Tatito Hernández explica el por qué de la decisión judicial contra el ente fiscal.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicó esta tarde una demanda ante el tribunal federal a través de la cual cuestionan la constitucionalidad de la creación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), así como la usurpación de poderes del organismo federal. 

El recurso legal fue suscrito por 15 de los 16 miembros de la delegación popular, quedando fuera el representante Jesús Manuel Ortiz, quien sostuvo que favorecer el recurso legal hubiera representado avalar un presupuesto fiscal que incluye serios recortes que ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos.

Sostuvo que su determinación no está relacionada a su trabajo como secretario de Asuntos Públicos bajo la administración de Alejandro García Padilla, quien fue uno de los principales promotores de la reestructuración de la deuda de Puerto Rico en el Congreso, lo que dio paso a la ley federal Promesa.

La Junta quiere gobernar, quiere legislar y quiere establecer la política pública en Puerto Rico sin ser electa democráticamente, ese poder no lo tiene y no se desprende de ningún inciso en la ley Promesa. Nosotros no estamos retando la ley Promesa, nosotros estamos retando específicamente a la junta de control fiscal”, expresó el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

El tercer argumento incluido en la demanda es la “coacción” de la Junta a la Asamblea Legislativa para modificar la política pública sujeto a la derogación de derechos de los trabajadores.

Se trata de la tercera demanda radicada tras la JSF no certificar el presupuesto aprobado por la Asamblea Legislativa ante el incumplimiento del acuerdo alcanzado con el gobernador Ricardo Rosselló que incluía la derogación de la Ley contra el Despido Injustificado (Ley 80-1976) como exigencia para -entre otras cosas- mantener el Bono de Navidad de los empleados públicos. 

“Fuimos sujetos del chantaje, de la cohesión que la Junta de Control Fiscal ha querido perpetrar sobre el pueblo de Puerto Rico y particularmente sobre la Asamblea Legislativa amenazando con aprobar un presupuesto injusto para los puertorriqueños”, sostuvo el representante Luis Vega Ramos.


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