El portavoz del PPD en la Cámara, Rafael
El portavoz del PPD en la Cámara, Rafael "Tatito" Hernández. (GFRMedia)

La delegación popular en la Cámara de Representantes ha tomado una decisión de caucus de rechazar la reforma educativa tal y como ha sido presentada por el gobierno, aunque no cierran la puerta a que enmiendas introducidas en el proceso legislativo que comienza mañana con vistas públicas los haga cambiar de parecer.

La semana pasada la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático (PPD) rechazó la propuesta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

En un comunicado de prensa divulgado esta tarde, los populares de la Cámara sostienen que el proyecto levanta serios cuestionamientos, coloca al gobierno en incumplimiento de órdenes judiciales y empodera las estructuras políticas en Educación.

“Aun reconociendo las serias interrogantes que levanta esta legislación, nuestra delegación acordó en caucus darle espacio al proceso evaluativo de la medida, además de emplazar a la mayoría parlamentaria para que realice un análisis responsable y participativo, en el que todos los sectores expongan sus posturas y presenten las debidas enmiendas para poder viabilizar de forma correcta la transformación del sistema educativo del país", dijo el portavoz de los populares, Rafael 'Tatito' Hernández.

La portavoz del PPD en la comisión cameral de Educación, Brenda López de Arrarás fue más tajante y señaló que “este proyecto destruye la educación pública de nuestro país”, reiterando que no cree en la privatización del sistema.

“Durante el cuatrienio pasado se celebraron un gran número de vistas públicas sobre el tema educativo y fue mayoritariamente rechazado. Este proyecto presenta muchas lagunas y una serie de interrogantes que iremos evaluando y analizando a través del proceso de vistas públicas”, manifestó en declaraciones escritas.

Mientras, el representante Jesús Manuel Ortiz sostuvo que “otra preocupación es que el proyecto crea la figura del Autorizador, quien asumiría las funciones constitucionales del secretario de Educación bajo un ente externo al gobierno, y en el cual sus decisiones, no serían apelables, lo que levanta serias interrogantes constitucionales”.

“El proyecto no hace referencia ni mandata al cumplimiento de la orden de los Tribunales sobre el caso de Rosa Lydia Vélez, que establece 75 estipulaciones judiciales sobre el programa de Educación Especial; revierte la ley que le prohíbe al secretario de Educación participar en actividades político partidistas, no hace referencias al derecho de ofrecer el College Board gratis a los estudiantes, ignora leyes sobre el currículo académico que se supone contenga cursos de lenguaje de señas, y no hace referencia a los Comités de Deserción que se implantaron exitosamente entre el 2013 y 2016, y en donde se creaba un grupo escolar que visitaba los padres cuando un estudiante se ausentaba sin justificación por tres ocasiones o más”, agregó Ortiz.

Según los populares, la medida no contempla un plan de métricas sobre progreso académico, no formaliza un currículo base por horas de estudio para ciencias, idiomas, matemáticas, valores, artes, y sólo dispone tres horas de deportes a la semana.

Tampoco, según la delegación del PPD, protege los derechos adquiridos por los maestros y personal no-docente; es contradictorio sobre el alcance de la ley de empleador único y no tiene una estrategia para el nivel preescolar. 

También advirtieron que el proyecto no contiene un proceso "claro" para la implementación de Escuelas Alianzas.

En cuanto a los vales educativos, dijeron que no establece requisitos económicos, incluye personas que hoy están en escuelas privadas y excluye a los estudiantes de pre-kinder, kínder y primero.


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