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La Reserva Natural Río Camuy es una de las que anuló la administración de Ricardo Rosselló Nevares. (GFR Media)

Los dos legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) anunciaron ayer la presentación de un paquete de medidas dirigidas a proteger por mandato de ley las siete reservas naturales, que fueron desarticuladas por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por recomendación de la Junta de Planificación.

El senador Juan Dalmau y el representante Denis Márquez denunciaron que la eliminación de la protección que concedía la designación de reserva natural a esas tierras tiene como único fin abrir la puerta al desarrollo desmedido en esas áreas.

“Ante la ausencia de recaudos y de un plan de desarrollo económico balanceado, prefieren vender al mejor postor nuestras mejores tierras protegidas para el desarrollo de hoteles y megacondominios”, denunció Dalmau.

Mediante dos órdenes ejecutivas, Rosselló Nevares dejó sin efecto -en julio- las delimitaciones de las reservas naturales de Mar Chiquita, Finca Nolla, Río Camuy, Humedal Playa Lucía, Punta Cabuyones, Punta Guilarte y Punta Petrona.

“Esas son las siete reservas naturales que hemos estado presentando, mediante legislación, para que se preserven, y se declare política pública de una vez y por todas, y no mediante orden ejecutiva, no mediante una expresión del gobierno, sino mediante ley”, subrayó Márquez.

Las delimitaciones estaban contenidas en siete planes sectoriales, que son documentos que especifican los usos permitidos en las reservas naturales. Los planes habían sido aprobados en diciembre de 2016, último mes de gobernación de Alejandro García Padilla. Rosselló Nevares los invalidó, y derogó las órdenes ejecutivas alegando que el proceso se realizó “de forma atropellada y rápida, provocando serios problemas para implementar estos documentos”.

“Es fundamental la preservación porque se la pueden vender al mejor postor para tratar de cuadrar el presupuesto o establecer un mecanismo para pagarles a los bonistas”, expuso Márquez.

Al anticipar posibles críticas, Dalmau negó que el paquete de medidas -los proyectos de la Cámara 1734,1735,1736, 1737, 1738, 1739 y 1740- esté dirigido a prohibir el desarrollo.

Sostuvo que cada una de las piezas legislativas contiene lenguaje que le ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) establecer acuerdos colaborativos con sectores no gubernamentales que puedan desarrollar económicamente las áreas y garantizar su protección

Estas tierras, dijo el senador, se podrían utilizar para el desarrollo de actividades ecoturísticas, empresas comunitarias e investigaciones científicas. “En otras jurisdicciones del mundo, también tienen reservas naturales, y eso no ha sido contradictorio con la idea del desarrollo económico, la creación de empleos y que se puedan conservar esas áreas protegidas”.

“Es, precisamente, protegiendo esas áreas que se puede desarrollar de forma balanceada una economía sostenible. Hay otras vías, pero no puede ser de nuevo la ley del cemento porque esa nos ha rendido muy malos frutos”, aseveró Dalmau.


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