El representante Hernández indicó que hoy se darán a conocer los detalles de los argumentos que usarán en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. (horizontal-x3)
El representante Hernández indicó que hoy se darán a conocer los detalles de los argumentos que usarán en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. (Xavier J. Araújo Berríos)

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes radicará entre hoy y mañana una demanda que no solo cuestionará la constitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), sino que retará los poderes concedidos al organismo federal.

“Vamos a hacer unos planteamientos entre los que se incluye la inconstitucionalidad de la Junta de Control Fiscal, pero no es estrictamente lo que se ha escuchado hasta ahora. Hay otros planteamientos”, expresó, sin entrar en detalles, el portavoz de la delegación popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández.

Ayer, la delegación aún trabajaba en el lenguaje de consenso que incluirán en el recurso legal. En el tema de estatus, explicó Hernández, no se pueden establecer acuerdos de caucus.

¿Con esta determinación descartan algunos de los recursos legales ya radicados?

—Ese asunto técnico de cómo lo vamos a hacer prefiero explicarlo para cuando culminemos el escrito y radiquemos. Ahí vamos a explicar cómo estamos haciendo contraste y cuál es el proceso legal que estamos utilizando. Eso ya lo acordamos, ya acordamos cómo vamos a entrar al pleito, ahí no hay controversia. Lo que no te puedo decir es cuál es el lenguaje final que se va a incluir en la demanda y cuáles son los legisladores que van a entrar.

El viernes pasado la jueza federal Laura Taylor Swain mantuvo la constitucionalidad de la Ley Promesa, al determinar que el poder del Congreso sobre los territorios les ha permitido constituir la JSF sin cumplir con la cláusula de nombramientos de la Constitución estadounidense.

De inmediato, el gobernador Ricardo Rosselló sostuvo que la determinación “reafirma la naturaleza colonial del estatus territorial de Puerto Rico”. Igualmente, dejaba claro que “el Congreso tiene el poder plenario para rehacer el gobierno del territorio como lo considere conveniente sin el consentimiento de los gobernados”.

Mientras, el portavoz independentista Juan Dalmau expresó que la decisión fue “una reafirmación del sistema colonial”.

Sostuvo que ante la determinación y lo que representa hay solo dos opciones reales para PuertoRico: ponerle fin a la colonia o aceptar que violenten la democracia puertorriqueña y “subordinamos al mandato de la Junta”.

Qué significa

El representante popular Luis Vega Ramos, parte del ala soberanista dentro de la colectividad, sostuvo que para el PPD la decisión de la jueza Swain representa la necesidad de formular un nuevo proyecto político, social y económico.

“La primera característica de ese nuevo proyecto tiene que ser la soberanía puertorriqueña fuera de la cláusula territorial”, señaló Vega Ramos.

¿Hay espacio para ellos dentro del partido?

—Yo creo que es para lo único que queda espacio. Si algo nos dice la decisión de la jueza Swain es para lo único que hay espacio.

El fallo, igualmente, le impone un reto a los puertorriqueños que quieren vivir en una situación no colonial y fuera de la cláusula territorial a luchar en contra de todas las opciones territoriales, las no incorporadas y las incorporadas, dijo Vega Ramos.

“Si vamos a estar en contra del territorio, de la colonial y si vamos a a creer en la descolonización tiene que ser en todas sus manifestaciones”, subrayó.


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