernador accedió a este pedido convencido de que, dentro de las opciones reales disponibles, se trata del mejor escenario para nuestro desarrollo económico sin afectar a los más vulnerables", lee la exposición de motivos. 


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